El juez impone fianzas civiles de 29 millones a CCOO y UGT por el ERE de la fábrica de embutidos que dio origen al fraude

Esta pieza separada de la macrocausa de corrupción de los ERE se centra en los 19.966.870 euros en fondos públicos que acaparó una fábrica de chorizos y embutidos conocida en su germen como Cárnicas Molina que tenía cierto peso económico en la provincia de Jaén y que dio origen al sistema ilícito de ayudas que investiga el magistrado José Ignacio Vilaplana.

Mediante un auto dictado el 28 de julio pasado, facilitado a ABC, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla incrementa la cuantía de las fianzas fijadas para asegurar la recuperación del dinero defraudado tras estimar un recurso de reforma presentado por la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía.

Tras la rectificación, las cantidades que deben prestar los responsables civiles subsidiarios ascienden en total a 82.286.666 euros, de los cuales CCOO y UGT deberán de responder a un total de 29.123.328 euros en el caso de que los cuatro sindicalistas que intervinieron en los «acuerdos y componendas» de las subvenciones no pagaran. Si no depositan las fianzas, el juez advierte de que «se les embargarán los bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma» solicitada antes del juicio que está pendiente de celebrarse en la Audiencia Provincial de Sevilla.

La resolución detalla que a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras se le reclama 17.721.113 euros, al otro sindicato se le pide dinero por partida doble de manera subsidiaria: 5.701.107 euros a la UGT, con sede en Madrid, y similar cuantía a la federación andaluza de la UGT. Completan el cuadro de responsables civiles subsidiarios las empresas Primayor Foods S.L., Primayor Alimentación Andalucía S.A., y el grupo Campofrío, que se enfrentan a fianzas de 17.721.113 euros cada una. El juez les dio 24 horas desde la notificación del auto para depositar el dinero, plazo que venció a finales de julio, pero contra dicha decisión cabía interponer recursos.

En lo que afecta a los citados sindicatos, los investigados son el conseguidor Juan Lanzas Fernández, Manuel José L.B. y Luis Javier G.D.L.R, «en su condición de dirigentes, afiliados y representantes del sindicato UGT», mientras que Damián J.R. actuaba en nombre de CCOO. Compartirán el banquillo con varios directivos de Hamsa; dos «intrusos»; un directivo de la mediadora Vitalia; un abogado y un presunto testaferro de Lanzas.

En el auto del 16 de diciembre de 2022 que puso fin a esta pieza del rompecabezas de los ERE, el juez destacó que los integrantes de la mesa negociadora de los despidos en Hamsa eran «conocedores de la falta de control» que reinaba en la Dirección General de Trabajo de la Junta en torno a la formalización de pólizas de prejubilación. Y supuestamente no dudaron en sacar tajada colocando a sus propias esposas de sindicalistas como aseguradas en la póliza de renta colectiva suscrita en 2001 y financiada por la Junta a la empresa malagueña Hytemasa, donde éstas «nunca habían trabajado».

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Antonio R. Vega

De este modo, accedieron a ayudas irregulares César B. P., el fallecido consejero delegado de Hamsa, y también Juan Lanzas, quien, según el juez, «ostentaría el cargo de secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT» cuando, como asesor de los trabajadores, medió ante la Junta para «la obtención irregular de las ayudas» a la fábrica de Jaén. Por su gestión recibió una mordida de 88.892,47 euros a través de un testaferro.

«Amparado por el mismo concierto voluntades entre los implicados y los responsables de la Consejería de Empleo, en esa misma póliza de Hytemasa se incluyeron como beneficiarios irregulares («intrusos»), simulando –sin ser ello cierto– ser trabajadores de dicha sociedad, a Patrocinio S.G., la esposa de Lanzas, a María de las Nieves R. P., cónyuge de otro miembro de UGT, y Josefa M. E., la mujer del sindicalista Luis Javier G.D.L.R. «Merced a sus acuerdos y componendas» en el año 2002, dentro de otra póliza financiada con fondos públicos a los extrabajadores de Dhul, vinculada al fallecido José María Ruiz Mateos, se coló a Fernanda G. V., esposa de Damián J. R., exdelegado de CCOO.

Entre 1993 y 2010, Hamsa y las sociedades que después trataron de reflotar la fábrica de embutidos, con nulo éxito, captaron de la Administración 74.301.338,58 euros a través de subvenciones, préstamos y avales, sin tener en cuenta otros incentivos para hacer inversiones. A pesar de la riada de ayudas recibidas, la empresa de Jaén no consiguió ser rentable bajo la gestión de Primayor. Lastrada por las pérdidas, «terminó presentando un procedimiento concursal voluntario el día 11 de julio de 2007», refiere el juez.

El método ERE nació como un atajo a los obstáculos que habían puesto la Comisión Europea (CE) y los interventores de la Junta de Andalucía a las primeras ayudas concedidas a Cárnicas Molina. En febrero de 1999, Bruselas declaró que dichas subvenciones de la Junta, canalizadas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –el germen de la Agencia IDEA–, eran incompatibles con el mercado común y ordenó su devolución.

Para sortear estos reparos legales, la Consejería de Empleo ideó un nuevo procedimiento que consistía en que ella repartía las ayudas a través de la Dirección General de Trabajo, pero en lugar de pagarlas directamente, el Gobierno andaluz optó por hacerlo a través de un órgano externo, IFA/IDEA, enviándole el dinero a través de transferencias de financiación. De este modo, se pudo «hacer llegar el dinero público a su destinatario final sin que fuera objeto de control alguno», advirtió el instructor.