La Junta carga contra la Ley de Eficiencia del Ministerio de Justicia: «Es un yo invito y tú pagas llevado al extremo»

Nieto ha explicado que los ajustados plazos que impone la ley para su aplicación y la falta de financiación estatal «está provocando no pocos problemas ni baratos ni fáciles de resolver». Como ejemplo se ha referido a una de las medidas recogidas en la ley que está en vigor desde el 3 de abril y que «ya ha tenido las primeras consecuencias». Se trata de la obligación de intentar un acuerdo por medios alternativos de solución de controversias (MASC) antes de interponer una demanda civil o mercantil. «Este requisito de procedibilidad ha multiplicado por diez las demandas en los juzgados civiles y mercantiles en marzo antes de que entrara en vigor esa obligación ante la incertidumbre sobre cómo aplicar los MASC y como acreditar que se ha intentado», ha detallado.

Solo esta medida de la ley supone un coste de 8,3 millones de euros en Andalucía, al tener que ampliar la retribución a los profesionales del turno de oficio que asesoren en estos procesos obligatorios a beneficiarios de la Justicia Gratuita. La Junta fue pionera al incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita, de forma que desde el 1 de enero de 2024 los andaluces que tienen derecho a un abogado de oficio pueden solicitarlo para un proceso de mediación y en caso de acuerdo, el profesional recibe hasta 400 euros. Ahora, con la entrada en vigor de la ley, también recibirán esta compensación en las mediaciones civiles y mercantiles obligatorias, aunque se cierren sin acuerdo.

En este sentido, ha informado que solo la cantidad que los colegios de abogados andaluces piden en la negociación del módulo para sufragar la mediación obligatoria supera los 3,3 millones que «dice el ministro de Justicia que cuesta la aplicación de toda la ley en Andalucía según un estudio económico que no conocemos».

Además, la Junta está tramitando la creación de un Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA) de carácter público, que será gratuito para las partes si una de ellas cumple los requisitos para ser beneficiario de la Justicia Gratuita. Se sumará al Servicio de Mediación Penal (SEMPA) que funciona desde hace un año.

Nieto ha recordado que Andalucía es la comunidad más poblada de España y la segunda en extensión. El sistema de Justicia tiene un volumen casi equivalente al del conjunto de las comunidades sin las competencias transferidas, el llamado 'territorio Ministerio'. Cuenta con 85 partidos judiciales, 744 órganos unipersonales que con la Ley de Eficiencia se transformarán en tribunales de instancia, casi 9.000 funcionarios, 550 fiscales y 700 LAJ, con cuyos representantes se ha reunido esta mañana el consejero en la Comisión Mixta para abordar la reforma en marcha.

Además, hay 700 juzgados de paz que se convertirán en Oficinas de Justicia Municipales con más o menos competencias. El Ministerio prevé cuatro niveles (A, B C y D) siendo el A el más básico y el D el máximo que se puede alcanzar, que incluye el 80% de los procedimientos que se pueden hacer en cualquier juzgado y el 95% de los trámites más habituales, como las inscripciones o consultas en el Registro Civil.

La Junta ha puesto en marcha ocho proyectos piloto (uno por provincia) con el nivel D, que implica conectar las Oficinas de Justicia Municipales al sistema de gestión procesal '@driano' y equiparlas para que en ellas se pueda declarar por videoconferencia en un proceso de cualquier juzgado en España. Todo ello implica también un coste y Nieto ha pedido financiación estatal, ya que, según la Ley, la Junta también debe asumir las subvenciones que necesiten los municipios para adaptar estos juzgados. «Me comprometo a que el 100% de la cantidad que me aporte el Ministerio se lo transfiero a los ayuntamientos», ha afirmado, reclamando así financiación «porque esto es un invito y yo pago llevado al extremo».

El consejero ha incidido en que los plazos para aplicar la Ley de Eficiencia para son «un auténtico reto» que, no obstante, «Andalucía va a cumplir, porque las leyes se cumplen». El calendario fijado obliga a implantar un cambio radical en la Justicia «en tiempo récord». En Andalucía, 70 de los 85 partidos judiciales deberán estar adaptados antes del 1 de julio, otros tres el 1 de octubre y los 12 más grandes el 31 de diciembre.

Hay que adecuar espacios en muchas sedes, con un coste estimado en obras de 9,6 millones. También adaptar el sistema @adriano -1,9 millones- y nuevos dispositivos digitales -19,5 millones- para equipar, por ejemplo, las Oficinas de Justicia Municipales. Y ordenar de forma «radicalmente distinta al personal, «con un esfuerzo sin precedentes en la negociación colectiva que va a afectar al cien por cien de la plantilla de funcionarios de Justicia».

Nieto ha detallado que ya se han negociado las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de los 70 partidos judiciales de la primera fase. Entre la creación de nuevos puestos, la estabilización de plazas de refuerzo y los complementos de los puntos específicas que se crean el coste supera los 3,7 millones «y es una parte mínima del impacto económico que tiene la ley».

El consejero ha calificado de «buenas» muchas de las reformas que prevé la ley, como pasar de órganos unipersonales a colegiados, «pero hacerlo como la ha hecho está ley es difícil de empeorar». Así, ha criticado la «improvisación», la falta de negociación y de financiación estatal para las comunidades que tienen que aplicarla.

Por ello, ha recordado que Andalucía y otras comunidades solicitaron por escrito al ministro de Justicia abordar en la Conferencia Sectorial de Barcelona, prevista los días 3 y 4 de abril, la financiación, los modelos de referencia para las RPT, el impacto de los MASC o el marco común del teletrabajo, asuntos no incluidos en el orden del día. «El día que se tenía que celebrar la Conferencia Sectorial nos dijo el ministro que si le garantizábamos que votábamos a favor de lo que propusiera lo metía. ¿Qué democracia es esa?», ha cuestionado Nieto. Por ello, la reunión «no se pudo celebrar» y las mismas comunidades, que son mayoría en la Conferencia Sectorial, han solicitado una nueva convocatoria con un nuevo orden del día.

Durante la Comisión parlamentaria se ha abordado también la reforma legislativa que amplía las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a los delitos de violencia sexual. Los operadores jurídicos han alertado de la «sobrecarga» que sufrirán estos órganos y el consejero ha considerado «absolutamente insuficiente» la creación en Andalucía de nueve nuevos órganos y la transformación de uno en Jerez de la Frontera, prevista por el Ministerio para hacer frente a esta reforma.

«El Ministerio nos aboca a la comarcalización de estos asuntos», ha explicado. Por ello, desde la Junta se ha trasmitido al Gobierno que «si se tienen que comarcalizar juzgados de Violencia de Género se tenga en cuenta la distancia» entre los municipios.