La Junta de Andalucía incentivará la actividad forestal privada con rebajas fiscales y menos trámites

Este sistema económico es precisamente uno de los principales objetivos del nuevo proyecto de Ley de Montes, con el que inicia Catalina García su trayectoria como consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. La nueva normativa, que sustituye un texto de hace 30 años, promueve un marco de colaboración público-privada en la gestión forestal apostando por las rebajas fiscales, las ayudas económicas, la reducción de trámites o la profesionalización del sector económico vinculado a las extensas superficies forestales andaluzas. Este fomento de la actividad económica se vincula además en el texto legislativo con una estrategia para la reducción de la despoblación.

«Es fundamental implementar soluciones efectivas para los problemas del sector forestal en Andalucía, incluyendo el diseño de incentivos fiscales a los propietarios de terrenos forestales, como las bonificaciones tributarias, u otras medidas relacionadas con la colaboración público – privada (...) Es clave crear sinergias entre el mundo empresarial y los propietarios de montes, con un enfoque innovador liderado por los sectores implicados», recogen los informes que acompañan a la nueva Ley de Montes que concreta en su articulado algunas de estas medidas.

En primer lugar, la norma abre la vía a un plan de rebajas fiscales dirigido a propietarios de superficies forestales y a quienes desarrollen actividades económicas en ellos (que no serán de implementación inmediata). Para los propietarios de suelos forestales se recoge expresamente que tendrán bonificaciones fiscales como incentivos a una gestión forestal sostenible. Para las empresas que trabajan en el sector se abre la vía además para bonificaciones en los impuestos autonómicos por la creación de empleo.

Junto a esto, se fijan un abanico de incentivos económicos dirigido a titulares y empresas: «Incentivos a la ordenación de montes, concesiones de ayudas y suscripción de convenios de colaboración con propietarios de montes catalogados para la gestión de estos, incentivos a las empresas, industrias y cooperativas del sector forestal, líneas de ayudas para el impulso de los aprovechamientos forestales y su posterior transformación, con preferencia en las líneas de investigación, desarrollo e innovación en el sector forestal, beneficios destinados a las cooperativas, empresas y agrupaciones de empresarios para la producción, transformación y comercialización en común de los productos forestales...».

A esto se añade un segundo pilar de esta estrategia para favorecer la actividad privada en los montes andaluces: un plan de simplificación administrativa y reducción de trámites en el que se generaliza, como viene haciendo la administración autonómica en todas sus áreas, la declaración responsable. Es decir, se eliminan procesos de autorizaciones previas y se apuesta por la responsabilidad del propietario o la empresa y por los controles posteriores. A esto se añade que se configura un registro andaluz de empresas del sector.

«Estos efectos directos no solo benefician a las empresas, sino que también contribuyen al crecimiento económico regional, mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos que lo percibirán en su relación con el medioambiente y a través de la reducción en los precios», recoge el anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno. En los informes complementarios se apunta a la necesidad de implementar medidas ante las dificultades de empresarios y propietarios: «El sector forestal andaluz enfrenta diversos desafíos, como la baja productividad y la alta incertidumbre debido a riesgos como incendios, plagas y sequías. Se observa una reducción progresiva de personal especializado en trabajos forestales y una marcada estacionalidad en la actividad. La atomización de la propiedad privada limita la implementación de medidas eficientes. Además, hay una elevada volatilidad en los precios de los productos forestales y una disminución de la industria de transformación y del suministro regular de madera y biomasa».

Pero en este nuevo marco legal de relación entre la administración y los titulares de casi el 70% de las superficies forestales andaluzas se fija también un modelo de responsabilidad compartida, que se articula principalmente en torno a dos nuevas figuras. La primera es la consolidación de un fondo de mejora de montes al que deberán aportar recursos todos los propietarios de montes catalogados en función de los aprovechamientos que realicen en ellos y que sólo podrá ser reinvertido en actuaciones de conservación, mantenimiento o restauración de superficies forestales. «Las entidades titulares de montes catalogados destinarán al fondo de mejoras un mínimo del 15% de los ingresos obtenidos por todos los rendimientos económicos del monte. En el caso de eventos catastróficos, como incendios, plagas, vendavales u otros, ese porcentaje mínimo se elevará al 30% de los ingresos derivados de los aprovechamientos extraordinarios consecuencia del siniestro, para contribuir a la restauración del monte afectado», recoge el anteproyecto legal.

Este fondo tendrá una segunda vía de ingresos. La recaudación que se obtenga a raíz de un nuevo régimen sancionador que establece la normativa de la Consejería de Sostenibilidad y que endurece sensiblemente las consecuencias de infracciones que pongan en riesgo los montes andaluces. En función de la gravedad pueden alcanzar el millón de euros, además de la obligatoriedad de restaurar los daños que se hayan podido infringir a los montes.

Entre otras cuestiones, se establece que cualquier cambio del uso forestal autorizado o el desarrollo de actividades económicas sin autorización serán consideradas infracciones muy graves, al igual que cualquier instalación, construcción o depósito o la destrucción de elementos existentes o la modificación sustancial de la cubierta vegetal. La policía forestal, una unidad además que está siendo objeto en paralelo de la tramitación de su propia normativa, será la responsable de la aplicación de esta norma.

«Se trata de una ley que garantiza una gestión sostenible de los recursos forestales, adaptada a los desafíos actuales y orientada hacia la conservación, el desarrollo rural y la lucha contra el cambio climático», explica la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, quien pone el acento en cuatro ejes de la actual normativa.: «Una gestión sostenible que priorice la conservación y el uso responsable de los recursos, la dinamización de la economía rural creando empleo y arraigo en zonas despobladas, la protección de la biodiversidad, y la participación de la ciudadanía con una participación activa en la gestión de los montes».