Los inspectores de la Junta de Andalucía usan drones para controlar las parcelas y viviendas irregulares

La clave del reglamento está en la construcción de viviendas en suelo rústico, ya que con la nueva norma se permiten siempre y cuando sean diseminadas y no supongan la creación de una nueva urbanización. A partir de ahora el suelo se clasifica en sólo dos categorías, urbano o rústico, una simplificación que pretende resolver el galimatías de normas, leyes y decretos que había que sortear con la Ley del Suelo anterior que era de hace veinte años. «Queremos generar oportunidades, atraer proyectos y equipamientos para poder dibujar una Andalucía de forma ordenada y sostenible», dijo la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo. Desde el Gobierno andaluz defienden que esta medida va a servir para «propiciar la vida en el campo» sobre todo por personas que tienen la opción de teletrabajar, «es también una manera de fijar la población al territorio».

Para regularizar las viviendas ilegales que ya existen será necesario que los propietarios de las mismas inicien los trámites para ello; en el caso de las urbanizaciones, serán los ayuntamientos los que tengan que elaborar un plan especial al efecto.

Las novedades en la normativa urbanística —una de las pocas que afecta a todos los andaluces sin distinción— son que la Junta podrá paralizar la construcción de obras irregulares nada más que las detecte, sin esperar resoluciones judiciales ni otras actuaciones administrativas, como sucedía hasta ahora cuando los ayuntamientos eran los competentes en esta materia y la administración autonómica sólo podía intervenir tras la petición de los ayuntamientos o ante una manifiesta dejadez de los mismos. Pero las 300.000 edificaciones fuera de la ley que existen muestran que este sistema no era muy eficaz. Con la nueva norma se pretende poner freno a la construcción sin control y aumentar las inspecciones urbanísticas. La Junta cuenta ahora con 26 inspectores y sacará otras cinco plazas en el próximo año 2023.

Los inspectores de la Junta cuentan con medios técnicos como drones para inspeccionar las parcelas sobre las que hay sospecha de irregularidades. Así han paralizado sendas parcelaciones irregulares en El Palmar (Vejer) y Chiclana, ambos en la costa gaditana.

El nuevo reglamento concreta y desarrolla la Ley del Suelo pero la Junta ya ha acelerado las inspecciones urbanísticas. Durante este 2022, ha detectado 343 edificaciones ilegales, 644 parcelaciones ilegales y firmado 125 expedientes de restablecimiento de la legalidad en suelo rústico. Una actividad inspectora muy superior a la de años anteriores, que fue de 22 expedientes en 2018; 31 en 2019; 48 en 2020; y 70 en 2021.

La normativa aprobada permite a los inspectores monitorizar los anuncios de compra venta o alquileres turísticos por internet y actuar de oficio si descubren que se están ofertando viviendas en situación irregular. El pasado verano sacaron de las casas de alquiler a unos turistas que estaban en Vejer.

Las nuevas viviendas unifamiliares construidas en suelo rústico y diseminadas deberán, además, garantizar que no están en suelo protegido o vulnerable por el paso de ríos o arroyos, y no contaminar en su entorno. Por cierto que la implantación de parques solares en estos suelos rústicos también cambia ya que se considera un uso «ordinario» del suelo por explotar un recurso natural como es el sol, con lo que no necesitará de permisos especiales como hasta ahora, cuando la instalación de un parque solar fotovoltaico se consideraba un uso «extraordinario» y requería, por lo tanto, una autorización expresa.

No obstante, la implantación de este tipo de actividades en suelo rústico depende también de otras normas medioambientales y del planeamiento urbanístico de los ayuntamientos.

El reglamento de la ley también establece que se podrán suspender sólo una parte de las planificaciones urbanísticas de los municipios, incluyendo los PGOU, sin que sea necesario anular todo el plan general como sucedía hasta ahora. Cuando haya algunas disposiciones que la Junta o el Estado entiendan que contravienen las normas, sólo éstas se paralizarán, permitiendo que se apruebe y apliquen el resto de disposiciones. Esta medida supone una agilización de las normas urbanísticas. Porque el objetivo es agilizar la tramitación de los planes generales para que se aprueben en un plazo razonable, unos tres años, y no tengan una media de diez años como sucedía hasta ahora. Para ello se eliminan procedimientos repetidos (como la aprobación provisional) o, por ejemplo, se regula la tramitación urgente y la simultánea de los instrumentos de ordenación urbanística general y detallada.

Todas estas disposiciones pueden parecer farragosas pero tienen mucha importancia para el desarrollo urbanístico de los pueblos y ciudades. Porque hasta 500 municipios de Andalucía tenían paralizados sus planes generales de ordenación urbana por anulaciones de los tribunales. Localidades como Chiclana, El Puerto de Santa María, Roquetas de Mar, Marbella o Torremolinos están ahora redactando de nuevo sus planes urbanísticos para diseñar el futuro crecimiento de sus municipios.

La normativa también regula por primera vez las casas-cueva, de las que hay unas diez mil en Andalucía que hasta ahora se consideraban infraviviendas y que, a partir del 22 de diciembre, pasan a ser viviendas legales, en las que se podrán hacer reformas para su conservación y mantenimiento, así como comprar o vender con todas las garantías. Asimismo, sus propietarios podrán pedir las ayudas que la Junta convoca para los propietarios. La mayoría de estas viviendas están en el norte de la provincia de Granada, Jaén y Almería.

Entre las principales novedades, el reglamento crea las Entidades Urbanísticas Certificadoras, un nuevo instrumento de colaboración público-privada para dar soporte a los ayuntamientos. Estas entidades podrán colaborar con las administraciones locales en la labor de verificación y control, lo que permitirá a los ayuntamientos tramitar las licencias, declaraciones responsables o inspecciones técnicas con mayor agilidad, lo que redundará en la dinamizar la actividad económica. También incorpora la figura del agente urbanizador como mecanismo de colaboración público-privada y de los instrumentos de gestión en el suelo urbano.

Estas entidades, en las que también podrán participar los colegios profesionales, ayudarán a los ayuntamientos más pequeños a realizar los trámites de forma que los funcionarios sólo recibirán la documentación final.