El caso Juana Rivas llega a su fin en España

Se trataba de su último episodio pendiente con la Justicia española. En libertad desde el pasado marzo, la condena a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores a Rivas, tras la medida de gracia, quedó revocada a la mitad.

Tras un paso efímero por el centro penitenciario, con idas y venidas del tercer grado, le quedan todavía por cumplir varios meses de trabajos para la comunidad. Estos conmutarían la pena privativa de la patria potestad de sus dos hijos, que, al fin y al cabo, siguen siendo el eje del caso.

En lo que respecta a la decisión tomada por el Tribunal Supremo, la sentencia se conocerá en los próximos días, según han informado a ABC fuentes del alto tribunal tras la votación. Pero, más allá de los detalles jurídicos, el resultado era el esperado, según explica a este periódico la defensa de Arcuri.

Su recurso se avalaba en el indulto desestimado a María Salmerón en 2016, un caso que volvió a salir a la luz pública por debatirse una nueva medida gracia por parte del Gobierno en 2020 tras reincidir. Finalmente, no llegó producirse por «imperativo legal». El Ejecutivo siempre ha defendido la condición de víctimas de violencia de género para ambas.

Tanto Salmerón como Rivas fueron condenadas por secuestrar a sus hijos e incumplir las visitas con ambos padres. La diferencia es que en el caso de Salmerón hace seis años el informe del Supremo fue desfavorable, mientras que la de Rivas quedó en empate a ocho entre los 16 magistrados. De ahí, argumenta la defensa de Arcuri, que la maniobrabilidad por parte del alto tribunal fuera muy pequeña en este caso.

En su recurso, la representación legal en España de la expareja de Rivas, eso sí, acusaba al Gobierno de tramitar el indulto parcial con «sorprendente urgencia» y arrogándose competencias reservadas al orden judicial.

La acusación no quedaba ahí. Asimismo se apuntaba la «arbitrariedad» adoptada por el Ejecutivo «a pesar de las irregularidades manifiestas del expediente» o la «grave vulneración» de actos reglados obligatorios dispuestos en la Ley del Indulto, puesto que, entre otros asuntos, no se incorporó el informe del Centro Penitenciario.

Tal y como adelantó en su momento este periódico, la estancia en el CIS Matilde Cantos de Granada por parte de Rivas fue en algunos momentos, como mínimo, problemática. Llegó a acumular varios expedientes disciplinarios por su conducta, algo que en ningún momento se ha tenido en cuenta para el indulto.

Sea como fuere, la cuestión es que, en lo que respecta a Rivas, si no vuelve a reincidir, no existen más causas en su contra. Desde la defensa de la madre granadina, se celebra «la unanimidad, la agilidad y la contundencia» con la que se ha ratificado el indulto y recuerdan, sobre todo, «el proceso penal contra Arcuri por violencia de género y maltrato a sus hijos«.

La versión desde la defensa de Arcuri es, evidentemente, contraria. La conmutación de la pena y la restitución de la patria potestad a Rivas, alegan, «marca un ejemplo para futuros delitos» de la misma índole. Después de todo, del secuestro y el circo mediático creado en aquellos meses de 2017, su expareja tiene la posibilidad judicial de recuperar la custodia total de sus hijos.

Se trata de la única cuestión por cerrar en el caso Juana Rivas. La Corte de Apelación de Cagliari (Italia) debe decidir sobre la custodia de los niños, después de estar a apenas un día de conceder la custodia única a Arcuri. Solo lo impidió el indulto, que llegó justo tiempo para parar y alargar el trámite.

Antes de que finalice el año, confirman ambas defensas, debería de producirse el fallo sobre el futuro de los dos menores. De retrasarse aún más el proceso, algo bastante probable, se dados los ritmos de la Justicia italiana, podría dar incluso la circunstancia de que a uno de ellos, tras más de seis años con el caso estancado en los juzgados, ni siquiera le afecte al cumplir la mayoría de edad en los próximos meses.