La Junta de Andalucía inicia la vía judicial contra el Gobierno por la llegada de menores inmigrantes en traslados de adultos

La Consejería de Inclusión Social e Igualdad, que dirige Loles López, lleva meses planteando esta cuestión en distintos foros, y de forma específica en las conferencias sectoriales. Ahora da un paso más con la formulación de un requerimiento, paso previo necesario para un Contencioso contra el Gobierno central, en el que reclama 16,8 millones de euros por los gastos en los que ha incurrido la Administración autonómica sin que le corresponda.

«Es el último cartucho ante la desidia, el caos, el desorden y el descontrol de la política migratoria del Gobierno central. Le pedimos que cumplan con sus competencias y que si hay dudas sobre la edad de un menor se hagan las pruebas en Canarias, antes de su traslado a la península», apuntó la consejera Loles López, quien lamentó que el Gobierno central «no quiera saber nada de esos menores».

En su requerimiento, la Consejería advierte además de la situación de saturación de los centros para menores ubicados en la comunidad autónoma y que llevan los últimos meses casi al completo «sin que se hayan obtenido respuestas por parte del Gobierno central».

La consejera censuró además al Gobierno central por la «falta de información» que traslada a las autonomías en torno a los traslados de inmigrantes y criticó la falta de seguimiento a las personas inmigrantes que son trasladadas a la península. «En tres meses los pone en la calle sin ninguna regularización ni inclusión de esas personas», apuntó López, quien además advirtió de posibles «cesiones nuevas» a Cataluña y al País Vasco.

La Junta de Andalucía viene reclamando además desde hace años el reconocimiento de la comunidad autónoma como frontera sur y por tanto que tenga acceso al mismo nivel de financiación estatal que Canarias, Ceuta o Melilla, así como que pueda recibir apoyo en caso de saturación de sus plazas mediante traslados a otras comunidades, tal y como se establece para las islas y las ciudades autónomas.

Precisamente la ausencia de este reconocimiento de la situación de Andalucía en el borrador de ley de extranjería fue uno de los motivos por los que la Junta expresó su rechazo al texto que sigue bloqueado a la espera de un acuerdo en el Congreso de los Diputados.