La Junta de Andalucía aprueba sin necesidad de acuerdos su mayor presupuesto y presume de «estabilidad institucional»

Más allá de interpretaciones, la realidad es que el Parlamento de Andalucía ha avalado hoy un marco presupuestario de 46.753 millones de euros, la mayor cifra registrada hasta ahora y el mayor volumen de recursos públicos que se va a aprobar en este 2023 para el próximo ejercicio. Sólo podría superar estas cuentas el Gobierno de España, que no ha presentado su proyecto de ley. Mientras que las cifras que manejan el resto de comunidades autónomas están muy por detrás. Valencia ha aprobado recientemente sus presupuestos con 29.723 millones de euros, con un acuerdo entre PP y Vox, y Madrid ha hecho lo propio con la mayoría absoluta del PP, con 26.792 millones de euros. Esto avala el relato del Gobierno andaluz que se ha esforzado por situarse como referente a nivel nacional y por generar desde Andalucía una réplica a la investidura de Pedro Sánchez y los acuerdos suscritos para su investidura.

«Somos un gobierno sincero, honesto, y que cumple su palabra. Hemos hecho de Andalucía un territorio ambicioso, que no deja a nadie atrás, y la mejor tierra para vivir, trabajar e invertir. Estamos demostrando una gestión eficaz, solvencia y compromiso con un futuro mejor para Andalucía. Este presupuesto va mucho más allá de los números. Siempre poniendo por delante a los andaluces», explicó la consejera de Hacienda, que reforzó sus argumentos con comparativas con otras comunidades: «En política fiscal somos después de Madrid la segunda comunidad con más competitividad y en endeudamiento con un 20,2% sobre el PIB estamos por debajo de Cataluña, Valencia Murcia y Castilla La Mancha».

Pero Andalucía no resiste todas las comparativas. Y ahí puso el acento la oposición en sus argumentaciones. La comunidad autónoma mantiene los índices más altos de desempleo, los más bajos del PIB autonómico y encabeza las clasificaciones de zonas donde reside población con menores niveles de ingresos. Y para el PSOE-A las cuentas aprobadas hoy por el Parlamento no dan respuesta a esta realidad, y así se reflejó en la defensa de la enmienda a la totalidad registrada por parte de la diputada Alicia Murillo: «Este presupuesto no fomenta la justicia social ni la igualdad, no pasa la prueba del algodón del andalucismo. No sirve para Andalucía. Son una máquina de generar desigualdad en Andalucía con sus políticas injustas. Están creando andaluces de primera y andaluces de segunda».

También Con Andalucía defendió su enmienda a la totalidad compartiendo argumentos con el PSOE en cuestiones como la política fiscal. «Los impuestos en los que ustedes han hecho rebajas y han reducido la cuota tributaria a quienes más tienen aportan cada año menos porcentaje a la recaudación. Desprenderse de estos recursos genera un roto en los servicios y un enjuague de ese roto con las transferencias crecientes que recibe del Estado», explicó la portavoz Inmaculada Nieto. También Adelante Andalucía registró su propia enmienda a la totalidad y defendió su rechazo a las cuentas. El único grupo que no lo hizo fue Vox, que cuestionó las bases del proyecto de Presupuestos, aunque anunció su intención de ir directamente al procedimiento de enmiendas parciales. La consejera agradeció esta decisión: «En Andalucía siempre nos ha ido mejor cuando ha habido acuerdos».

No obstante, la mayoría absoluta resta todo impacto a las enmiendas a la totalidad formuladas por los grupos de la oposición. El marco presupuestario, la envolvente, se mantiene intacta de acuerdo con los planteamientos del Gobierno andaluz que ha podido diseñarla por segundo año consecutivo en solitario y sin necesidad de ningún acuerdo con otras formaciones políticas. No obstante, la consejera hizo un llamamiento a los grupos políticos a alcanzar acuerdos concretos durante la tramitación de las cuentas como ya ocurrió el año pasado con el objetivo de mantener el relato de un «gobierno de diálogo» en Andalucía. Ese proceso arrancará ahora con la presentación de las enmiendas parciales de los presupuestos que ya no podrán mover grandes cantidades, sino únicamente modificar partidas asignadas a cada una de las consejerías.