Junta y Gobierno acuerdan una estrategia valorada en 1.400 millones para Doñana y ayudas a agricultores para suprimir regadíos

El acuerdo firmado realmente es una declaración política de intenciones de ambas administraciones en la que se comprometen a trabajar de forma conjunta en la protección de Doñana, en el desarrollo socioeconómico de la zona, en el cumplimiento de la legalidad vigente, en la respuesta a los agricultores con cultivos de regadíos afectados por el acuífero y en una actuación coordinada ante el expediente de la Comisión Europea. Por eso, en el documento firmado no hay ni medidas concretas ni presupuesto.

Pero detrás de este protocolo firmado hay una batería de compromisos y de actuaciones concretas vinculadas con el entorno de Doñana que ejecutarán las dos administraciones en los próximos años. Cada una por su cuenta pero ambas de forma coordinada. Estas medidas están valoradas en 1.400 millones de euros. Este importe se distribuye entre más 700 millones que asume el Gobierno de España (360 ya aprobados en 2022 a los que se suman otros 350 millones) y otra cuantía similar que pone encima de la mesa el Gobierno autonómico entre inversiones hidráulicas y distintos programas de impulso del entorno. En este programa hay medidas que están ya en marcha, otras estaban ya presupuestadas y otras son de nueva incorporación. Se incluyen todos los fondos europeos, cualquier intervención en el entorno de Doñana e incluso las ayudas de la PAC. Todo suma para esta estrategia de Doñana.

Y el primer gran punto del acuerdo destacado por sus firmantes es el alcance de esta estrategia. El plan se va a desarrollar en todo el entorno de Doñana, en una superficie de 2.900 kilómetros cuadrados donde reside una población de 206.547 personas distribuidos por 14 municipios de tres provincias distintas. Concretamente, el desarrollo del plan afecta a Sanlúcar (Cádiz); Almonte, Bollullos, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos y Rociana (en Huelva) y Aznácazar, Pilas La Puebla del Río, Villamanrique e Isla Mayor (en Sevilla). Por tanto, va mucho más allá de los municipios limítrofes con Doñana. Según los datos que figuran en los informes suscritos por ambas administraciones, el 38,3% de los afiliados en ese entorno pertenecen al sector primario.

El punto clave de este pacto es la solución que se ha encontrado para los agricultores con cultivos de regadío, principalmente de frutos rojos, en el entorno de Doñana, para evitar que usen agua del acuífero de Doñana. Este problema fue el que hizo estallar el conflicto hasta desembocar en una Ley de Regadíos que ahora se retira. Después de meses de negociación, la solución encontrada es la más favorable para los agricultores.

Las dos administraciones han pactado un sistema de incentivos para que estas superficies agrícolas se transformen sin que en ningún caso se produzcan adquisiciones de suelos. En los catorce municipios del entorno de Doñana hay 895 explotaciones con 4.479 parcelas repartidas en una superficie de 8.325 hectáreas. Para todas ellas se plantean tres opciones. No habrá excepciones con independencia de la situación legal y administrativa de los cultivos, aunque no se paralizarán expedientes que estén en curso.

La primera propuesta en el acuerdo consiste en la renaturalización de las superficies agrarias. Podrán acceder a unas ayudas de 10.000 euros al año por hectárea, que abonarán entre el Gobierno de España (7.000 euros), la Junta de Andalucía (1.000 euros), y la Diputación Provincial de Huelva (2.000), durante un periodo de diez años (que de acuerdo con la Junta de Andalucía podría reducirse a cinco años). En total, 100.000 euros. Los empresarios se comprometerán a mantener el nuevo uso forestal de los suelos durante un periodo de 30 años. La titularidad de los suelos la mantendrían. El acceso a estas ayudas se realizaría mediante convocatoria y habrá una oficina para coordinarlas.

