Juanma Moreno lleva a Pedro Sánchez cien reclamaciones y la oposición andaluza al cupo catalán

Los acuerdos alcanzados para las investiduras de Pedro Sánchez y de Salvador Illa condicionan por completo esta tercera reunión, la primera de la legislatura, que se ha retrasado casi dos años desde las elecciones que le dieron a Juanma Moreno la mayoría absoluta. Tanto es así que el punto de partida es que no puede haber ningún acuerdo en cuanto a mejora de la financiación autonómica que salga de esa mesa. Así lo ha aprobado formalmente el Consejo de Gobierno y así se ha comprometido el presidente andaluz con el resto de barones del PP. La vía bilateral, que en 2021, era una reivindicación, en las circunstancias actuales ya no es una opción: la prioridad es alcanzar un acuerdo para lograr una «financiación justa e igual para todos y recuperar la normalidad institucional a través de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes que lleva pendiente desde diciembre de 2023» y cuyo retraso ha sido incluso recurrido al Tribunal Contencioso Administrativo.

Aún así en materia de financiación hay elementos clave que serán abordados en la reunión aunque no deriven en acuerdos concretos: el citado fondo de nivelación, las consecuencias del acuerdo entre PSC y ERC para Cataluña, la posible condonación de deuda que para Andalucía supondría más de 16.000 millones de euros; la aprobación de la senda de déficit que tiene en el aire 400 millones de euros de los Presupuestos autonómicos del próximo año o la cesión de nuevas competencias como la red de ferrocarriles que aumentarían los niveles de autogobierno. «Queremos lo mejor para Cataluña, pero lo mismo para Andalucía», expresó el presidente andaluz, Juanma Moreno el miércoles. Todas estas cuestiones están en la mesa de negociación con la Generalitat presidida ahora por Salvador Illa.

Pero al margen de la financiación, la agenda de reclamaciones de Juanma Moreno es extensa con el Gobierno de Pedro Sánchez desde que en 2018 iniciaron una compleja coexistencia con un ambiente que se ha ido enrareciendo y tensando con el paso de los años, y el incremento del ruido político a nivel nacional. En 2021 el cuaderno de reivindicaciones lo conformaron 68 puntos de todos los ámbitos con una fuerte presencia entonces de las medidas post-pandemia, aún muy presente en esas fechas. Un año después, en la segunda reunión, el dossier de «agravios» se elevó a 86 medidas. Para 2024, el listado se amplía a un centenar de medidas, muchas de ellas repetidas.

En ambos documentos es fácil encontrar referencias a algunas de las prioridades que estarán hoy sobre la mesa. El diagnóstico de las infraestructuras ferroviarias es similar también pese al paso del tiempo. «La red ferroviaria presenta deficiencias. Es necesario evitar reducciones de servicios así como realizar una revisión del mapa ferroviario andaluz y su conexión con el resto de la península priorizando el impulso del corredor mediterráneo». Esta referencia está en el documento de 2021, en el de 2022, y ahora en el de 2024. La diferencia, no obstante, es que entonces había previsión de que el Gobierno tuviera Presupuestos cada año. Ahora, la inercia es la contraria. Este año no habido cuentas del Estado y la previsión es que tampoco las haya en el año 2025 salvo un giro inesperado en las dinámicas del Congreso (nunca descartable). Por tanto, más allá de planificaciones (como reactivar el eje Sevilla-Huelva o el corredor de la Costa del Sol) y de compromisos de mejoras de gestión, será difícil una concreción de las reivindicaciones autonómicas.

Más posibilidades de avances hay en otros ámbitos. En 2021 y 2022 ya se habló de sequía. Y se solicitaron acuerdos para el desbloqueo de la presa de Alcolea o para la construcción de desaladoras en el levante andaluz. Entonces las reservas de agua estaban casi 9 puntos por encima de las que tienen en estos momentos los embalses andaluces. Se ha avanzado en estas infraestructuras, hay diálogo, incluso una planificación ya aprobada de inversiones del Estado en desalación en la comunidad autónoma que asciende a 700 millones de euros a través de Acuamed. Pero los proyectos siguen sin ser una realidad. Y hoy vuelven a ser una prioridad ante un posible empeoramiento de las reservas que deje a Andalucía en una situación similar a la que tenía en primavera de este año. En este caso, los fondos son europeos o están ya garantizados sin depender por tanto de los Presupuestos del Estado.

