La Junta de Andalucía alega «impunidad» y la pérdida de 680 millones para llevar el caso ERE a la Justicia Europea
La Administración autonómica corrige su estrategia jurídica en la etapa del PSOE, cuando pidió archivar la causa contra Chaves y Griñán
La Junta de Andalucía da un volantazo en el caso ERE y pide personarse como víctima del saqueo tras retirarse en la etapa del PSOE
La Junta de Andalucía corrige su rumbo en el caso ERE. Casi nueve años después de retirarse como acusación particular en la pieza principal del proceso que sentó en el banquillo (y condenó) a los expresidentes regionales Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el Gabinete Jurídico autonómico va a solicitar a la Audiencia Provincial de Sevilla su personación como parte perjudicada con el objetivo de «intentar llegar hasta el final en la recuperación del dinero defraudado, cifrado en 679.412.179,09 euros» mediante una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo en «el mayor caso de corrupción de la historia política de España». Así lo ha precisado el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, en un audio con declaraciones distribuido por la Junta, después del anuncio del presidente regional, Juanma Moreno.
El Gobierno andaluz del PP ha encontrado un resquicio legal para recuperar el terreno perdido durante el mandato del PSOE en este proceso de corrupción. Da un paso al frente para representar los intereses de los andaluces que se vieron perjudicados por el fraude de las ayudas a empresas en crisis apurando al máximo el plazo de tres días que se había dado la Audiencia Provincial de Sevilla para llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el viraje que el Tribunal Constitucional (TC) imprimió a esta causa. Aplicando una nueva doctrina, el órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido anuló total o parcialmente las penas de inhabilitación y/o prisión impuestas a una decena de ex altos cargos socialistas de la Junta, entre ellos, Chaves y Griñán.
La Junta de Andalucía considera que la doctrina que establece el Constitucional, con las sentencias dictadas en julio de 2024 «puede generar un escenario de impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial» que impediría reparar el daño causado a los intereses de la comunidad autónoma.
El consejero Antonio Sanz dio la «orden» de que la Junta se persone «en esta causa a través del Gabinete Jurídico»
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP) ha anunciado este lunes la solicitud de personación en unas declaraciones ante los periodistas a su llegada al Comité Ejecutivo del PP. «Dadas las circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que ha habido una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla y una sentencia corroborada y confirmada por el (Tribunal) Supremo, la Junta de Andalucía va a volver a personarse a lo largo del día de hoy [por ayer] o de mañana [por hoy]», expuso. «Nosotros tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta de Andalucía y, por tanto, nuestra labor es aclarar, denunciar y, sobre todo, tener toda la información y que esos 700 millones de euros vuelvan a las arcas públicas», se justificó.
Antonio Sanz, del que depende el equipo de letrados autonómicos, expuso que ha sido él quien ha dado «orden» de que la Junta se persone «en esta causa a través del Gabinete Jurídico» del Gobierno autonómico «para proteger y defender el interés de los andaluces».
La Junta de Andalucía tiene previsto presentar este martes un escrito como parte en la Audiencia de Sevilla para ser oída ante la cuestión prejudicial que estudia elevar al tribunal con sede en Luxemburgo. Precisamente este martes vence el plazo de tres días que se habían marcado los magistrados de Sevilla para deliberar sobre la cuestión prejudicial.
La Junta defenderá su interés legítimo
En su escrito hará constar que tiene un «interés legítimo» vinculado a la recuperación de las cantidades y al ejercicio de la acción civil que se reservó cuando decidió retirar la acusación, en el año 2016. Y, por ello, considera «necesario» que la Junta de Andalucía «se persone y sea oída» para poder defender sus intereses patrimoniales.
La Junta se opone a la decisión de la corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido. Por siete votos a favor de los magistrados progresistas frente a los cuatro en contra del bloque conservador, fijó la doctrina de que el método de subvenciones diseñado para empresas en crisis se apoyaba en las leyes de presupuestos autonómicas, por lo que no hubo prevaricación y malversación por el mero hecho de que el fondo figuraba en las cuentas de la Junta.
Los argumentos de la Junta para ir a Europa
El Tratado de Funcionamiento de la UE, en su artículo 325, obliga a todos los poderes públicos de los Estados miembros de la Unión, entre los que se halla la Junta de Andalucía, a ejercer las acciones de recuperación de fondos públicos que hayan sido defraudados, una posición que es conforme a la jurisprudencia que ha fijado el propio TJUE, alegará el Gabinete Jurídico. Prueba de ese interés legítimo es también que la Junta de Andalucía ya formuló denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
Finalmente, la Junta apelará al artículo 7 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, según el cual las personas cuyos derechos e intereses legítimos pudieran resultar afectados por una decisión tienen derechos, antes de que se dicte resolución, a ser oídas, a formular alegaciones, a aportar documentos y a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico.
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En su escrito, la Junta formulará alegaciones a favor de plantear la cuestión prejudicial apoyando los cuatro argumentos de la Audiencia para emprender este camino. Así, defiende que el TC se ha extralimitado en sus funciones y que sus diez sentencias tendría una «innegable afectación negativa al resarcimiento económico de la Junta». Explicará que hay motivos para considerar que el TC ha invadido ámbitos reservados a la jurisdicción de jueces y tribunales. Además, considera que la interpretación que hace sobre las leyes de presupuestos de la Junta de 2002 a 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitarias.
Por todo ello, se podría estar incumpliendo las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo procedente plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE.
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