La UCO señala a la A-32 en Úbeda como parte de la presunta trama de corrupción vinculada a Santos Cerdán

Según el apartado 6.2.2 del documento, al que ha tenido acceso este medio, la constructora Obras Públicas y Regadíos, S.A. (OPR) habría presionado para que se aprobara una modificación del proyecto -la denominada Modificación nº2- en sus propios términos. Una nota incautada y creada en el teléfono de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, con fecha del 29 de marzo de 2019, recoge textualmente: «Aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR».

Según señala el informe de la UCO, unos meses después de la creación de la nota, Fernando Merino envió a Koldo García una imagen del proyecto de modificación acompañado de varias indicaciones, estos mensajes fueron reenviados por Koldo al Director General de Carreteras, Javier Herrero que aparece nombrado en varias ocasiones en este informe.

Los investigadores destacan que, a diferencia de otras operaciones atribuidas a OPR en las que actuaban los hermanos Fernández Menéndez, en este caso fue directamente Fernando Merino quien habría asumido la interlocución.

La aprobación técnica del cambio se produjo el 25 de octubre de 2019, coincidiendo con lo solicitado por la empresa en los mensajes intervenidos.

Según el informe de la UCO, Fernando Agustín Merino Vera es un empresario vinculado durante años a Acciona Infraestructuras y Acciona Construcción, donde ocupó distintos cargos, entre ellos el de director del departamento de Navarra y La Rioja. Su participación en los hechos investigados se vincula a la presunta influencia que habría ejercido sobre Koldo García con el fin de lograr adjudicaciones de obra pública en favor de Acciona o de empresas afines.

Merino es además cuñado de los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, empresarios vinculados a la constructora OPR, y se le atribuye el papel de nexo entre ellos y Koldo. Fue él quien los habría introducido en el entorno del Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos.

El informe también menciona que posee la empresa MER Construcciones, domiciliada en Huétor Vega (Granada), y que mantiene una relación estrecha con otros actores investigados en la presunta trama, incluyendo a GEOALCALI y al proyecto Mina Muga.