La Junta de Andalucía despide a dos empleadas tras hacerlas fijas por presentarse a la vez a dos concursos para interinos

Según la norma que invoca por la Junta en su resolución, «una misma persona aspirante que participe en los procesos selectivos de estabilización de empleo temporal convocados» al amparo de la citada ley «no podrá ser propuesta para adquirir la condición de personal funcionario de carrera o personal laboral fijo en más de un cuerpo, especialidad o categoría profesional, tanto en la Administración de la Junta de Andalucía como en las entidades instrumentales integrantes del sector público andaluz».

Tras concurrir al proceso selectivo del SAE para personal laboral del VI Convenio del grupo II, en el que la demandante obtuvo una plaza, ésta firmó la conversión de su contrato en fijo de la plantilla de la agencia dependiente de la Consejería de Empleo el 31 de octubre de 2024. En paralelo esperaba la resolución de otro proceso selectivo para titulados de grado medio del grupo II en la Administración General de la Junta al que también se había presentado, para asegurarse al menos una de las plazas.

Desde la Consejería de Función Pública aseguran que «las alarmas saltaron» cuando la trabajadora pidió una excedencia en el puesto de trabajo en la oficina de empleo de Fuengirola (Málaga) que el SAE le había adjudicado. La Junta se la deniega. No solo eso, sino que también anula su primer nombramiento como laboral fija y la excluye del segundo proceso selectivo. Argumenta que había firmado una declaración responsable días antes de convertirse en trabajadora fija exponiendo que no había sido nombrada en otro cuerpo, especialidad o categoría. La demandante asegura que dejó claro que optaba por el procedimiento del SAE y que no las tenía todas consigo porque aún no había sido nombrada por la agencia pública.

La Junta entiende que cometió una «falsedad» porque no informó de que estaba incursa en otro concurso y que se archivó la revisión de oficio del nombramiento, sin darle trámite para alegaciones, porque no se trata de un acto administrativo sino de Derecho laboral, según le indicó el Consejo Consultivo de Andalucía, por lo que no cabía recurrir a la vía contencioso-administrativa sino a los Juzgados de los Social.

De optar a dos procesos y conseguir su fijeza, ha pasado a ser cesada y sin derecho a compensación. Esta afectada, aquejada de una discapacidad por limitación visual, llevaba prestando servicios desde abril de 2011 en la oficina de empleo de Las Lonjas, en la capital cordobesa. La otra promotora de empleo está en nómina del SAE desde 2008 y también ha visto extinguida su relación laboral con la Junta por el mismo motivo, aunque antes había accedido a una pensión por incapacidad permanente debido a un tratamiento oncológico.

El abogado de representa a ambas, Francisco Manuel Sánchez Blancas, presentó el pasado 7 de octubre la primera de las demandas judiciales para reclamar la suspensión cautelar se la resolución que anula sus nombramiento, el mantenimiento en su puesto de trabajo y una indemnización de 80.772,80 euros porque, según alega, la Administración ha vulnerado «sin tapujos» cuatro artículos de la Constitución Española ocasionándole daños y perjuicios. Incurre, según señala, en «un fraude de ley mediante abuso de derecho por desviación de poder».

Este abogado esgrime que sus ceses «tienen un sesgo de represalia», toda vez que las únicas afectadas por esta situación acumulan más de 15 demandas contra la Administración. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla ya consideró nulo su despido en enero de 2015, con el anterior gobierno del PSOE, lo que obligó a readmitirlas al SAE y abonarle los salarios de tramitación desde la fecha de su despido en 2012. Aun así, la vinculación de ambas al VI Convenio del personal laboral «nunca» se incorporó al programa Sirhus, encargado de la gestión de los recursos humanos de la Junta, señala. La Consejería niega cualquier persecución y afirma que desconocía el periplo judicial de la demandante.

En su demanda de 50 páginas, el letrado especialista en Derecho Laboral advierte que los contratos de ambas trabajadoras han sido extinguidos «sin motivación, sin trámite de audiencia y sin cumplimiento de lo más básico de cualquier resolución administrativa». «Además de ser una decisión inconstitucional, ya que impide el acceso a una plaza sin más justificación que 'lo digo yo', la disposición de la Ley de Función Pública invocada no puede ser aplicada cuando las trabajadoras se presentaron a dos procesos de estabilización que eran paralelos, terminando uno antes que el otro, por la única cuestión de la 'velocidad' de los funcionarios encargados del proceso», explica.

El abogado considera «absurdo, irregular e ilegal» el desenlace de este proceso. Y lo compara con el garantista proceso que tramita el SAE para echar a 23 trabajadores (22 de ellos enchufados de la extinta fundación Faffe) que llevan más de 15 años en nómina sin tener titulación. «Quien cumple los requisitos y saca su plaza de forma honesta es despedido sin ninguna causa por el hecho de haberse presentado de forma simultánea a dos plazas, mientras que otros trabajadores son amparados por la Junta a pesar de no cumplir los requisitos de titulación para las plazas que ocupan y mientras éstas no se cubren les permiten seguir en sus puestos. Es el mundo al revés», lamenta.