La Junta de Andalucía da un volantazo en el caso ERE y pide personarse como víctima del saqueo tras retirarse en la etapa del PSOE

Lo ha anunciado este lunes en Madrid el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP). «Dadas las circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que ha habido una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla y una sentencia corroborada y confirmada por el (Tribunal) Supremo, la Junta de Andalucía va a volver a personarse a lo largo del día de hoy o de mañana», ha señalado. El escrito de la Junta se presentará apurando el plazo que se ha dado la Audiencia para deliberar si remite a Europa el caso. Dicho periodo vence este martes 13 de mayo, con el tercero de los días que el tribunal fijó como fecha para deliberar.

La decisión de la Junta de Andalucía representa un giro de 180 grados a la posición que había mantenido el Gabinete Jurídico de la Administración autonómica en la etapa de gobierno de Susana Díaz, cuando en el año 2016 se retiró como acusación particular de la pieza principal del caso ERE que llevó al banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Moreno, que hizo estas declaraciones a los periodistas a su llegada al Comité Ejecutivo del PP, ha justificado el cambio de postura de la asesoría jurídica autonómica por el objetivo de «cumplir con la obligación que tiene la administración de la Junta de Andalucía de evitar cualquier menoscabo de fondos públicos». «Nosotros tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta de Andalucía y, por tanto, nuestra labor es aclarar, denunciar y, sobre todo, tener toda la información y que esos 700 millones de euros vuelvan a las arcas públicas», ha relatado.

Quienes crearon o mantuvieron durante una década (2000-2009) un procedimiento que repartió sin publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía casi 680 millones de euros en ayudas públicas salieron de prisión o fueron exonerados de la mayoría de los delitos porque el Constitucional tumbó la interpretación de los delitos que hizo la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en su sentencia de 2019, ratificada después por el Supremo.

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El TC, controlado por una mayoría de magistrados de izquierdas, ordenó al tribunal dictar una nueva sentencia tras negar parte de la responsabilidad penal a los políticos que aprobaron las partidas presupuestarias que nutrieron el fondo de los ERE. La Audiencia está deliberando si eleva a la Justicia Europea la revisión del TC por una posible vulneración de principios básicos del Derecho europeo.

Juanma Moreno ha recordado que el anterior gobierno andaluz del PSOE, cuando lo presidía Susana Díaz, decidió dejar la personación, una decisión que, en su opinión, no fue «correcta», de manera que su Ejecutivo va a volver a personarse.

Según ha podido saber ABC a través de fuentes de la Junta, si se mantiene la doctrina del TC sobre este importante caso de corrupción política se pone en peligro la recuperación del dinero público y el ejercicio de la acción civil que en su día se reservó la Junta». El Gobierno andaluz actual encargó un informe externo para apoyar el cambio de criterio del Gabinete Jurídico autonómico. Es un intento de volver al caso ERE pero no garantiza el retorno, porque la decisión final está en manos de la Audiencia de Sevilla.

La corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido, por siete votos a favor de los magistrados progresistas frente a los cuatro en contra del bloque conservador, fijó la doctrina de que el método de subvenciones diseñado para empresas en crisis se apoyaba en las leyes de presupuestos autonómicas.

En octubre de 2016, la Junta se reservó unas acciones civiles que no ha ejercido tras la condena de los ex altos cargos socialistas. La retirada de la acusación imposibilitó a la Fiscalía la petición de responsabilidades económicas a los políticos. De haberlo hecho, la sentencia podría haber fijado las mismas a cada uno de los ex altos cargos condenados.

Los abogados de la Junta en la pieza del denominado procedimiento específico de esta macrocausa de corrupción negaron la existencia del fraude y secundaron la línea argumental del Gobierno de Susana Díaz (2013-2019), basada en crear un cortafuegos jurídico que librara a los exdirigentes socialistas del banquillo por las ayudas irregulares a empresas en crisis.