El juicio a varios altos cargos de la Delegación de Educación en Sevilla por nombramientos irregulares arranca el 12 de enero

El juicio está fijado para su comienzo en tal fecha, después de un señalamiento inicial en febrero de 2023, que habría sido suspendido a cuenta de la incidencia de la huelga indefinida que celebraban entonces los Letrados de la Administración de Justicia.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el Ministerio Público se pronuncia sobre la investigación correspondiente a la designación de profesores de los cuerpos docentes no universitarios para su adscripción al Comisionado del Polígono Sur, para «colaborar con el estudio de las necesidades de dicha zona» desfavorecida de Sevilla, tratándose del barrio con menor renta neta media anual por persona de toda España.

A tal efecto, la Fiscalía rememora que el 11 de noviembre de 2004 se firmó el convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Comisionado para el Polígono Sur, determinando que la Consejería adscribiría durante el curso a cuatro profesores de cualquiera de los cuerpos docentes no universitarios al Comisionado.

«El procedimiento indicado en el convenio no establece que la provisión de los cuatro docentes se realizara por el sistema de libre designación, debiéndose en todo caso respetar la normativa vigente y los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», recuerda la Fiscalía.

No obstante, para el curso 2014/2015, según la Fiscalía, los representantes del Comisionado propusieron tres candidatos« y la jefa del Servicio de Ordenación de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla y acusada en el caso, Carmen L.P. «excediendo su competencia, propuso verbalmente a la también acusada Anaís Sara M.M., pese a conocer que no reunía los requisitos al no ser funcionaria de carrera docente no universitaria ni interina de alguna bolsa de trabajo de la Consejería de Educación», siendo la misma «hija de Alberto M.N., jefe de Inspección educativa de la Junta».

Según la Fiscalía, el también acusado Luis Manuel S.A., jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, «a sabiendas de lo anterior» y antes de que Carmen L.P. formalizase su propuesta, «procedió a inscribir en el sistema integrado de recursos humanos el nombramiento de Anaís para el nombramiento«, tras lo cual Francisco Díaz Morillo, como entonces delegado territorial de la Consejería de Educación, también «a sabiendas de ello y sin hacer comprobación alguna, procedió al nombramiento definitivo» de Anaís, quien de su lado aceptó «a sabiendas de que carecía de los requisitos necesarios».

Según la Fiscalía, Díaz Morillo formalizó el nombramiento de esta persona el día 1 de septiembre de 2014, pero ella, que había participado en una convocatoria extraordinaria de bolsa de aspirante a interinidad, «no figuró en las listas definitivas como incorporada a la bolsa de aspirantes a interinidad del cuerpo de artes plásticas y diseño hasta el 9 de septiembre» de este año. Previamente, sólo figuraba en las listas «provisionales» de dicha convocatoria.

Además, Luis Manuel S.A. «fue advertido« el 1 de septiembre por la Dirección General del Profesorado y de Recursos Humanos del error de procedimiento administrativo al efectuar el nombramiento con efectos a 1 de septiembre en lugar del 9 de septiembre«, pero «no realizó ninguna rectificación, manteniendo una situación irregular que dio lugar a que otra persona de la misma bolsa que se sintió perjudicada interpusiera el correspondiente recurso», según el Ministerio Público.

La Fiscalía aprecia ante estos hechos dos supuestos delitos de prevaricación y uno de falsedad en documento público, solicitando para Carmen L.P., Luis Manuel S.A. y Díaz Morillo 3.000 euros de multa para cada uno de ellos por el primer delito de prevaricación y un año y medio de suspensión de empleo o cargo público; la misma pena a Anaís Sara M.M. por el otro delito de prevaricación y tres años y seis meses de prisión, tres años de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros a Carmen L.P. por el delito de falsedad en documento público.