La Junta de Andalucía estudia aplicar en 2025 una rebaja fiscal para facilitar el acceso a la vivienda

«Estábamos estudiando, como siempre hacemos por esta fecha, diversas medidas fiscales; en este caso, medidas quirúrgicas, muy determinadas, para aliviar la situación de familias, empresas, y también vinculadas al acceso a la vivienda», ha aclarado la consejera antes de puntualizar que «estudiar quiere decir que, una vez que tengamos encima de la mesa las diferentes propuestas, habrá que analizar cuál es el encaje en el Presupuesto, en función también de las disponibilidades presupuestarias».

La titular andaluza de Hacienda ha recordado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ya ha realizado «grandes bajadas de impuestos, hasta seis a las rentas medias y bajas», por lo que, según ha insistido, «si hacemos algo en este año será algo muy específico, una medida específica o quirúrgica para un determinado sector o segmento de la población, o para un determinado problema como puede ser el de la vivienda».

De igual modo, ha advertido de que «esas bajadas de impuestos que se han hecho en el ámbito de nuestras competencias financieras» de la comunidad autónoma «no implica que tengamos que dejar de reclamar los 1.500 millones de euros que nos faltan cada año» en Andalucía como consecuencia de la aplicación del actual modelo de financiación autonómica. «No vamos a subirles los impuestos a los andaluces para tener que pagar más recursos a la financiación privilegiada de Cataluña».

Según ha abundado, las seis bajadas de impuestos acometidas por la Junta «han permitido también que se genere una mayor actividad económica, que haya un mayor número de declarantes, hasta casi 600.000 más y 14.000 millones de euros más« de recaudación en estos cinco años de gobierno de Moreno »con respecto a los cinco años de anteriores del gobierno socialista« en Andalucía.

España ha subrayado que con dichas reducciones se ha movido la economía, se ha generado empleo y una mayor recaudación, por lo que la Junta ha podido «subir los presupuestos de sanidad en un 40%, y los de educación y de servicios sociales en torno al 34% y al 35%».