La Junta de Andalucía supera por primera vez la barrera de los 300.000 empleados públicos y casi la mitad son funcionarios

Para poner en contexto este hito conviene mirar los datos que arrojó la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2024. El personal que está a sueldo de la Junta de Andalucía se acerca al 9% de la población ocupada en el conjunto de la comunidad autónoma. Exactamente representa el 8,7% de las 3.478.900 personas que estaban trabajando en empresas privadas y públicas o como autónomos en Andalucía a finales de junio de 2024, según la EPA.

Este techo histórico no puede explicarse sin la maratón de concursos de estabilización de interinos —el primero se convocó en 2017—, lo que ha permitido reducir la tasa de temporalidad en la Junta por debajo del 8%, en línea con las recomendaciones que marca la Unión Europea para evitar los abusos en este tipo de contratos. La contratación de profesionales sanitarios, durante y después de la pandemia, así como el aumento de docentes en colegios e institutos han tirado con fuerza del carro para impulsar la plantilla de la Administración y el sector público andaluz.

Desde que Juanma Moreno (PP) llegó al Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia autonómica, la Junta de Andalucía y sus diferentes entes instrumentales dan empleo directo a 60.391 personas más. Son un 25% más de los 241.775 asalariados que había con el último gobierno del PSOE, presidido por Susana Díaz.

Durante la crisis de la pasada década, las plantillas de todas las administraciones públicas españolas encogieron. En un escenario de fuertes recortes presupuestarios, entre los años 2012 y 2014, el Gobierno central, a través de los Presupuestos Generales del Estado, prohibió reponer las bajas y congeló las convocatorias de empleo público.

Estos topes en la contratación provocaron que en julio de 2016 el número de efectivos en la Junta se situara en 237.270, muy lejos de las cifras actuales. Como consecuencia, los funcionarios y el personal laboral tuvieron que asumir más carga de trabajo, al tiempo que vieron cómo se congelaban sus retribuciones y perdían pagas extraordinarias, así como otros derechos, como las ayudas de acción social, que todavía no han recuperado.

El boletín estadístico de la Junta de Andalucía a 1 de julio de 2024 permite dibujar un perfil preciso de los empleados públicos también por tipo de personal y profesión. De los 302.166 efectivos de la Administración, el grupo más numeroso es el de funcionarios. Suman 148.565, que representan casi la mitad (49,17%) de los asalariados. La mayoría (118.513) son docentes no universitarios, otros 21.116 tienen su destino en las consejerías y agencias administrativas. Funcionarios son también el personal de la Justicia, 7.984 (2,64%) y, en último lugar, 952 empleados de instituciones sanitarias.

El siguiente grupo más numeroso es el del personal estatutario (transferido de la sanidad estatal a la comunidad autónoma) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que alcanza los 122.666. El personal laboral está compuesto por 30.494 trabajadores, de los que 8.507 están adscritos a instituciones sanitarias, 12.652 a Educación y 9.335 a las consejerías y agencias. Hay 224 efectivos catalogados como «otro personal sanitario». El personal se completa con los 217 eventuales, principalmente asesores que ocupan un puesto de trabajo en la Administración por libre designación.

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La sanidad da empleo directo a 132.349 profesionales, principalmente médicos y enfermeros, que representan el 43,8% de los asalariados de la Junta. Superan en poco más de un millar al personal de Educación no universitaria, que está formado por 131.165 trabajadores y suponen el 43,4% del personal autonómico. Ambos grupos suman el 87% de los recursos humanos.

De los 302.166 empleados públicos que prestan sus servicios en la Junta de Andalucía, más de dos tercios son mujeres (68,7%). Hay 207.454 trabajadoras frente a 94.712 hombres.

Sevilla concentra las sedes principales de todas las consejerías y organismos de la comunidad autónoma, lo que también se refleja en el empleo. Aglutina el 24% de los efectivos de toda la Junta de Andalucía: 72.420 en cifras absolutas. A Sevilla le siguen las provincias de Málaga, con 51.864 empleados (el 17,1% del personal autonómico), y Cádiz, con 41.368 (13,7%).

Los recortes de la pasada crisis han dejado cicatrices. La plantilla de la Junta está envejecida. La Junta ha puesto en marcha un plan para buscar relevo al 40% de los empleados públicos que se van a jubilar en su Administración General (consejerías) hasta el año 2030. En los próximos años «va a haber una incorporación masiva a la Administración porque vamos a tener una salida masiva de funcionarios», avanzó el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, el pasado mes de febrero. «La administración en Andalucía no puede perder efectivos», de forma que «en la medida en que se jubilen tenemos que incorporarlos y tratar de incorporar a los mejores», precisó.

Siete de cada diez trabajadores de la Administración andaluza tienen más de 50 años. El Gobierno de Juanma Moreno (PP) se ha marcado como estrategia hasta 2030 llevar a cabo un proceso de rejuvenecimiento de su plantilla. La meta es atraer a la Administración a los denominados 'milenials' (nacidos entre 1980 y 1995) y a los 'centennials' (nacidos entre 1996 y 2012), con el objetivo de renovar a fondo la plantilla. En paralelo, prevé reciclar a sus funcionarios mediante la formación para que se adapten a las nuevas demandas de la sociedad.

La guía de actuación se recoge en el denominado Plan Estratégico de los Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía 2023-2030, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno tras haber sido negociado con los sindicatos tanto en la Mesa Sectorial de Función Pública.

Los cambios en la reorganización de la plantilla de la Junta afectan, además, a los procesos de selección, formación, organización, cualificación de competencias y profesionalización de la dirección pública para responder eficaz y eficientemente no solo a las necesidades de la Administración del siglo XXI, sino para crear estructuras flexibles y adaptables a los retos futuros.

En los nuevos sistemas de selección tendrán más peso que ahora la cualificación y las competencias profesionales de cada aspirante a un puesto concreto. De este modo, la Junta de Andalucía espera atraer a un personal versátil y polivalente. Estos profesionales suelen decantarse por la empresa privada, donde los salarios son más altos que en las entidades públicas. En los nuevos procesos selectivos se incorporarán nuevos perfiles «emergentes» como las especialidades de Régimen Jurídico, de nueva creación, y de Ingeniería Informática, pertenecientes ambas al Cuerpo Superior de Administración General.

El referido plan desarrolla las directrices de la nueva Ley de Función Pública andaluza, aprobada el 31 de mayo de 2023 en el Parlamento autonómico. En línea con la citada norma, el Ejecutivo regional introducirá un complemento salarial de desempeño profesional para aumentar la retribución de los empleados públicos que mejor trabajen atendiendo a una serie de criterios objetivos, pendientes de concretar, que chequearán el rendimiento, la conducta o el logro de resultados de cada uno de ellos.

El modelo de oposiciones también está siendo revisado. Para acceder a una plaza de funcionario del cuerpo superior habrá que realizar prácticas durante seis meses. Este curso de formación o periodo de prueba tendrá carácter eliminatorio porque habrá más funcionarios en prácticas que plazas para repartir en la Junta de Andalucía. Al menos un 20 por ciento de los aspirantes que haya superado los ejercicios previos previstos en la convocatoria no pasará la criba.

La Administración autonómica planea empezar a probar el nuevo sistema de oposiciones a partir de este año en unas plazas determinadas, con la idea de aplicarlo de manera progresiva en otros empleos cualificados.