La Junta de Andalucía arremete contra el TC por parar el recurso contra la Ley de Amnistía

La decisión por tanto ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno andaluz y el Tribunal Constitucional que ya había sido abiertamente cuestionado en los últimos meses por parte del Ejecutivo a raíz de sus decisiones en torno al caso de los ERE que implicaron una revisión de las sentencias condenatorias, la retirada de la pena de cárcel a varios altos cargos socialistas, entre ellos, el expresidente José Antonio Griñán.

Si el tono contra el Tribunal Constitucional fue duro entonces, más lo ha sido este lunes a raíz de conocer la suspensión del recurso andaluz (al igual que el del resto de autonomías). La decisión es considerada por el Gobierno autonómico como una «barbaridad jurídica, un retroceso democrático y una estrategia de dilación que no tiene precedentes». Los servicios jurídicos andaluces analizarán si cabe recurso.

La suspensión de los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades autónomas fue adelantada por El País y confirmada por el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien mostró su «sorpresa y perplejidad política» por una decisión inesperada.

Es cierto que los recursos autonómicos ante el Tribunal Constitucional están condicionados por la normativa que establece que deben referirse a cuestiones que afecten a sus competencias. Pero en este caso la Junta de Andalucía al igual que el resto de comunidades denunciantes cuentan con el aval de sus servicios jurídicos que avalaron la formulación del recurso, del Consejo Consultivo y de la jurisprudencia del propio Tribunal. «No hay precedentes de una decisión como ésta, no hay casos en los que se haya puesto en duda la legitimación de las comunidades para poner un recurso sobre una cuestión que claramente nos afecta como la Ley de Amnistía», apuntó Sanz, quien incidió en que son varias comunidades del PP y una del PSOE (Castilla La Mancha) quienes han acordado el uso de esta vía.

«Vamos a analizar a fondo esta decisión. Y no queremos pensar ni podemos imaginarnos que se vaya a impedir que las comunidades podamos recurrir. Hay jurisprudencia y sentencias muy claras al respecto», ha apuntado Antonio Sanz, quien anunció que se encargará a los servicios jurídicos el estudio de un posible recurso sobre esta decisión: «Vamos a ver si cabe recurso, es un hito sin precedentes. Nos ha sorprendido, nos llena de perplejlidad y preocupación de hasta dónde se pueden ejecutar estrategias dilatorias ante algo que es claro que es una ley inconstitucional. Cuando la mayoría de las comunidades recurrimos está demostrada la legitimación».