La Junta de Andalucía recupera 4.538 viviendas públicas que habían sido usurpadas por los okupas

Tras realizar 141.000 verificaciones administrativas, la Junta ha podido recuperar un total de 4.538 viviendas para «quienes las necesitan y esperan legalmente su turno», ha detallado este jueves la consejera de de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz Jiménez, quien había sido interpelada sobre este asunto por el diputado de Vox Alejandro Hernández durante el Pleno del Parlamento andaluz.

En su respuesta, la responsable autonómica ha explicado que, a través del ente instrumental AVRA, la Junta de Andalucía ha tramitado más de 2.800 procedimientos de gestión por ocupación y más de 1.300 expedientes de desahucio de aquellos que deciden hacer caso omiso a las listas de espera para hacerse con un piso público sin tener derecho a él. Fruto de estas pesquisas, asegura que la tasa de ocupación ilegal se ha reducido desde el 13% en el año 2022 al 9,4% en la actualidad.

«Hemos recibido un parque público abandonado por los gobiernos socialistas», ha comenzado la consejera. Desde 2019 se han desarrollado más de 141.000 verificaciones administrativas que han permitido diagnosticar la situación de cada vivienda y recuperar más de 4.500 de ellas después de abrir procedimientos de regularización que han permitido devolver «la legalidad donde se había perdido», ha explicado.

En su réplica, la consejera ha reprochado al Gobierno que la Ley del Derecho a la Vivienda, aprobada en el Congreso en mayo de 2023, empuja al propietario a una «inseguridad jurídica». «A nosotros nos vendría muy bien tener una ley de vivienda a nivel nacional que no favoreciera la ocupación ilegal y que no favoreciera la inquiocupación, como estamos viendo», ha lamentado.

«Frente a la ocupación ilegal, la inquiocupación o el uso fraudulento de viviendas», Díaz ha subrayado que la Junta «no mira hacia otro lado». Para ello ha creado el Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación y excluido a los condenados por ocupación ilegal del acceso a vivienda protegida. También, ha establecido «un protocolo de verificación pionero, en colaboración con ayuntamientos, para proteger el patrimonio residencial de todos los andaluces», ha relatado.

El diputado de Vox por Córdoba Alejandro Hernández ha denunciado la ocupación de más de 4.500 viviendas públicas en Andalucía, lo que representa aproximadamente «una de cada diez viviendas de alquiler social». «Estos datos hacen que los más necesitados no puedan acceder a una vivienda digna mientras se premia a los que utilizan la fuerza y la extorsión», ha lamentado.

Hernández ha señalado que la ocupación ha descendido un 3% respecto a 2022, cuando había 6.300 viviendas ocupadas, y ha cuestionado las cifras oficiales. «Creemos que esas cifras son inferiores a las reales», ha asegurado, añadiendo que existe un problema adicional de «inquiocupación con morosidad y permanencia ilegítima». «No compartimos su optimismo y creemos que la gestión deja muchísimo que desear», ha concluido, al tiempo que ha cuestionado la utilidad de construir nuevas viviendas si no se garantiza la legalidad de las existentes.