La Junta de Andalucía con el PSOE pagó 85 millones por la compra de fincas de Santana que ya eran suyas

Entre el 25 de junio de 2008 y el 1 de julio de 2010, con diferentes gobiernos socialistas en Andalucía, la compañía fabricante de los vehículos todoterrenos Aníbal que empleaba el Ejército español, se desprendió de 18 naves industriales «de escasa o nula utilidad para la Agencia IDEA». Esta entidad pública pagó 84.998.874 euros por unos inmuebles de los que era la «indirecta titular» como «propietaria –socia única- de Santana Motor», advierte el juez José Ignacio Vilaplana en un auto dictado el 31 de mayo pasado al que ha tenido acceso ABC.

La dueña de la fábrica era la propia Administración autonómica, que en el año 1995 salió el rescate de esta empresa de Linares para no dejar en la calle a sus 2.400 trabajadores, cuyos empleos peligraban tras la marcha de la multinacional japonesa Suzuki.

«La adquisición por título de compraventa de inmuebles por parte de la Agencia IDEA en favor de Santana Motor» constituyó un «irregular mecanismo de financiación de esta sociedad mercantil», sostiene el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que da un impulso a esta nueva causa penal, denominada 'Agencia IDEA III'.

A través de la citada resolución, el magistrado llama como investigados al proceso a tres antiguos responsables de la compañía automovilística, cerrada por la Junta en febrero de 2011, y a cinco ex altos cargos autonómicos, entre ellos, dos exdirectores generales de la agencia IDEA, Jacinto Cañete y Antonio Valverde. El juez aprecia supuestos «delitos de prevaricación administrativa y malversación» en las sucesivas compraventas de activos en las que participaron. Algunos pagos incluso se realizaron «sin autorización legal», según un informe de la Brigada Provincial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Sevilla.

Con el traspaso de fincas y naves situadas en el parque empresarial de Linares, arrendadas en su mayoría a industrias auxiliares, la Junta pretendía «financiar las pérdidas y deudas» de Santana Motor. Pero esta operación, aparte de ser un mal negocio, puede representar también un fraude. «La Agencia IDEA habría utilizado irregularmente» transferencias de capital para «la adquisición de activos en Santana Motor que no constituían inversión alguna» y que se depreciaron poco tiempo después, como alertó la Intervención de la Junta de Andalucía.

Doce años después de que el Gobierno andaluz de José Antonio Griñán echara el candado a la planta que había estado funcionando 55 años, el Juzgado que instruye las principales macrocausas de corrupción en Andalucía (ERE, Formación, Faffe o Avales) ha hallado cabos sueltos de los que tirar para dar con el destino final de los fondos públicos enterrados en Santana Motor.

El último hilo de la investigación judicial ha conducido hasta unas extrañas operaciones inmobiliarias con las que el Gobierno socialista de Manuel Chaves, primero, y, después, el Ejecutivo presidido por Griñán pretendían cubrir las pérdidas y deudas que arrastraba la compañía. Tras casi 17 años de gestión pública, en julio de 2011, el saldo que arrojaban las cuentas no podía ser más desalentador: casi 208 millones de euros en pérdidas acumuladas.

El agujero negro adquirió tales dimensiones que la Junta de Andalucía acabó por desconectar la fábrica de la ventilación asistida que la había mantenido en funcionamiento de manera artificial cuando ya que era inviable.

El grifo permaneció abierto incluso después de comenzar su liquidación. De él salió un torrente de ayudas. «Entre los ejercicios de 2008 a 2011, se asignaron al grupo Santana Motor fondos con cargo al convenio Massif (para diseñar y fabricar un todoterreno para el mercado militar) por importe de 36.105.544 euros. En el mismo periodo la Agencia IDEA le transfirió fondos con motivo de las compras de inmuebles de 84.998.874 euros», indica el juez.

A esta cuantía hay que sumarle 14.466.779 euros más que aportó Incuba SL, otra entidad dependiente de la Agencia IDEA donde estuvo trabajando como asesor el esposo de la anterior directora de la Guardia Civil, María Gámez. El 28 de julio de 2011, Incuba SL canalizó dicha ayuda a través de un convenio destinado a reponer pérdidas de Santana. Fue «una operación irregular a fondo perdido, sin plazo de amortización, intereses o compromiso de devolución», afirma el instructor. Pero no fue la única irregularidad.

El 15 de diciembre de 2011, cuando la factoría estaba ya inmersa en un proceso de liquidación, IDEA le concedió otro «préstamo participativo» de 40.868.823 euros. La devolución del crédito público estaba condicionada «a la obtención de beneficios». «Difícilmente, Santana Motor en la situación que se encontraba –en liquidación– podía obtener beneficios», señala el magistrado. La previsión de dividendos era «una mera ficción dirigida a encubrir una ayuda directa y a fondo perdido», añade.

La Junta de Andalucía pagó una factura de 176.440.020 euros por una empresa que ya era «inviable» e «ineficiente» desde el punto de vista comercial, como la catalogó la UDEF. De este cuantioso desembolso, el Juzgado ha puesto ahora la lupa sobre 140.334.476 euros.

Entre los ocho encausados en esta pieza separada de la macrocausa de Santana Motor figura también el que fuera director de Inversiones Estratégicas de la agencia IDEA y expresidente de la empresa, Bienvenido Martínez, cuñado de la que fuera máxima responsable de la Benemérita. Tanto dicho exdirectivo –que presidió Santana desde marzo de 2010 a julio de 2011– como su hermano Juan Carlos Martínez, marido de María Gámez, están imputados por un supuesto blanqueo de capitales en otra rama surgida del caso Santana Motor. Un frondoso árbol de corrupción que parece tan inagotable como las ayudas públicas que acaparó la malograda fábrica incluso cuando ésta no tenía ningún signo de actividad.