La Junta de Andalucía deberá escuchar al Consejo Consultivo antes de cualquier recurso al Tribunal Constitucional

En la ponencia, que está ya en la fase final de enmiendas, se introducen nuevos elementos consensuados entre los partidos políticos. Uno de ellos afecta al papel que debe tener ante cualquier recurso de inconstitucionalidad que presente la comunidad autónoma andaluza. Al contrario de lo que ha ocurrido en los tres recursos que la Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa contra decisiones del Gobierno de España en esta legislatura (ley del impuesto de grandes fortunas, ley de vivienda y ley de amnistía), a partir de ahora, será preceptivo, aunque no vinculante, escuchar antes el dictamen del Consultivo.

Se trata de una enmienda propuesta por el PP, pero acordada con el PSOE que queda redactada de la siguiente forma: «En los recursos de inconstitucionalidad y en los conflictos positivos de competencia, deberá solicitarse el dictamen al Consejo Consultivo con anterioridad a que sean adoptados los acuerdos de interposición o de requerimiento». Esto hubiera provocado, por ejemplo, una visión del Consultivo en torno a las competencias y la base jurídica de Andalucía para elevar al Constitucional un recurso contra la Ley de Amnistía de Andalucía.

La nueva Ley del Consejo Consultivo regulará además algunas de las funciones principales que desempeña este órgano con sede en Granada. De acuerdo con la memoria del Consejo del año 2022, la mitad de los expedientes se corresponden con reclamaciones patrimoniales. Cuando cualquier persona o empresa inicia una tramitación de un expediente en este sentido uno de los pasos fundamentales es el dictamen del órgano consultivo. Hasta ahora, en el caso de las reclamaciones a ayuntamientos, las más habituales, el informe era obligatorio a partir de los 15.000 euros. Ahora, la cifra se eleva hasta los 50.000 euros, de forma que en buena parte de los procesos el expediente no incorporará ya esta análisis independiente.

Una segunda función determinante por parte del Consejo Consultivo son todos los procedimientos de rescisiones o modificados de contratos de obra pública cuando no hay acuerdo entre administración y empresa. Es un informe vinculante que dilata sensiblemente cualquier procedimiento. Aunque en un primer informe se modificaba sustancialmente este aspecto al fijarlo como obligatorio únicamente en procedimientos superiores a seis millones de euros, finalmente una enmienda del PSOE aceptada por el PP ha rebajado este límite manteniendo así el papel del Consultivo en la mayor parte de los procesos que superen los 600.000 euros y en las indemnizaciones iguales o superiores a 30.000 euros (se barajaba situarlo en 50.000).

Del mismo modo, se introduce un matiz en el papel del Consultivo ante cualquier modificación urbanística que se realice una ciudad y que afecte a zonas verdes y espacios libres. La enmienda presentada por el PP e incorporada al informe de la ponencia determina que será obligatorio el dictamen cuando «la modificación de los instrumentos de ordenación urbanística prevean una diferente localización de dotaciones públicas de espacios libres y zonas verdes que afecten a su funcionalidad o disminuyan su superficie».

No son las únicas enmiendas pactadas entre PP y PSOE tras el informe de la ponencia vienen a matizar, corregir o complementar cuestiones en torno a la composición, funciones o modelo del Consejo Consultivo sin afectar a la parte principal ya establecida en la ley de 2005.

Sí cambian, en cualquier caso, los miembros del Consejo Consultivo y sus retribuciones que ya han sido adecuadas a la nueva tabla salarial fijada por el presidente andaluz, Juanma Moreno. Las enmiendas introducidas por los grupos simplemente complementan esta tabla adecuando la remuneración asignada al secretario general del Consultivo al nivel de los viceconsejeros del Gobierno andaluz.