La Junta celebra la decisión de la Audiencia, mientras el PSOE calla

En una entrevista en Canal Sur Radio, la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, opinó que «este nuevo paso del tribunal sevillano viene a corroborar» que «el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se extralimitó en sus funciones».

Dicho esto, la consejera apuntó que «desde el Gobierno andaluz del PP-A lo que siempre se hace en estos asuntos es apelar al respeto a la Justicia y expresar su total colaboración» y abogó por «dejar trabajar en libertad a la Justicia sin presiones, que es lo que tenemos que hacer desde las instituciones».

Su compañero en el Consejo de Gobierno, el titular de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se pronunció en términos parecidos y mostró su confianza en que «las resoluciones judiciales vayan en la dirección que defiende la Junta de Andalucía de que haya un castigo ejemplar a quienes utilizaron dinero público en beneficio propio para que nunca más se repita». Nieto insistió en que «si quienes estafaron el dinero público salen de rositas, hay una tentación para los que vienen después de hacer lo mismo».

«Queremos que se recupere el dinero estafado al conjunto de los andaluces y queremos que nunca más se repita. Y para que nunca más se repita, la ejemplaridad es fundamental», dijo el consejero, antes de añadir que al Gobierno andaluz «no le gustaba la resolución del Tribunal Constitucional» porque consideraba que «no estaba atendiendo esos criterios de ejemplaridad que para la Junta son fundamentales».

Y mientras los populares encadenaban reacciones en tromba, incluida la nueva portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, quien criticó la «degradación» a la que, a su juicio, tiene Pedro Sánchez sometida a instituciones como el Tribunal Constitucional, el PSOE andaluz guardó silencio. No hubo declaraciones de ninguno de sus dirigentes sobre el asunto y optaron ayer por mantener un perfil bajo. Fuera de micrófonos, diputados y cargos socialistas aseguraron que tras las sentencias del Constitucional «es hora de cerrar este capítulo y avanzar».

Fue también una sorpresa el silencio de Vox, que no deja escapar ocasión para criticar al Partido Socialista, pero ni en Madrid ni en Andalucía hubo declaraciones públicas sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Tampoco se extendió en sus palabras el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, que evitó las valoraciones. En declaraciones a los medios en Cádiz, señaló que «ya nos tocará comentar esta cuestión cuando haya resolución al respecto».

Más elocuente se mostró su compañero y portavoz de la coalición Sumar, Enrique Santiago, acusando a la Audiencia Provincial de «desacato» al Tribunal Constitucional por plantear, en lo que interpreta como un «fraude procesal», una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las sentencias del caso ERE. «El partido de las togas desacata abiertamente las sentencias del Tribunal Constitucional», escribió este diputado de IU por Córdoba en un mensaje de su cuenta de la red social X.

En este contexto, Santiago subrayó que el recurso de la Audiencia Provincial al TJUE «es un fraude procesal ejecutado por los mismos magistrados que convocan huelgas políticas contra los poderes ejecutivo y legislativo».