Los mafiosos de los kebabs: esclavos para trabajar a cambio de papeles

Los kebabs, esos locales de comida rápida que se extienden como esporas, servían como base para explotar compatriotas, regularizarlos (por la vía del arraigo social) y, por supuesto, enriquecerse unos pocos. En ellos trabajaban como esclavos -y en algún caso incluso vivían- las víctimas, durmiendo en un camastro improvisado al lado del rulo giratorio en el que se asaba la carne. Los agentes han liberado a quince hombres en Jaén y Málaga. Saben que hay más dado que es una práctica común en estas redes que trafican con personas.

«Los movían de sitio al sentir que estábamos cerca o cerraban uno y abrían otro. Alguno ya no formará parte de la organización porque la operación Salaria ha sido muy larga, más de un año y medio», explican a ABC fuentes de la investigación, que ha llevado a cabo la Comandancia de Jaén.

Los agentes repararon en la cantidad de kebabs que se estaban abriendo en pueblos de la provincia -más de veinte en menos de dos años- con una actividad mínima y con una apariencia de provisionalidad que saltaba a la vista. Entraban, inspeccionaban y en algún caso detectaban a un camarero en situación irregular pero se trataba de hechos puntuales. Una denuncia y poco más; se agotaba la vía. La convicción que tenían entonces es que detrás se movía y crecía una organización mucho más amplia, con testaferros y ayuda profesional para conseguir papeles a inmigrantes que difícilmente los habrían obtenido por otra vía.

La utilizada era la del arraigo social. Según ha quedado de manifiesto en la investigación, traían a compatriotas paquistaníes, casi todos vecinos de Gujrat, por tierra, en autobuses o coches por la frontera de Turquía y luego vía Grecia e Italia hasta llegar a España, poco a poco, en un viaje de años, lento y costoso, casi indetectable, que se repite desde hace más de una década. Las familias financian la aventura por la que pagaban unos diez mil euros en origen con la esperanza de encontrar un trabajo.

El siguiente paso era emplearlos en esos locales de comida rápida y barata típica de países árabes, registrar empadronamientos en pisos y casas alquiladas por muy poco dinero (entre 150 y 200 euros), inscribir contratos de trabajo (fraudulentos la mayoría) y luego solicitar ese arraigo social pasados dos o tres años. «El seguimiento de esos contratos no era lo exhaustivo que debía ser», señalan las fuentes consultadas, otra característica que se repite en este tipo de redes.

Mientras, el inmigrante se había convertido en un trabajador sirviente o en un trabajador esclavo que no cobraba y pasaba jornadas sin principio ni fin despachando en uno de esos locales. «Iban del piso al kebab y del kebab al piso. Eso cuando no tenían el camastro allí mismo. Nos hemos encontrado varios. Camas sin colchones, con solo una manta andrajosa. Un perro no se tumba en una colchoneta de esas», cuenta uno de los investigadores.

Ninguno logra sepultar las imágenes de miseria extrema con las que se han topado estos esclavos, que es lo que eran. Quince personas retenidas, sin papeles, sin dinero y ninguna posibilidad de hallar una salida fuera de esa maraña. Siete de las víctimas liberadas estaban en Jódar, una en Jaén, dos en Cazorla, otras dos en Villacarrillo y tres en Ronda.

No es la primera vez. Hace justo diez años, en 2015, la Guardia Civil en una operación conjunta con la Policía desmanteló una red casi idéntica en la provincia de Cádiz. En aquella ocasión además de kebabs los cabecillas usaban locutorios para regularizar extranjeros y obtener ganancias millonarias a base de exprimir la salud y la paciencia de compatriotas.

A la organización dedicada a favorecer la inmigración ilegal se le imputan delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, coacciones, usurpación de identidad y fraude a la seguridad social.

La cabeza del grupo eran tres paquistaníes (solo el cabecilla está en prisión), propietarios de las empresas y establecimientos, que dirigían y organizaban el entramado. Había otro escalón intermedio formado por una decena de personas que actuaban como testaferros y se dedicaban a controlar y trasladar a los empleados entre los diferentes establecimientos y viviendas; servían de enlace entre unos y otros.

En su momento también llegaron de la misma forma que las víctimas ahora detectadas pero ya tenían papeles. Solo hay un español entre los arrestados, un abogado de Jaén que era el nexo de unión de toda la red, quien les facilitaba la documentación y asesoraba en los alquileres y contratos. La Guardia Civil ha llevado a cabo 19 entradas y registros en inmuebles que pertenecen a la organización, en las casas de los dirigentes, en los kebabs abiertos y en las viviendas que utilizaban para albergar y controlar a las víctimas en los pueblos de Jáen.

Hasta que consiguen la documentación no son nadie, son esclavos sin ninguna libertad. Al parecer pagan a la red con su trabajo durante dos o tres años, y luego no hay más pagos, pero no hay seguridad de que sea así en realidad. Los agentes hallaron documentación falsa en los registros, utilizada por los trabajadores para evitar posibles inspecciones y falsificar empadronamientos, contratos de alquiler y compraventa de inmuebles falsos.

Todos los empleados-siervos estaban en situación irregular aunque alguno con los papeles ya pedidos. Los cabecillas aprovechaban esa vulnerabilidad para captarlos (proceden además de la misma zona de Pakistán, como se ha dicho), con la promesa de conseguirles documentación legal en España. La suya personal se la quitaban para evitar la tentación de que escaparan.

Sin papeles, sin contrato y sin sueldo; sin jornadas porque la jornada era el día y la noche, la plena disponibilidad en esas infraviviendas sin luz ni agua en algunos casos, sin camas, con tablones y mantas pestilentes. «Los frigoríficos estaban vacíos. No nos dijeron cuándo y qué comían. Kebab, suponemos».