La Junta de Andalucía incide en que los contratos de emergencia del SAS eran legales y que finalizaron en mayo de 2023

Además subrayan que estos contratos para intervenciones quirúrgicas y consultas con especialistas a través de clínicas privadas en refuerzo al sistema sanitario público por la pandemia finalizaron, tal y como comunicó la Junta de Andalucía, en mayo de 2023. De esta forma, rechazan la lectura que realiza el PSOE de los expedientes firmados por la actual gerente SAS, entonces como cargo provincial en Sevilla, Valle García, en 2024. Según la explicación del Gobierno andaluz, simplemente son documentos de ajustes contables sobre los servicios facturados con anterioridad dentro de los expedientes de 2021 sin que supongan en ningún caso nuevas prestaciones económicas.

El Gobierno andaluz, además, incide en que estas adendas que son objeto de la ampliación de querella del PSOE centrada en la actual gerente y admitida a trámite por el Juzgado, no suponen un incremento del gasto sanitario en estos contratos con clínicas privadas. De hecho, de los 242 millones de euros firmados por este expediente investigado judicialmente, sólo se ejecutaron de forma efectiva 189 millones de euros.

Todos estos expedientes están disponibles en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, por lo que el Gobierno andaluz destaca que está actuando con «la máxima transparencia».

«El PSOE ha denunciado a tres personas y se les ha comunicado la denuncia. Es lo habitual y lo razonable en un Estado de Derecho para que puedan defender su inocencia», apuntan desde el Gobierno andaluz que reduce a un mero «trámite ordinario judicial» el último auto del Juzgado sobre la denuncia del PSOE.

En este sentido, la Junta de Andalucía insiste en que «todas las contrataciones se han realizado dentro de la ley» y para ello tiene como base principal los dos informes de los servicios jurídicos que autorizan el uso de la vía de emergencia como medida excepcional y que, según la Consejería de Salud y Consumo, avalaban la firma de las prórrogas de los contratos suscritos con clínicas privadas para consultas con especialistas e intervenciones quirúrgicas en 2021 hasta los 240 millones que alcanzaron en el año 2023, cuando se frenó esta vía de contratación.

En cualquier caso, la Junta de Andalucía reitera su «máximo respeto» por la Justicia y anuncia que «colaborará en todo lo necesario con diligencia y transparencia como ha hecho hasta ahora».