La tercera prioridad está más atascada. Ya figuraba en 2021 y 2022: el desacuerdo de Andalucía con el plan de inversiones de Red Eléctrica de España en Andalucía. En 2021, la Junta se quejaba de que se le habían asignado sólo 526 millones y se reivindicaban 780 (equivalente al peso de la población andaluza). El reparto para los intereses de Andalucía no sólo no mejoró sino que empeoró. En 2023 se estableció una revisión del plan que incorporó 489 millones de euros más, de los cuales sólo 7,2 se asignaron a Andalucía. El Gobierno autonómico reclama una batería de proyectos que considera fundamentales para el desarrollo de inversiones estratégicas.

Además de estas prioridades, sobre la mesa siguen sobrevolando otros temas pendientes en los que las posiciones de Andalucía y del Gobierno de España se han ido distanciando en los últimos años o han cambiado el contexto. En 2021, la agenda de Juanma Moreno llevaba la inmigración y la necesidad de recursos para la atención a menores. Hoy estamos inmersos en una crisis migratoria y en un proceso de reforma de la Ley de Extranjería en el que Andalucía puede tener un papel fundamental.

También como han expresado en los últimos días la portavoz del Gobierno, Carolina España, o la consejera de Empleo, Rocío Blanco, hay reivindicaciones para que se pongan en marcha más fondos para desempleados, que se incremente la aportación para la dependencia o que se busquen soluciones para puntos de desencuentros como el que provocó que la Consejería de Desarrollo Educativo devuelva 119 millones de euros de fondos europeos para la educación gratuita de cero a tres años y ahora tenga buscar recursos para poder implantarla. Incluso el futuro de Gibraltar tras el Bréxit, que está ante un nuevo intento de acuerdo, lleva cinco años encima de la mesa sin que se hayan acercado las posiciones hasta el punto de que la Junta sigue reclamando una posición para tener información sobre las negociaciones que de momento no se le concede.

Pese a la completa agenda, la posición del Gobierno andaluz es de «desconfianza y pocas expectativas». A diferencia de otros episodios en los que la Junta buscaba el entendimiento, como ha sido el caso de Doñana o de la sequía, en este caso hay una predisposición al desencuentro dados los antecedentes y el clima de tensión provocado por acuerdos como la Ley de Amnistía o el marco de financiación singular para Cataluña. Juanma Moreno acude acompañado del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Antonio Sanz. Mientras que junto a Pedro Sánchez estará el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con amplía experiencia en el ámbito autonómico como expresidente de Canarias y como interlocutor con las comunidades. Andalucía será la tercera en esta ronda de reuniones después del País Vasco y Galicia que tienen sus citas en esta misma jornada. Le seguirán el resto de líderes que decidan acudir (hay algunos como Isabel Díaz Ayuso con posición contraria a estos encuentros) respetando en la medida de lo posible el orden de aprobación de los estatutos de autonomía.

En el otro lado, los grupos de la oposición que reivindican un cambio de posición y que haya disposición al diálogo por parte del Gobierno andaluz. El PSOE-A o Por Andalucía han reclamado que use la vía bilateral que prevé el Estatuto de Autonomía para financiación y para más autogobierno y que Andalucía ponga encima de la mesa una propuesta de mejora de la financiación que permita aprovechar la vía abierta por Cataluña con su acuerdo para un marco singular.

El presidente andaluz, además, aprovechará la reunión para afianzar su posición en torno a las últimas polémicas que han enfrentado al Gobierno de España y al Ejecutivo autonómico en materia de sanidad, educación, política fiscal o ejecución de los fondos europeos y para desmentir afirmaciones que se han realizado por parte del Ejecutivo en las últimas semanas (como el caso de la renuncia a los fondos para la educación gratuita de 0 a 3 años) que la Junta considera «inexactas».