La Junta de Andalucía cierra la puerta a una ley que dote a Doñana de personalidad jurídica propia

En pleno debate sobre el proyecto de ley de ampliación de regadíos de Doñana, en el Congreso se inició el pasado mes de mayo la tramitación de una Proposición de Ley que pretendía blindar aún más Doñana al dotar al Parque de una personalidad jurídica propia que incrementara su protección ante una «situación de vulnerabilidad». El modelo era exactamente el mismo que se aplicó para el Mar Menor, es decir, considerarlo un «sujeto de derechos» y reforzar la obligación de las administraciones a su conservación y protección.

Esta Proposición de Ley justificaba esta medida excepcional «por la necesidad de adoptar nuevas herramientas de protección dada la grave crisis en materia socioambiental, ecológica y humanitaria de Doñana y la insuficiencia del actual sistema jurídico de protección». Por este motivo, abogaba por el «reconocimiento de los derechos del ecosistema de Doñana como estrategia novedosa para garantizar su protección».

Como es preceptivo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía encargó el informe técnico para evaluar esta propuesta que concluye con un dictamen desfavorable del que se ha tomado conocimiento esta semana en el Consejo de Gobierno. Entiende este estudio encargado por la Junta de Andalucía que esta ley no es un marco legislativo útil para Doñana dada la protección y el régimen jurídico que ya tiene que difiere sensiblemente del caso del Mar Menor.

El informe recuerda que Doñana fue declarado Parque Nacional mediante decreto en 1969 hecho que además fue reforzado por la Ley 91/1978 de Parque Nacional de Doñana que ya recoge un régimen jurídico para proteger sus ecosistemas. Asimismo, en 1989 se creó el Parque Natural Entorno de Doñana con unos límites que fueron ampliados a su entorno años después, en 1997, a través de otra ley que fija un régimen de autorizaciones para los usos que se desarrollen en el parque y un régimen sancionador específico.

Este marco legislativo propio de Doñana se completó en 1999 con la aprobación por el Parlamento autonómico de la Ley del Espacio Natural de Doñana que tiene la finalidad de establecer los aspectos del régimen jurídico de aplicación al Espacio «dentro de una adecuada política de conservación y desarrollo sostenible». Por todos estos motivos, el informe descarta que en los planes de futuro de Doñana pueda entrar esta ley.

Esta posición de la Junta de Andalucía no debe interferir en las conversaciones que se mantienen abiertas para alcanzar un acuerdo en torno al futuro del Parque Nacional de Doñana entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. El propio portavoz del gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado esta misma semana su confianza en que una vez formalizada la continuidad de Teresa Ribera como vicepresidenta se cierre próximamente este gran acuerdo entre las dos administraciones.

La protección de Doñana aparece expresamente recogida en los acuerdos suscritos entre PSOE y Sumar, aunque sin referencia expresa a la aprobación de una ley para que cuente con personalidad jurídica. Del mismo modo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo mención en su discurso de investidura al «compromiso» del Gobierno de España «para defender Doñana frente a la proposición de ley de PP y Vox». Estas palabras abrieron una grieta en la hasta ese momento estable relación entre Gobierno y Junta sobre Doñana que llevó al presidente andaluz, Juanma Moreno, a afirmar que «el pacto está aún lejos». No obstante, todo hace indicar que el pacto se cerrará próximamente.