Un juez investiga un montaje de la Policía contra el jefe antinarco de la Guardia Civil

El atestado que firma este inspector es el germen del fin de la carrera de estos agentes al frente de la lucha contra la narco. El inspector acudirá para responder como querellado con su abogado. Es una garantía procesal, ya que el juzgado trata de averiguar si incurrió en delitos de acusación o denuncia falsa, estafa procesal y falsedad documental contra estos dos mandos de la Guardia Civil.

Además, el 12 de febrero hay citados ocho testigos en el mismo juzgado, que son los agentes bajo el mando de este instructor del atestado. Tendrán que declarar cómo se recabaron las pruebas que acabaron con la carrera contra el narco de David Oliva. La querella presentada va, además, contra el instructor del atestado de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que por el momento no está citado, a la espera de lo que pueda salir de la declaración de los policías nacionales. «Asuntos Internos dio el atestado a Udyco para que lo explotara. Lo sacó de un cajón y se lo dio», afirman fuentes conocedoras del proceso judicial.

Estas mismas fuentes explican a ABC que todo parte de la detención en dos ocasiones de un traficante. En 2021, OCON lleva a cabo la operación 'Rincón', donde se detiene a un sujeto que se encargaba de dar cobertura a las organizaciones escuchando los radio teléfonos de la Policía y de la Guardia Civil. Meses después, ese mismo detenido vuelve a caer en la operación 'Polo Rojo'. Estaba al frente de un grupo de tres guardias civiles que colaboraban con el narcotráfico.

En el estudio de sus teléfonos móviles, los dirigentes de OCON descubren dos cosas: una, que este traficante es informante de Asuntos Internos; y la segunda, que ha pasado información sobre ellos para una investigación que se está llevando a cabo. Las fuentes explican que en octubre del 2021 se informa al jefe de Asuntos Internos en la Comandancia de Málaga, con otros mandos de la Guardia Civil como testigos, que saben que la operación 'Varea' es contra OCON-SUR. Meses después, el comandante Oliva y la Comandancia de Algeciras emiten dos informes poniendo en conocimiento de la Guardia Civil que los dirigentes de OCON están siendo investigados.

Además, en enero del 2022 un guardia civil avisa de la investigación. Este agente reconoció también en la Audiencia Nacional haber informado a los jefes OCON de la operación contra ellos por parte de Udyco y de Asuntos Internos. La denuncia contra ellos se registra por parte de la Fiscalía Antidroga el 7 de febrero de ese año. La querella ahora desmonta con periciales aquella pruebas y supuestamente acredita que 13 de las 15 vigilancias son falsas, además de que las otras dos no se pueden demostrar.

El atestado esgrime un investigación desde 2019 a 2022. Asuntos internos se puso tras los pasos de OCON sólo un año después de su creación. Lo que buscaba era la vinculación de Oliva y Fuentes con el clan de Los Ariza. Según las investigaciones, tenían relación estrecha con uno de los miembros de esta familia.

Sin embargo, en la documentación a la que ha tenido acceso ABC sobre este caso se expone que Fuentes tiene una relación desde niño con David Verdejo, al que se achaca ser parte del clan de Los Ariza, pero que no tiene ni antecedentes penales ni policiales por narcotráfico y que nade hace suponer que sea un narco en el Estrecho de Gibraltar

Los jefes de OCON estiman, tras evaluar la documentación, que no se hizo una vigilancia hasta 2021 y que todo se construyó con las información del narco y otro confidente. Después del verano de 2022 se ponen en conocimiento de la superioridad de la Guardia Civil la investigación en la Audiencia Nacional contra Oliva y su subalterno por narcotráfico y organización criminal.

En un primer momento, se pide a David Oliva que dimita como comandante del grupo especial antidroga, pero se niega a hacerlo. En esas fechas el Ministerio Interior anuncia el cierre de OCON por motivos operativos. El motivo que se ha alegado hasta ahora es el sobrecoste del operativo por las comisiones de servicio de 150 agentes.

Las fuentes echan cuentas. En los 48 meses de comisión con 150 guardias desplazados a unos 2.000 euros al mes son 14,4 millones. Eso para un organismo que solo en dinero en metálico incautó más 58 millones de euros, a lo que hay que sumar, según datos oficiales, siete millones más en cuentas corrientes y unos 250 millones en bienes de diferente índole.

Sea por el motivo que fuera, por la investigación contra Oliva o por el coste del operativo, OCON fue cerrado. Mientras tanto, el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional siguió con la investigación, en la que acabó archivando los delitos de organización criminal y narcotráfico. Sin embargo, una nueva diligencia del Servicio de Asuntos Internos dejó viva la acusación. En octubre de 2022 se abrió una pieza separada por revelación de secretos y cohecho.

Se hace cuando ya los dos están fuera de OCON. Oliva estaba en la Comandancia de Málaga y Fuentes en Ceuta. La Audiencia Nacional archiva su parte y se inhibe en favor de un juzgado de Parla para que continúe el proceso contra los jefes de OCON-SUR. En uno de los autos de 2024 desde la Audiencia Nacional se insta a los dos procesados a formar sus propio criterios sin confiar en la Fiscalía. «Estima que no pueden defenderse con todas las garantías procesales», añaden las fuentes del caso a ABC.

Esta pieza nace de esa investigación que inicia Asuntos Internos de la Guardia Civil después del cierre de OCON. En ese momento, Asuntos Internos persigue un posible 'enchufe' en OCON de un teniente de Asuntos Internos a cambio de información sobre la investigación que se estaba realizando contra Oliva. Para eso pinchan el teléfono de Fuentes.

Al juzgado de Parla recae como fiscal para esta investigación el mismo de Antidroga que llevó el proceso en la Audiencia Nacional y que presentó la denuncia con los dos instructores contra los que se han querellado los dos jefes de antidroga. Aún así, la fiscalía pide un informe a Asuntos Internos sobre la revelación de secretos y el cohecho, donde admite que en el atestado con el que se inicia todo el proceso se exponen hechos en esta investigación «sin contrastar».

Y ante todo eso, se pone una querella que han tenido que pelear. Primero estiman ponerla en Algeciras, por ser el centro de las operaciones de OCON, pero luego cambian y se van a Madrid. Es donde estaba Oliva, que ahora mismo está sin destino mientras se resuelve el caso.

La querella se presenta en enero de 2024 en el Juzgado de Instrucción 18 de Madrid, pero tras un tiempo de espera queda desestimada. La razón por la que no se admite es porque es una cuestión que ya se está dirimiendo en un juzgado de Parla, que es donde está la central de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Los jefes de OCON recurren ante el mismo juzgado, que les vuelve a negar la admisión.

Así, con ese segundo rechazo se van a la Audiencia Provincial de Madrid, que esta vez sí les da la razón y ordena abrir diligencia de investigación sobre lo hechos que se denuncian. En base a esa admisión es la que se producirá la declaración del inspector y de los ocho testigos sobre cómo se recabaron las pruebas que acabaron con la cruzada contra el narco en Andalucía.