Juan Márquez, el único político del caso ERE al que el Supremo rebajó la pena, está en la cárcel

Tres de ellos fueron los ex secretarios generales técnicos de Empleo (Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez García y Lourdes Medina), castigados a inhabilitación por la Audiencia de Sevilla y absueltos por el Supremo. El cuarto fue Márquez, el sustituto de Francisco Javier Guerrero —ya fallecido— en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, al que el Alto Tribunal rebajó la pena de cárcel de siete a tres años por malversación.

Los magistrados justificaron su decisión porque había sido el único que adoptó medidas para intentar corregir el «absoluto descontrol» en la gestión de las ayudas y frenar el «despilfarro» que propiciaba la ilegalidad del sistema.

A pesar de esta pequeña victoria moral, Juan Márquez es hoy el único de los 22 antiguos políticos que se sentaron en el banquillo de los acusados ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que se encuentra en la cárcel. No está cumpliendo la condena por el caso ERE, sino por el caso Umax, que se centra en una red de enchufes que había montado su antecesor en el cargo, el fallecido Guerrero, valiéndose de la empresa externa Umax.

Márquez lleva desde el 20 de marzo de 2024 —trece meses ya— en el Centro Penitenciario de Huelva para cumplir la pena de cinco años y tres meses que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla en esta causa relacionada una estructura de contratación paralela en la Dirección General de Trabajo. De forma ilegal se contrataron «al menos 44 trabajadores», algunos de ellos «relacionados por vínculos de vecindad y amistad» con Guerrero, según la sentencia de la Sección Tercera. En 2007, Guerrero «abandonó el sistema de abono a Umax» para «ser sufragadas las nuevas facturas que se iban generando, igualmente mediante conceptos falsos, por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe)», que recibió una subvención de la consejería para pagarlas. Dichos abonos están siendo investigados ahora por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la causa por el enchufismo de la extinta fundación de la Junta.

El Supremo estimó en parte el recurso de casación presentado por la letrada de Márquez, Inmaculada Torres, contra dicha sentencia. Lo absolvió de la prevaricación, pero mantuvo la condena por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental y no le rebajó la pena. También anuló, a petición de esta abogada, la responsabilidad civil porque no se hizo ningún informe pericial. El nuevo cálculo fijado por la Audiencia ha sido impugnado también por esta defensa. El recurso fue admitido a trámite por el Supremo hace unos días.