La Junta de Andalucía pide transparencia para evitar agravios territoriales en el reparto de fondos europeos

La consejera de Hacienda, Carolina España, detalla los datos económicos que tiene a su disposición. «Sabemos que el Estado ha enviado 30 millones de euros a Cataluña y 90 millones a la Comunidad Valenciana —ambas en concesiones directas y reguladas por un Real Decreto— para desarrollar el PERTE (Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica) de automoción. O que en el País Vasco también se invierte en este PERTE. El jueves el ministro Bolaños afirmó que en Cataluña están impulsando en PERTE de microchip. Sin embargo, no ha llegado ni un euro de los PERTE a la administración andaluza».

A eso se suma que el diseño de las medidas que impulsa el Gobierno para el reparto de los fondos no se adapta a las particularidades de los territorios, ya que hay fondos para plazas de guarderías de 0 a 3 años, de las que en Andalucía sobran cada año unas 25.000 por la baja natalidad, o que no se puede invertir en infraestructuras hídricas estratégicas para Andalucía a pesar de la grave sequía.

En España, las comunidades autónomas tienen asignados el 30% de los fondos mientras que el 70% restante lo gestiona directamente el Estado, más de 49.300 millones de euros.«La ministra de Hacienda ha anunciado que el 75% de ese dinero ya está movilizado; lo que queremos es saber dónde y cómo; no lo sabemos y sería bueno que hubiese transparencia».

A esta falta de recursos se suma la fuga de contribuyentes. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, afirma «en los dos últimos años» de vigencia del impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía, «15 de las 30 mayores personas que tuvieron que tributar por él se fueron de la comunidad autónoma, «muchas de ellas a Madrid», donde no existe dicho tributo, lo que supone un perjuicio para las arcas públicas andaluzas.

La Junta entiende que la decisión del Gobierno central del imponer un tributo similar denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas impulsado por el Gobierno central, es un «impuesto contra Andalucía» ya que se ha aprobado justo cuando el Gobierno autonómico ha decidido eliminarlo, por lo que los andaluces de rentas más altas tendrán que pagarlo de todos modos.

En este escenario, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía presentó este viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra este impuesto. La titular de Hacienda detalló que la Junta se basa en tres razones para interponer dicho recurso de inconstitucionalidad, comenzando por la idea de que el Gobierno incurre en «una invasión de competencias» y comete un «ataque frontal a la autonomía financiera de las comunidades autónomas», en este caso de Andalucía, con la creación de dicho impuesto.

Además, la Junta entiende que el Gobierno «vulnera el artículo 23 de la Constitución en cuanto al procedimiento» de creación de este tributo, porque «se ha creado el impuesto a través de una enmienda a un proyecto de ley», además de «vulnerar el principio de seguridad jurídica que viene recogido en el artículo 9.3 de la Constitución».

Carolina España defiende que «Andalucía tiene competencias para bajar impuestos, y el Gobierno no puede crear un impuesto prácticamente igual al de Patrimonio, porque ataca la autonomía financiera que tenemos que defender» desde esta región.

Desde el Gobierno autonómico argumentan que el impuesto de Patrimonio no existe en ningún otro país de la Unión Europea. «Ahuyenta el ahorro y la inversión, a los grandes inversores que queremos que vengan a Andalucía a crear empresas, empleo y riqueza». «Hay grandes inversores que viven en la costa pero que no tienen fijada aquí su residencia; queremos que se queden y que tributen aquí».