Esparcen ciervos decapitados por un paraje de Cazorla tras una montería cuestionada por los forestales

La actividad cinegética, que tuvo lugar el pasado 4 de febrero, contó con el visto bueno de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pero no así de los agentes forestales responsables de la gestión y control de la montería, cuyos reparos han sido suprimidos del acta, según asegura el coordinador provincial de IU en Jaén, Francisco Javier Damas , quien denuncia que la Junta no le facilita este documento. El dirigente de la federación de izquierdas añade que el delegado territorial del área, Juan Eugenio Ortega , consumado cazador, abroncó posteriormente a los técnicos por oponerse a la batida.

Al respecto, una fuente la Junta de Andalucía niega tajantemente que el delegado reprendiera a los agentes forestales durante la reunión que mantuvo en Cazorla para presentar al nuevo coordinador provincial de su departamento, si bien admite que se abordó este tema, junto a varios otros. Añade que la Delegación territorial ha abierto un expediente para investigar los hechos que se produjeron en la cacería y, en tercer lugar, aclara que IU no ha solicitado a la Junta ninguna documentación relativa a la misma.

Por su parte, IU asegura que los agentes hicieron constar en el acta que no se cumplían las garantías de seguridad . También cuestionaron a la distribución de los puestos, alejados de caminos, y resaltaron que los animales habían sido cebados con maíz y otros alimentos para que fueran abatidos fácilmente por los participantes en la montería.

Para conocer lo que ocurrió en la batida, el parlamentario autonómico de IU José Antonio Castro , a instancia de Damas, pedirá en el Parlamento de Andalucía información sobre la misma. Además, en su pregunta incidirá en el presunto impacto negativo que ha tenido en el turismo y en el nulo control que, en su opinión, se lleva a cabo en la gestión de las zonas protegidas.

IU considera que tras este tipo de batidas subyace la permisibilidad de la Junta de Andalucía para con determinadas clases sociales. Aclara que a quienes pagan una importante cantidad económica se les permite acceder a zonas protegidas por sus valores medioambientales y cinegéticos, a pesar de que, a su juicio, este dinero no repercute en la zona. Esta opinión coincide con la de la Asociación de Empresarios de Cazorla, para la que este tipo de cacerías, lejos de beneficiar a la comarca, repercute negativamente en la actividad turística .