Javier Márquez acusa al alcalde de «hacer el juego al delincuente que quemó Onda Jaén»

« Es inconcebible que el alcalde haya favorecido la pretensión del incendiario », ha indicado Márquez tras resaltar que desde el primer día el objetivo del equipo de gobierno del PSOE y Ciudadanos no fue conocer las causas, sino aprovecharlas para las consecuencias. Al respecto, ha recordado que hasta 2 semanas después del siniestro el Ayuntamiento no presentó denuncia en tanto que, apenas extinguidas las llamas, elaboró un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE).

Precisamente, Javier Márquez ha acusado al alcalde de perseguir laboralmente a los trabajadores, como demuestra, ha dicho, además del ERTE, el informe encargado por el Ayuntamiento a una asesoría externa para sustentar la propuesta municipal a la plantilla: o recolocación en los términos decididos por el equipo de gobierno, que implican pérdida de derechos, o despido con indemnización a cargo del Fondo de Garantía Salarial.

Del informe, el senador ha destacado su escasa consistencia jurídica y su extrema vaguedad : «No concreta nada». Además, su coste, más de 6.000 euros, contrasta con el que habría tenido un informe oficial del secretario general del Ayuntamiento que no ha sido solicitado. Márquez ha hecho hincapié en este aspecto para aclarar que al alcalde ha pagado un informe a su medida que, previsiblemente, según el dirigente popular, el juez no tendrá en cuenta si los trabajadores rechazan la propuesta del alcalde.

La propuesta de Julio Millán establece en concreto que los 45 trabajadores de Onda Jaén afectados tienen la posibilidad de mantener su relación laboral con el Ayuntamiento, pero en otros puestos acordes a su categoría profesional . Para los que rechacen la recolocación el consistorio llevará a cabo un expediente de regulación de empleo selectivo.

La plantilla, a falta de acordar la postura definitiva con sus abogados, no acepta las condiciones del regidor porque implica una novación de contrato que consideran perjudicial, a la vez que una humillación. Los trabajadores están convencidos de que, si llega el caso, el juez les dará la razón porque son empleados públicos con derechos adquiridos, criterio que comparten los sindicatos CC OO y CSIF, mayoritarios en el comité de empresa municipal.