José Antonio Miranda habla claro sobre su cese como director de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud

A José Antonio Miranda lo va a relevar Amparo Simón Valero, la hasta ahora directora económico-administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y responsable de la central de compras en dicha provincia.

El que fuera máximo encargado de la gestión económica de la agencia pública sanitaria argumenta que su marcha obedece a motivos estrictamente personales, a que necesita «descansar» tras desarrollar «un trabajo intenso durante todos los días, laborables y fines de semana». Aclara que «no tiene nada que ver» con la causa abierta sobre el supuesto abuso en los contratos sanitarios de emergencia entre los años 2021 y 2024, a pesar de que el PSOE ha vinculado su salida a las instrucciones judiciales en Sevilla y Cádiz. Hasta el momento, tres directores gerentes del SAS, la actual y sus predecesores, están siendo investigados por presunta prevaricación por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

A Miranda, que fue portavoz del PP en la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz durante las dos últimas legislaturas con gobiernos del PSOE, le choca que se quiera ligar su renuncia a una causa en la que ni siquiera está investigado y a la que vaticina un corto recorrido judicial. «Los contratos de emergencia no los firmé yo, ni me ha llamado el juez, ni me ha pedido explicaciones, entre otras cosas, porque los contratos que hice estaban avalados por la Asesoría Jurídica y la Intervención de la Junta», detalla. El SAS tiene nueve órganos de contratación: uno por cada provincia y los servicios centrales. En estos últimos, «solo el gerente y yo podemos realizar encargos, pero antes «deben tener el visto bueno» de los juristas y los interventores porque existe una fiscalización previa. Significa que todos los expedientes que él firmó eran analizados antes de su abono. Por tanto, tiene una «total tranquilidad», afirma.

El PSOE quiere explotar el caso de los contratos del SAS y anunció este viernes que preguntará el próximo Pleno del Parlamento al Gobierno andaluz sobre los «verdaderos motivos» de su cese. El diputado socialista Rafael Márquez ha ligado este cese al caso de presuntas irregularidades en la contratación de emergencia del SAS que su grupo político ha denunciado ante un juzgado de Sevilla, y al presunto «uso fraudulento de la fragmentación de contratos menores» que se investiga en un juzgado de Instrucción de Cádiz tras una denuncia de Podemos.

La querella de los diputados socialistas que dio origen a la investigación judicial que trata de averiguar si determinadas contrataciones y las decisiones que derivaron de ellas se hicieron cuando ya no estaba en vigor al norma que amparaba este tipo de adjudicaciones excepcionales —sin publicidad ni libre concurrencia— para seguir prestando servicios con la agilidad que demandaban las restricciones sanitarias durante la pandemia.

El ex alto cargo de la Consejería de Salud tiene un trabajo al que volver. Desde que se embarcó en la política disfruta de una excedencia como profesor de Economía en las licenciaturas en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Jaén. En mayo cumplirá 63 años y por los años que lleva cotizados podría prejubilarse si quisiera. No ha decidido que va a hacer en su futuro inmediato. Ahora tiene tiempo para meditarlo.