La Junta explica el freno a las VTC: la demanda «está cubierta» y es un problema «de salud pública»

La consejera Rocío Díaz ha explicado este martes los motivos de dicha actuación. Asegura que la demanda «está cubierta», por lo tanto hay que garantizar la «convivencia entre el taxi y el VTC». Además se origina un problema de «salud pública y medioambiental», ya que se «ha detectado un elevado porcentaje de trayectos sin pasajeros (35% de los kilómetros recorridos)». Por tanto, se produce una congestión en el tráfico y un aumento de la contaminación.

Díaz ha realizad estas manifestaciones en una atención a medios en Sevilla con motivo de la visita a las cocheras del tranvía de Alcalá de Guadaíra. Insiste en que ha existido un «crecimiento descontrolado» del número de solicitudes detectado en los primeros meses de 2025. Tras desentenderse el Gobierno nacional, que trasladó las competencias (y el conflicto) a las autonomías, la Junta consideró que con las restricciones por causas medioambientales sería suficiente para frenar a las VTC. Pero la implantación de los coches eléctricos dejaba esta medida insuficiente.

Ese crecimiento «podría repercutir negativamente en la armonía del sector y afectar en su relación con el taxi», destaca la consejera. «El informe (cuyo contenido se ha publicado este martes en la página web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda) justifica que no se concedan más autorizaciones, fundamentalmente por tres razones«, apostillan desde la Junta.

En primer lugar, por proteger el medio ambiente y la salud pública, ya que «más autorizaciones supondrán más emisiones de partículas nocivas incluso en el caso de vehículos eléctricos». En segundo lugar, por ocasionar una mayor congestión de tráfico, porque «se ha detectado un elevado porcentaje de trayectos sin pasajeros (35% de los kilómetros recorridos)». Y, por último, porque «la demanda está cubierta con la actual flota de vehículos, con un tiempo de espera inferior a diez minutos».

En conclusión, «no se aceptarán más autorizaciones». Ni las solicitudes que se presenten a partir de ahora ni las que se encontraban suspendidas con la aprobación del Decreto-ley, que modifica la Ley 2/2003, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, de junio. «El objetivo final es velar por el equilibrio del servicio, proteger los derechos de los usuarios y lograr que VTC y taxis presten sus servicios de forma complementaria«, recalcan desde la Administración.

La postura de Andalucía llega en un contexto marcado por la legislación estatal vigente, que establecía unos criterios para autorizar VTC que, principalmente, se basaban en razones medioambientales. Un baremo que funcionó hasta este mismo año, donde se ha producido un «incremento exponencial» de las solicitudes de VTC con vehículo eléctrico. Desde el 1 de enero hasta mediados de abril se han registrado cerca de 1.400 de estas solicitudes frente a las 3.700 autorizaciones vigentes actualmente en Andalucía. En el año y medio anterior sólo se habían presentado 23 solicitudes.

Esta medida se suma a otras emprendidas por el Gobierno andaluz para hacer frente a una situación de la que «el Gobierno de España se desentendió desde el primer instante, cargando la responsabilidad en las comunidades autónomas«. En los últimos años, Andalucía ha emprendido medidas como la aprobación del decreto de modernización del taxi en 2021 y, un año después, en 2022, un decreto-ley para la regulación de los VTC para la convivencia pacífica entre los diferentes servicios.