La Junta de Andalucía prepara nuevas rebajas fiscales para empresas, vivienda y familias

Carolina España ha planteado estas líneas estratégicas de actuación tras hacer un balance «positivo» del resultado de la política fiscal puesta en marcha durante los últimos años por parte del Gobierno autonómico que puso en contraste con la «mayor presión fiscal» del Ejecutivo central. Según los planteamientos expuestos por la Consejería, las reducciones fiscales implementadas en Andalucía, como la deflactación del IRPF o las nuevas bonificaciones de acceso a la vivienda o para las familias, han permitido «incrementar la recaudación».

La política fiscal del Gobierno andaluz para el último año completo de la legislatura, 2025, debe cerrarse en las próximas semanas dado que el Presupuesto autonómico se presentará el próximo mes de octubre, cumpliendo así los plazos establecidos para que esté en vigor el 1 de enero tras su aprobación en el Parlamento andaluz.

En cualquier caso, la prioridad del Gobierno andaluz en estos momentos más que incorporar nuevas medidas, que tendrán ya un impacto limitado, se centra en la consolidación de las medidas que se han venido aprobando desde el año 2018 en Andalucía y que, en su conjunto, tienen un impacto de aproximadamente 900 millones de euros al año y afectan a cuatro millones de personas, según los datos difundidos por la Consejería de Hacienda.

La consejera basó su argumentación en los datos fiscales de 2022, el último ejercicio ya con los datos finales, y puso como ejemplo la deflactación en el IRPF aprobada por Andalucía así como los beneficios fiscales implementados en materia de vivienda, nacimientos, gastos de escolaridad o discapacidad que se han puesto en marcha con impacto en las declaraciones de los contribuyentes. .

En otros ámbitos fiscales se han implementado medidas con un impacto en la vivienda aproximadamente otros 300 millones de euros en tributos como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. «En materia de vivienda se ha conseguido aliviar de manera considerable la carga fiscal para la ciudadanía en el acceso a la vivienda e impulsar y reactivar la oferta inmobiliaria», apuntó Carolina España. Asimismo, la consejera destacó las medidas adoptadas para facilitar a pymes y pequeñas y medianas empresas la flexibilización de las condiciones de aplazamiento y fraccionamiento de pago.

Carolina España destacó por último el impacto de la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y lamentó que no se haya permitido por parte del Gobierno central la supresión del Impuesto de Patrimonio, al implantar en su lugar el Impuesto sobre las Grandes Fortunas, que fue validado por el Tribunal Constitucional al desestimar el recurso de la Junta de Andalucía.

Desde la oposición, no obstante se reiteraron las críticas en torno a la política fiscal del Gobierno andaluz. Tanto el PSOE como la coalición Por Andalucía señalaron que se habían producido «regalos fiscales a los más ricos a costa de reducir el dinero disponible para los servicios públicos» y lamentaron la falta de «responsabilidad y progresividad fiscal» en las políticas de la Administración autonómica. «Las reformas fiscales han beneficiado sólo a las rentas más altas de Andalucía», apuntó la diputada socialista Alicia Murillo.

Las dos formaciones de la izquierda parlamentaria cuestionaron además las «contradicciones» del Gobierno andaluz y lamentaron que por un lado se defienda que ha conseguido incrementar sus ingresos con rebajas fiscales y por otro que hay una situación financiera crítica por falta de recursos del Estado. En esta línea la portavoz de Por Andalucía Inmaculada Nieto advirtió que el Gobierno «presume por un lado de que cada vez hay más inversores y grandes empresas que vienen a Andalucía por las medidas fiscales y por otro se acusa al Gobierno central de provocar que huyan de Andalucía con el Impuesto de Grandes Fortunas».

En el otro extremo Vox reclamó más medidas de rebajas fiscales en Andalucía y reivindicó su participación en las iniciativas fiscales que se pusieron en marcha a partir de 2018.