La Junta ve «incongruente, arbitrario e injusto» el trato del decreto de Universidades a una privada de Cataluña

Según publicó ABC, a la hora de redactar ese decreto, Sánchez ha hecho distinciones y salva de esos requisitos sólo a una privada catalana, concretamente a la UOC perjudicando así a Andalucía. Por eso el ejecutivo andaluz, disconforme con ese texto, ha presentado sus propias alegaciones.

Ahora la primera de las dos alegaciones presentadas por el Gobierno de Juanma Moreno se centra en el concepto «universidad con especiales características». La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), recoge este término que «se asimilaba a las universidades estatales con actuación académica en todo el territorio nacional«, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Sin embargo, argumenta la Junta en su escrito de alegaciones consultado por Europa Press, «el proyecto de modificación del Real Decreto cambia este concepto al definirlo no sólo en referencia al ámbito territorial de actuación académica, sino añadiendo una nueva característica como es contar con titulaciones oficiales de Grado, Master Universitario y Doctorado con más del 80% de su actividad docente implementada bajo el modelo docente virtual o híbrido, entendida dicha actividad como la suma total de los créditos ECTS de su oferta académica oficial».

Para el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos, esta definición genera «un importante conflicto competencial» entre las atribuciones del Estado central y las que les corresponden a las comunidades autónomas. «Parece lógico y comprensible que una universidad cuyo ámbito de actuación se extienda más allá de los límites territoriales de una única comunidad autónoma deba quedar bajo la tutela y supervisión del Gobierno central.

Sin embargo, este criterio no se respeta con la definición de universidad con especiales características al quedar vinculada su denominación a la modalidad docente mayoritaria en dicho centro universitario: nada tiene que ver que la actuación académica de una universidad se extienda a más de un territorio autonómico con la modalidad docente«, subraya la Administración andaluza.

En resumen, «no hay motivo jurídico ni académico que justifique que el Estado se reserve la tutela y supervisión de las universidades que impartan en su mayoría docencia en modalidades virtuales o híbridas. Se trata de una clara intromisión en las competencias reservadas a la comunidad autónoma de Andalucía a quien corresponde en exclusiva sobre la creación de universidades públicas y la autorización de las privadas«.

En segundo término, la Junta considera «contradictorio» que en el proyecto «se exima a las universidades privadas que se rigen por el sistema de precios públicos en sus títulos oficiales» de aplicárseles las exigencias que se establecen para las universidades con especiales características. «Si el motivo que justifica que el Estado se encargue de supervisar a las universidades con especiales características responde al hecho de extender su formación académica en más de un territorio y con una modalidad docente determinada, no es posible que renuncie a esta función por el simple hecho de que dicha universidad con especiales características se rija por precios públicos».

Igualmente, califica de «incongruente, arbitrario, parcial e injusto» que se exima a estas universidades privadas con regímenes de precios públicos de cumplir con las exigencias en la estructura del personal docente que se establecen para todas las universidades en el artículo 7.3 del propio proyecto de reforma de Real Decreto.

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Esta misma semana, el consejero Gómez Villamandos apuntaba que el nuevo decreto del Gobierno de España que endurece los criterios para crear universidades privadas «puede rozar la inconstitucionalidad». Gómez Villamandos aseguraba que «todo lo que vaya buscando la calidad, estamos de acuerdo» pero «llama la atención que el Gobierno, después de hacer un decreto hace cuatro años y una Ley hace dos, ahora de pronto se ponga a hacer estos cambios».

«Son cortinas de humo y creo que se trata de un borrador que excede de las competencias del Gobierno central. Hay algunos matices importantes y algunos que pueden rozar la inconstitucionalidad», reconocía el consejero de Universidad de Andalucía, para el que las universidades privadas son «complementarias» del sistema público de enseñanza superior. Actualmente, la Junta «no tiene en estudio» ningún nuevo proyecto de universidad privada y ha rechazado cinco propuestas porque «no reunían» criterios de «calidad.