La Junta de Andalucía ha pagado más de 134 millones por una vía que ni siquiera es suya
La última condena judicial eleva el 'peaje en la sombra' de la AP-4 que ha asumido la Administración
Imagen del ya desaparecido peaje en Las Cabezas de la autopista Sevilla Cádiz
La Junta de Andalucía no es la propietaria de la AP-4, una autopista que forma parte de la red estatal de carreteras. Aun así, llevaba pagados más de 134,4 millones de euros por una carretera que ni siquiera es suya. La AP- ... 4 pasó a ser gratuita para los usuarios el 1 de enero de 2020, casi 47 años después de que se cortara la cinta inaugural y tras acumular 26 años por prórrogas sucesivas con la empresa concesionaria. Hasta entonces, había sido única conexión de pago de una capital de provincia andaluza (Cádiz) con su centro administrativo (Sevilla).
En mayo de 2005, cuando en la Moncloa estaba José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), el entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, accedió a endosar a las arcas autonómicas el coste de eliminar el cobro de tarifas en el tramo que conecta la ciudad Jerez de la Frontera con Puerto Real, en la provincia de Cádiz. Al Gobierno de Juanma Moreno le ha tocado terminar de pagar la factura de los compromisos políticos adquiridos en la etapa del PSOE.
Desde 2005 hasta ahora, la Administración andaluza ha llevado a cabo una importante inversión en la AP-4. Ha pagado a la concesionaria 128,7 millones de euros en concepto de 'peaje en sombra' e intereses de demora pese a ser una vía de titularidad estatal. A esta cuantía se han sumado ahora 5,7 millones de euros más correspondientes al IVA que no se repercutió en su momento. El Gobierno de Susana Díaz se negó a abonarlo, lo que desembocó en un pleito con Autopistas Aumar, que se ha saldado con una sentencia a favor de la concesionaria en 2021.
Intereses millonarios
Este nuevo varapalo se une a otros anteriores que han obligado a la Consejería de Fomento a asumir gastos por importe de 78,2 millones sólo en intereses por obras en infraestructuras y viviendas públicas que no se pagaron o indemnizaron a tiempo durante los gobiernos del PSOE.
A la Junta le ha salido cara la tardanza de los anteriores gestores a la hora de cumplir las sentencias en su contra por sobrecostes, retrasos en los pagos o reclamaciones judiciales de proveedores y empresas concesionarias por obras contratadas.
Los 78,2 millones de euros gastados en intereses entre 2019 y 2021, durante la anterior legislatura, es una parte de los 297 millones de euros que ha tenido que dedicar la Administración a costear facturas de obras en las que produjeron discrepancias con las adjudicatarias de los proyectos y que en su mayoría acabaron en pleitos. El mayor gasto correspondió a condenas judiciales a la Junta porque no pagó a proveedores y constructoras a su debido tiempo. Las empresas acudieron a los juzgados y años después les dieron la razón.
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