La concejala de Jaén investigada por las fuentes se siente víctima de un engaño

El titular del juzgado de instrucción número dos, Antonio Valdivia , instructor del caso, apuntala en un informe de la Guardia Civil su criterio de que el Ayuntamiento pagó a la empresa facturas por trabajos que no se habían realizado y por materiales que no se habían utilizado. El magistrado, que cifra el quebranto para el erario municipal en 3,6 millones de euros , destaca en su auto que se cometieron cuatro delitos (malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa continuada, tráfico de influencias y cohecho), por lo que tanto Fernández de Moya como Cárdenas, junto a otros dos imputados, han sido citados a declarar el próximo 5 de junio.

Ante la citación, el secretario de Estado de Hacienda se muestra tranquilo, convencido de que actuó correctamente, avalado por el informe del secretario del Ayuntamiento. Fuentes de su entorno aclaran que las declaraciones de los testigos ratifican que el entonces alcalde no contravino la normativa . Por esta razón, no entienden la imputación, tanto más cuanto que, según resaltan, personas situadas en puestos intermedios visaban las facturas antes de que llegaran al regidor. "Hay una serie de políticos que son los que dan el visto bueno". Al respecto, la investigación apunta en concreto a dos ex concejales que previsiblemente serán llamados a declarar una vez lo hagan José Enrique Fernández de Moya y Rosa Cárdenas.

En calidad de testigos han declarado hasta ahora, entre otros, el interventor municipal, que advirtió en varias ocasiones sobre las desorbitadas cantidades reflejada en las facturas, y el secretario del Ayuntamiento, cuyo informe será previsiblemente el eje de la defensa de Fernández de Moya, ya que avala su actuación como alcalde en relación al caso. También ha testificado un ex empleado de la empresa adjudicataria, quien ha manifestado ante el juez que llevó a cabo los trabajos de limpieza de las fuentes que le fueron encomendados y que desconoce si Matinsreg facturaba por encima de los estipulado .

Así lo cree el juez instructor, que en su auto asegura que la empresa incorporaba en las facturas servicios no ejecutados y materiales que no habían sido adquiridos. De los pagos responsabiliza al entonces alcalde, ya que considera que ordenaba personalmente los pagos a la empresa, sin tener en cuenta el criterio contrario la intervención municipal , con el consiguiente perjuicio económico para el Ayuntamiento, administración que ahora, al objeto de recuperar el dinero, se ha personado en el caso con la intención de defender el interés público.