La Junta de Andalucía reclama al Estado financiación por acoger menores como Canarias

El Gobierno andaluz aceptó en julio este modelo de reparto, que es idéntico al de los dos años precedentes, pero sobre la mesa mantiene una reivindicación que ayer volvió a plantear: Andalucía como territorio fronterizo, que por tanto también recibe menores inmigrantes de forma directa debe tener el mismo trato que Ceuta, Melilla y Canarias y por tanto, disponer de un mayor volumen de recursos del Estado para hacer frente a los gastos derivados de la acogida de menores inmigrantes. Aunque es una competencia 100% autonómica, la Junta solicita la misma ayuda económica que reciben otros territorios. Así lo expresó ayer la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López: «Andalucía debe declararse como tierra fronteriza. Es Frontera sur».

Esta consideración, no sólo permitiría a Andalucía el acceso a más recursos económicos en los repartos que realiza el Ministerio de Infancia y Juventud, sino que además supondría una revisión del modelo legislativo que está en estos momentos encima de la mesa: la proposición de modificación de la Ley de Extranjería establece que el mecanismo de distribución obligatoria de los menores entre comunidades autónomas se activa cuando los recursos de Ceuta, Melilla o las Islas Canarias superen el 150% de su capacidad. Pero no se incluye la posibilidad de que se active si esta circunstancia se produce en Andalucía, la Comunidad Valenciana o Baleares. Es una de las peticiones que tiene Andalucía para la nueva negociación de un texto legislativo que de momento ha decaído por el rechazo en el Congreso de PP, Vox y Junts.

Andalucía es la segunda comunidad autónoma que recibe un mayor volumen de inmigrantes de forma irregular a través de sus costas por detrás de Canarias. No obstante, este año las redes migratorias han cambiado y se ha registrado un descenso del 40% de las llegadas a las costas andaluzas, y en cambio se ha producido un incremento de las llegadas a zonas como las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana o Murcia. Una tendencia que desde la Junta de Andalucía advierten de que podría modificarse en los próximos meses y que esto derivara en una saturación de las plazas para la acogida de menores con las que cuenta la comunidad autónoma.

La Junta dispone, dentro de su red de atención a menores tutelados, de 645 plazas repartidas por las distintas provincias para los menores inmigrantes. Lo habitual en estas fechas es que estos equipamientos se encuentren a medio gas, sin superar el 60%, y con plazas disponibles. Esto ha permitido, por ejemplo, que en los últimos años se hayan acogido a más de 35 menores procedentes de Ceuta sin ningún tipo de problema y de forma casi inmediata, gracias a las posibilidades que ofrece el convenio vigente entre Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta aprobado en el Parlamento andaluz en 2023 sólo con los votos en contra de Vox.

Sin embargo, este año la realidad es distinta. La Junta de Andalucía denuncia que en los últimos meses, dentro de los traslados que se realizan a la península de adultos desde Canarias o Ceuta (al ser mayores de edad su alojamiento y reubicación es competencia estatal) han llegado a la comunidad un total de 515 personas que al ser identificados se ha comprobado que en realidad tenían menos de 18 años. Así lo ha ratificado la Fiscalía y desde ese momento han pasado a ser competencia de la Junta de Andalucía.

Los menores que llegaron con apariencia de mayoría de edad ocupan las plazas para inmigrantes tutelados y de ahí que los centros, según la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, se encuentren en estos momentos al 120%. Esto provoca además un desajuste económico. Aunque no son niños, niñas o adolescentes que han llegado a las costas andaluzas, pasan a ser competencia autonómica sin que se produzca ninguna colaboración económica por parte del Estado. Si se aplica un cálculo similar al recogido en el acuerdo del Consejo Interterritorial de Infancia y Adolescencia, el presupuesto destinado a la atención de estos menores asciende a unos 27 millones de euros al año, cifra que no tiene compensación alguna por parte del Estado.

La cuantía, sobre un presupuesto autonómico de 46.000 millones de euros realmente no es significativa. Pero sí supone un desajuste para la Consejería que sutitular, Loles López, reclama que sea compensado: «Al final Andalucía cumplirá como siempre lo ha hecho porque es una tierra solidaria pero para los menores que han entrado por la puerta de atrás en la comunidad el Estado no tiene un céntimo»

Esto explica en buena medida el malestar del Gobierno autonómico con la gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno de España. «Los está tratando como maletas con una política de Amazon, pues los factura en un avión como si fueran maletas y los sueltan en Andalucía», ha apuntado López, quien subrayó que «cuando llama el Gobierno es verdad que sólo llama para pedir, nunca llama para dar ni para cumplir», indicó López.

«El sistema está tensionado por lo que si entran por costa directamente seis o siete otra vez se cae el domino y hay que proceder a reubicaciones en los emplazamientos donde ya hay destinados niños en las condiciones que deben de estar», explicó la consejera Loles López, en referencia a las dificultades que la Junta de Andalucía asegura que está encontrando para cumplir con los objetivos de traslados desde Ceuta debido a la incertidumbre en torno a los niveles de ocupación de las plazas por la llegada de inmigrantes. Esta misma semana, en Carboneras, llegó una patera con 19 personas magrebíes, de ellos 14 varones, dos mujeres y tres menores, que viajaban en una «embarcación precaria».