La segunda posibilidad que se abre con el acuerdo suscrito consiste en la implantación de nuevos cultivos de secano por parte de los agricultores. En este caso, las ayudas serán inferiores. Recibirán 2.500 euros por parte del Ministerio al año por hectárea . La tercera opción a la que podrán acceder los agricultores es implantar modelos de agricultura ecológica. En este caso, las ayudas por parte del Ministerio ascienden a 1.000 euros por hectárea con un periodo de cinco años. Junta de Andalucia y la Diputación Provincial de Huelva aún no han concretado su participación en estas otras dos propuestas para los agricultores.

«Es un pacto histórico que responde al interés general de Doñana, de Huelva, de Andalucía y de toda España», apuntó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En este mismo sentido, la vicepresidenta del Gobierno expresó su satisfacción y destacó la importancia a nivel internacional dado que la situación de Doñana había traspasado las fronteras del territorio español: «Es un reflejo de los compromisos con los vecinos y vecinas de Doñana y respondemos a los mandatos de la legislación europea», indicó Teresa Ribera. De hecho, uno de los puntos del acuerdo es dar una respuesta coordinada para que concluya el procedimiento abierto por la Comisión Europea por Doñana.

Además de este plan de ayudas específicas a los agricultores, el acuerdo establece 334,8 millones en inversiones de carácter hidráulico por parte de la Junta. Se trata de proyectos que en algunos casos ya están iniciados pero que tienen impacto sobre el entorno de Doñana y sobre la falta de agua. La inversión más cuantiosa incorporada en esta planificación es la EDAR Copero ubicada en Dos Hermanas con 70 millones. Se incluyen también otras estaciones depuradoras en La Antilla, Mazagón, Matalascañas, o Sanlúcar. Hay 12 millones también incluidos para la mejora del abastecimiento en Isla Mayor y Burguillos.

La Junta también asume un plan de apoyo al sector pesquero por un importe de 23,5 millones de euros que incluye el plan de gestión de la coquina, ayudas vinculados a la captura de bívalos como la chirla en Sanlúcar o tareas de control científico. En cuanto a la agricultura, se cifra la inversión por parte de la Junta de Andalucía en 251,5 millones de euros en medidas ya previstas o de nueva incorporación y otros 96,3 millones para el espacio natural de Doñana, una cifra que incorpora proyectos como la adquisición de la Veta de la Palma (72 millones).

Por parte del Ministerio, dentro de los 350 millones adicionales que se incorporan en este acuerdo se recoge un plan extraordinario de 32 millones para mejorar las condiciones de vida de los temporeros con alojamientos y medidas sociales y 30 millones para el desarrollo de energías renovables. Los ayuntamientos también ganan y serán los adjudicatarios de un plan de ayudas de 70 millones para el desarrollo de proyectos en sus municipios. Ellos participarán además de la implantación de la Marca Doñana, como un modelo que permita la reactivación económica y la generación de actividad en el sector turístico, artesanal o comercial y que refleje ese punto de inflexión para Doñana que debe ser el acuerdo suscrito ayer.[descripcion][autor]

La vicepresidenta y el presidente andaluz han comenzado un recorrido por el Espacio Natural de Doñana, concretamente al Centro de Visitantes de La Rocina en el término municipal de Almonte (Huelva). Posteriormente, ambos gobiernos han convocado al Consejo de Participación de Doñana, presidido por Miguel Delibes en el Teatro Municipal de Almonte para analizar los términos del acuerdo y firmarlo ante ellos.

De esta forma, ambos gobiernos ponen fin a un conflicto que se ha prolongado durante meses y que alcanzó sus momentos de máxima tensión con la tramitación en el Parlamento de la Proposición de ley de ampliación de regadíos de Doñana que afectaba a unas 700 hectáreas. Estos terrenos que ahora son de naturaleza forestal pasarían a ser calificados como suelos agrícolas regables con aguas superficiales en los municipios que se sitúan al norte de la Corona Forestal de Doñana, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Esta iniciativa provocó una confrontación entre administraciones por su posible impacto sobre el Parque Nacional de Doñana dada la situación de sequía que sufre el Espacio Natural agravada por el cambio climático.