La Junta de Andalucía estalla ante las concesiones del Gobierno a Cataluña

Esto ha hecho estallar al Gobierno andaluz, que recuerda cómo la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega a la comunidad lo que ella misma exigía al Ejecutivo central cuando era consejera de Hacienda y en La Moncloa estaba el PP de Mariano Rajoy. Lo que entonces valía -«el cambio de modelo de financiación es urgente», reclamaba la sevillana- pasó a lo más hondo del cajón cuando el PSOE llegó al Gobierno de España.

Sin embargo, Montero ha decidido abrir ese cajón. Justo ahora que, precisamente, Pedro Sánchez necesita del apoyo de los partidos independentistas para mantenerse como presidente del Gobierno. ERC y Junts lo saben y quieren cobrar cara la pieza. De hecho, piden que el Estado asuma la deuda que contrajo Cataluña a través del fondo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La factura de la investidura le puede hacer un roto a las arcas del Estado.

El Gobierno andaluz insiste en que, según las últimas cifras publicadas por el propio Ministerio de Hacienda, que son de 2021, «hay una infrafinanciación anual de 1.079 millones de euros (atendiendo a la población ajustada) y una cifra acumulada de 10.073 millones menos entre 2009 y 2021».

«Si sumamos los más de 2.000 millones de euros que no han llegado en los años 2022 y 2023, Andalucía ha recibido 12.000 millones de euros menos de lo que le corresponde», valoró la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien advirtió de que se trata «un importante agravio con respecto a otras comunidades españolas».

Según calculan desde el equipo de la consejera, cada andaluz recibe «130 euros menos por habitante, si se tiene en cuenta la población ajustada, y de 186 euros menos en el caso de que se tome como referencia la población de derecho». Y eso que ese dinero, recuerdan, sirven para pagar la Sanidad, la Educación o los servicios sociales de la comunidad. Dicho de otro modo, la comunidad recibe solo el 95,53 por ciento de la media de España. Cinco puntos porcentuales que se quedan por el camino y ahogan financieramente a Andalucía, se quejan desde la Junta.

No lo ven así desde el Ministerio de Hacienda. «La cifra de liquidación negativa no es lo que Andalucía pierde sino la diferencia entre el dinero recibido en entregas a cuenta y la cifra final que le corresponde en relación a cómo se ha comportado la recaudación», explican. Además, «desde que María Jesús Montero es ministra de Hacienda Andalucía ha recibido al año 6.000 millones de euros más anuales que lo que recibió durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y todo ello sin contar los fondos europeos», añaden.

Andalucía no es la única comunidad que ha protestado por el modelo de reparto de fondos. Otras del PP como Madrid o Murcia también se han quejado. Y, más relevante aún, alguna del PSOE, que ha plantado cara al presidente del Gobierno. Es el caso de Aragón, donde gobierna el socialista Javier Lambán y que, tras una reunión con el presidente andaluz esta primavera reclamó desde el Palacio de San Telmo que Sánchez abordase el reparto de fondos estatales.

Lo mismo ocurrió con el entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, quien también desafió a su secretario general, Pedro Sánchez, para que cambiase el modelo de financiación. El reparto de fondos amenaza con abrir también una brecha dentro del PSOE.

De fondo a estas cuestiones está el que el modelo de financiación territorial lleva caducado desde 2014. La norma se aprobó en 2009 -la negoció el entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero con los independentistas de ERC- y debía haberse renovado ya. De hecho la ministra Montero se comprometió a presentar una propuesta de cambio al llegar al Gobierno central. Cinco años después no hay nada de eso.

Tan solo en 2021 hubo un tímido intento de abordar esta cuestión. Entonces el ministerio mandó a las comunidades un informe de 240 páginas donde se proponía una nueva forma de reparto del dinero público -donde se revisaba el modelo de la población ajustada y se primaba el peso del gasto sanitario o educativo-. La Junta, en enero de 2022 respondió con un documento donde se ponía de relieve que la propuesta del Gobierno central era un 'brindis al sol' sin cifras concretas. Ahí murió ese intento.

Y la cuestión es importantísima para Andalucía a tenor de los datos que maneja la Consejería de Hacienda. Así, el modelo actual de financiación autonómica supone que hay 200.000 andaluces por los que el Estado no abona ni un euro a la Junta. No existen en términos fiscales. La infrafinanciación acarrea, añaden, que la comunidad ha perdido hasta cuatro puntos del PIB desde 2009 y se hayan dejado de crear 100.000 empleos. Y eso cuando la sequía amenaza con comerse otros cuatro puntos de riqueza y evitar que se creen otros 140.000 puestos de trabajo.

«Mientras que no se modifica la ley de 2009 que fue aprobada sin consenso, gracias al acuerdo del PSOE con ERC y que ya nació siendo muy perjudicial para Andalucía», la Administración central «tampoco ha compensado a las comunidades infrafinanciadas con un Fondo de Nivelación Transitorio», tal y como «se ha solicitado desde Andalucía y por parte de otras comunidades también infrafinanciadas en reiteradas ocasiones». En este sentido, la consejera de Hacienda recuerda que «además de la comunidad andaluza, otras autonomías de régimen común reciben menos financiación de la que les corresponde, como es el caso de Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia».

Así, la consejera consideró «fundamental que el Gobierno acometa la reforma del SFA lo antes posible». Además, ha señalado que «todo el dinero que no recibe Andalucía por parte del Gobierno es dinero que no se puede gastar en sus ciudadanos».

«Cada año que pasa, la deuda con los andaluces aumenta, como hemos podido comprobar con los últimos datos publicados», se quejó la consejera. Además, España hizo referencia «al pasado año, tras la toma de posesión del actual Gobierno andaluz» cuando, según afirmó, «se solicitó hasta en tres ocasiones una reunión a la ministra con el fin de abordar este tema, del que no hemos tenido respuesta ninguna».