La Junta desiste de seis millones de euros de fondos europeos para la FP por discrepancias con la gestión del Ministerio

El primero de los conflictos viene de lejos. Casi desde 2020. Desde entonces, el Gobierno de España tramita una convocatoria de fondos europeos para un programa de ampliación de plazas de educación infantil gratis de 0 a 3 años. La Junta aceptó el dinero pero al iniciar su ejecución constató que tal y como estaban diseñadas las bases chocaba con la realidad de la educación infantil andaluza. Al contrario que en otros territorios, en Andalucía hay una amplía red de guardarías privadas con más de 120. 000 plazas de las que se ocupan como máximo 100.000 y que cuentan con un sistema de ayudas que permite que la mitad de las familias no paguen ya por su uso. Ampliar las plazas gratis, como plantea el programa de fondos europeos, rompería el sistema y de ahí que la Junta de acuerdo con la Mesa del Primer Ciclo Infantil acordara renunciar al dinero e iniciar su propio camino para lograr la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años. Seis meses después, el Consejo de Ministros ha distribuido el dinero que correspondía a Andalucía entre otros territorios (acentuando la estrategia de choque de modelos con las autonomías del PP que ha marcado este inicio del curso político). Mientras tanto, la Consejería de Desarrollo Educativo sigue sin definir cómo cumplirá el compromiso de la educación gratuita y aguarda al margen que le conceda el próximo Presupuesto.

El Gobierno andaluz se comprometió a iniciar a partir del próximo curso la implantación de la gratuidad. Para ello, se estudian distintas opciones con la Mesa de Educación Infantil. Se baraja desde una aplicación progresiva año a año hasta un incremento de las bonificaciones que ya hacen que esta etapa educativa sea gratuita en Andalucía para la mitad de las familias de forma que se amplíe el próximo curso el número de beneficiarios. Todo queda, en cualquier caso, condicionado por el presupuesto de 2025 y la cuantía que la Administración sea capaz de consolidar en los próximos años.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, criticó expresamente la posición de la Junta de Andalucía y su rechazo a estos fondos: «Es la Junta quien, a través de una carta, nos traslada el rechazo y devolver los fondos de 112 millones de euros». También lo criticó el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien denunció el incumplimiento del compromiso por parte del Gobierno de España.

El segundo conflicto afecta a la Formación Profesional, según aclaró ayer la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castilla. La Junta ha ejecutado, según los datos de este departamento, 198 de los 212 millones de euros del marco de los MRR. Para este año 2024, el Gobierno de España asignó a Andalucía 17 millones de euros para ampliar la red de plazas. Sin embargo, la Junta de Andalucía, al igual que otras comunidades, discrepó de los criterios y de un modelo que sólo financia la ampliación de plazas durante un año y a partir de ahí el gasto consolidado lo debe asumir la Administración autonómica. Por este motivo, la Junta de Andalucía ha acabado renunciado a seis millones de euros debido al desencuentro en torno a las formas del programa.

Así, de una asignación total de 17 millones de euros, la Junta ha recibido en el acuerdo del Consejo de Ministros un total de 11 millones de euros: 1,7 millones para crear 900 plazas más; 3,9 millones de euros para contar con 1.470 plazas nuevas bilingües, 1,5 millones para acreditación de competencias y 754.000 euros para aulas ATECA. Los otros seis se han repartido entre otras autonomías.

No es la única comunidad que ha tenido que renunciar a fondos por sus discrepancias. De hecho, ha habido autonomías como es el caso de Baleares o La Rioja que directamente han desistido de todos los fondos europeos asignados por el Gobierno central.