La Junta de Andalucía reforzará la atención personalizada a los inquilinos de vivienda pública

Así lo recoge la memoria del contrato que se formalizará próximamente con un presupuesto de 7 millones de euros en dos años (3,7 millones IVA incluido al año). «Se establecerá una comunicación directa con los titularidades de viviendas, basada en atención específica y personalizada», recoge la memoria que subraya que esta figura que garantice la interlocución y mediación se había convertido en una de las principales demandas de las asociaciones de vecinos y de los propios inquilinos, ante las dificultades que supone asumir esta relación directa a la Agencia.

En este sentido, estos equipos deben analizar la situación de las unidades familiares, detectar situaciones de vulnerabilidad social y contribuir a la adopción de medidas ajustadas a su situación como adecuación de rentas, derivación a Servicios Sociales, permutas entre viviendas o traslados a inmuebles que respondan mejora a las necesidades del inquilino. «Se logrará una mayor y más eficiente intervención al aflorar situaciones de problemáticas sociofamiliares como aislamiento social, patologías sociosanitarias no diagnosticadas o dificultades objetivas para abono de rentas», resume la memoria.

En este sentido, desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda inciden en que con estos equipos se «agilizarán y simplificarán todos los procedimientos», al incorporar un equipo específico en contacto directo con los inquilinos. Todo esto, priorizando una respuesta adecuada a personas que por su avanzada edad o problemas de accesibilidad o falta de recursos requieren de intervenciones específicas.

Esto permitirá además establecer soluciones a los problemas de convivencia habituales en cualquier comunidad de vecinos pero con más dificultades para su resolución en los casos de promociones de titularidad pública. «Se facilitará la convivencia vecinal, evitando actitudes que perjudiquen la convivencia con los vecinos adjudicatarios y garantizar el uso de las instalaciones, la salubridad y el suministro eléctrico. Se diagnosticarán situaciones de alteración del orden comunitario que podrán ser afrontadas posteriormente por AVRA», apunta la memoria del expediente.

De hecho, uno de los objetivos es favorecer la mediación y colaboración con las comunidades de vecinos para resolver problemas como la falta de pago o el incumplimiento de las normas de convivencia: «Esto debe conllevar una mejora de la convivencia y del funcionamiento de las comunidades, así como una mayor implicación en el mantenimiento y conservación de las inversiones a través de la vigilancia y presencia de la Junta de Andalucía, a través del operador».

La Consejería de Vivienda, que dirige Rocío Díaz, muestra su confianza en que este nuevo plan, con la conformación de los equipos especializadas, logre «beneficios de tipo social que redunden en una mejora de las condiciones de vida de los usuarios con una respuesta más eficiente y eficaz a sus problemas de vivienda». Se trata de una iniciativa que toma como punto de partida experiencias similares desarrolladas en legislaturas anteriores y que es el resultado del análisis y el trabajo de campo realizado durante los últimos años. El contrato ha sido aprobado en términos económicos por el Consejo de Gobierno y ahora debe licitarse.