La Junta de Andalucía insta al Gobierno a rectificar sobre Gibraltar pero de momento no plantea «una vía de conflicto»

«Es un despropósito, un disparate, un sin sentido y una deslealtad que no se invite a la Junta de Andalucía a participar en las decisiones. En la reunión no se dieron detalles, sólo se explicaron cuestiones superficiales. Se dijo realmente menos de lo que se contó a los medios de comunicación. Hemos ofrecido lealtad, responsabilidad y discreción y nos han respondido así», afirmó el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

Sanz señaló que a su juicio se está incumpliendo el Estatuto de Autonomía al excluir a Andalucía de las conversaciones sobre el futuro del Campo de Gibraltar, aunque al mismo tiempo defendió que buscaría una solución «política»: «Debemos evitar vías de conflicto, demasiados temas tiene ya la Justicia y es una cuestión política, porque tanto el presidente como este consejero hemos expresado la posición de la Junta de Andalucía. Ofrecemos lealtad, discreción y responsabilidad y de ahí no nos vamos a mover», apuntó Sanz. Desde la Consejería subrayan que se valorarán otras medidas en función de la evolución de los acontecimientos.

El consejero lamentó que no se hayan producido reuniones bilaterales desde mayo de 2022 y que desde noviembre de 2023 no hubiera una reunión con todos los municipios y recordó que en negociaciones anteriores cuando ha estado presente Gibraltar en la mesa lo ha estado también la Junta de Andalucía aunque respetando que la voz principal al ser un asunto internacional le corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores.

En este sentido, el consejero subrayó que en la reunión celebrada en Madrid planteó dos propuestas al Ministerio, y ninguna de ellas fue aceptada. La primera es la configuración de un régimen fiscal propio para el Campo de Gibraltar como el que hay en Ceuta o Melilla para evitar los desequilibrios que se producirán una vez que se permite la libre circulación de personas y mercancías. El segundo es la configuración de una mesa interadministrativa e institucional para trabajar de forma conjunta en el futuro del Campo de Gibraltar.

Junto a esto, también en relación con el Campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía ha iniciado los trámites para desplegar un plan de medidas en el ámbito de sus competencias de apoyo al personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que trabajan en el Campo de Gibraltar. Esta medida se produce tres meses después del asesinato por parte de una narcolancha de dos guardias civiles en Barbate.