La Junta de Andalucía gestionará un gran área pública de 8.700 hectáreas en Doñana tras una inversión de 78 millones

La Administración autonómica dio un primer paso clave en diciembre de 2023, cuando adquirió por un importe de 72 millones de euros la finca de Veta La Palma con un total de 7.600 hectáreas ubicada justo al lado del Parque Nacional, en una zona de protección que era de titularidad privada. Tras un proceso de transición de aproximadamente un año, su conservación y protección pasa este 2025 a manos de la Junta de Andalucía.

Ahora, el Gobierno andaluz ha dado un segundo paso con el anuncio realizado por el presidente Juanma Moreno: la adquisición de la parcela colindante a la finca Veta La Palma, ubicada junto al río Guadalquivir, y con 1.134 hectáreas. La inversión en este caso ha sido de seis millones de euros y se ha adquirido al presidente de los arroceros, Mauricio Soler.

Con ambas operaciones, la Junta de Andalucía asume la gestión de un gran área de 8.700 hectáreas que tendrá un modelo único de conservación y protección que se está en estos momentos desarrollando. Esta iniciativa no sólo garantizará un adecuado seguimiento de estas 8.700 hectáreas sino que además conformará una pieza fundamental para la protección del ecosistema y de la biodiversidad y para hacer frente al gran desafío del parque nacional: la sequía.

«La adquisición de la finca de Tierras Bajas es clave para Doñana. Y lo más importante es que nos va a permitir desarrollar un modelo de gestión integral de la zona sur de la Isla Mayor del Guadalquivir garantizando la protección y el desarrollo del entorno», apuntó el presidente andaluz, quien detalló algunas cifras que avalan la importancia de esta actuación conjunta: en la gran área de gestión pública que conforman ambas fincas conviven 300.000 aves de distintas especies. Esto supone el 60 por ciento del censo de aves del parque.

De hecho, en el expediente de la adquisición por parte de la Junta de Andalucía de la Veta La Palma se especificaba que estaba «gravada como predio sirviente por una servidumbre de paso en favor de la finca conocida como Tierras Bajas de Escobar». De esta forma, incluso el desarrollo de la finca Veta La Palma estaba condicionada por estos terrenos anexos. La compra evita este condicionante.

La nueva finca que adquiere la Junta de Andalucía es además, según subrayó el presidente andaluz, la mayor superficie de marisma natural sin transformar del parque natural. «A Doñana se la protege mejor salvaguardando este humedal. Por eso su adquisición es un hito histórico. Estos ecosistemas se han demostrado básicos para la supervivencia de este entorno privilegiado del Parque, pero su fragilidad exige un férreo compromiso de la Junta con una gestión ambiental activa en los humedales basada en la planificación, restauración y su seguimiento continuo», detalló el presidente andaluz.

Junto a esto, también en el entorno del Parque, el Ministerio ha lanzado ya la primera de sus convocatorias de ayudas para que propietarios de tierras dedicadas al cultivo de regadío del entorno renaturalicen los terrenos para incrementar su protección y reducir el uso de agua. En total, se trata de dos líneas que cuentan con un presupuesto de 39,5 millones de euros y que vendrán acompañadas de nuevas fases en los próximos ejercicios, tal y como se anunció el pasado verano por parte del Ministerio.

La primera de las líneas de ayudas está destinada a proyectos innovadores para la mejora ambiental en el ámbito agropecuario y forestal. En este caso, los beneficiarios son agricultores a título individual o en agrupaciones que se asocien con entidades científicas o del tercer sector. Las ayudas ascienden a 11,5 millones de euros en total, y para cada uno de los beneficiarios oscilarán entre los 300.000 euros y los dos millones.

En segundo lugar, se plantea una convocatoria de renaturalización para los agricultores que tengan cultivos de regadío en alguno de los 14 términos municipales del entorno de Doñana. Está dotada con 28 millones de euros ampliables en otros tres. De acuerdo con el pacto de Doñana, firmado hace poco más de un año, estas ayudas oscilan en torno a los 70.000 euros por hectárea como compensación por dejar los cultivos que consumían agua y reforestar el entorno.

En un principio se abrieron tres opciones para la reconversión de los cultivos (reforestación, paso a agricultura de secano o modelo ecológico). Sin embargo, por la propia demanda de los agricultores y por la complejidad de los procesos administrativos se ha optado por concentrar toda esta primera fase de la convocatoria en aquellos agricultores que dejen por completo de cultivar en sus terrenos. En años próximos, además de introducir mejoras para alcanzar a más superficies, se habilitarán las otras dos vías incluidas en el pacto de Doñana.