La Junta de Andalucía ha cancelado hasta septiembre más de 10.500 viviendas turísticas

El dato aportado comprende hasta septiembre y desde 2024, año de la entrada en vigor del Decreto 31/2024 que aprobó el Gobierno para modificar la normativa vigente al respecto hasta entonces, que era la Ley 13/2011 y el Decreto 28/2016.

«Hechos contra anuncios», ha proclamado el consejero de Turismo, Arturo Bernal, que ha querido oponer la actividad de la Administración autonómica al anuncio que hizo el domingo en Málaga en un acto del PSOE el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Allí afirmó que se pondría en contacto con las plataformas anunciantes de inmuebles turísticos para que retiraran 16.740 viviendas.

Bernal ha reivindicado que el Gobierno andaluz aplica «una política racional» con las viviendas turísticas y se ha declarado convencido de que «nuestro sistema de control funciona», antes de invocar el derecho de un turista a «la reserva de una vivienda segura y legal».

De este modo, el consejero ha sostenido el hilo directo de su departamento con las plataformas mediadoras entre propietarios y usuarios «para la retirada de anuncios de viviendas sin número de registro autonómico«.

Por otro lado, el Grupo Socialista ha replicado ese argumento del control del mercado de viviendas turísticas. Sostiene que Andalucía ha crecido un 8,8% en la vivienda turística desde mayo de 2024 a 2025, por lo que ha hablado de «un crecimiento alarmente». Así, Isabel Aguilera ha afirmado que representa «el 25% de las viviendas turísticas de toda España».

En línea con el argumento de la intervención de Sánchez en Málaga ha reprochado al Gobierno andaluz que «ha permitido que dos de cada 10 viviendas turísticas hayan estado operando de forma ilegal«, para defender Aguilera que esa falta de supervisión »afecta a los empresarios que hacen las cosas bien«.

«Qué nos ofrece el Gobierno del señor Sánchez», se ha preguntado de forma retórica el consejero de Turismo, quien ha considerado que esos 16.740 inmuebles que Sánchez dijo que saldrían del registro de inmuebles de uso turístico para su puesta en el mercado de alquiler «son discursos y titulares falsos». La Junta reprocha la aprobación de un Registro Único de esas viviendas, cuando la administración regional se encarga de cancelar 10.500 viviendas. «Cancelaciones reales avalan esta afirmación», ha apuntado.

Bernal ha reivindicado el intercambio de información con ocho municipios (Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande y El Puerto de Santa María), y que está tramitación el acuerdo con otros 23 para la firma de «convenios para compartir datos».

En ese sentido, el consejero ha alertado de que su departamento trabaja con la Consejería de Fomento para «detectar viviendas de protección oficial destinadas ilegalmente a uso turístico«, aunque ha precisado que «no es un caso generalizado, pero cuando lo detectamos, lo cancelamos inmediatamente».

Así, ha defendido que las viviendas de uso turístico desde 2022 se encuentran en retroceso, para señalar a las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla como ejemplo. Además, ha planteado que su existencia propicia que «muchas familias disfruten de vacaciones que de otra forma no podrían».

El consejero de Turismo ha rechazado como «falso» la afirmación de diferentes grupos de la oposición sobre el peso de los fondos buitres en la propiedad de las viviendas turísticas y ha sostenido que «más del 90% son viviendas de pequeños tenedores».

Bernal ha asegurado que eran 10.266 viviendas turísticas canceladas contabilizadas hasta agosto y que ascienden a 10.586 hasta septiembre, por lo que ha inferido que «320 viviendas hemos cancelado en 15 días«, dato que ha presentado como «la buena marcha de servicios de inspección», además de argumentar que «no le pasamos la pelota a los ayuntamientos».