Andalucía es la segunda comunidad con más procesos por insolvencia en toda España

El incremento responde, sobre todo, al fuerte aumento de los procedimientos presentados por personas particulares no empresarias, que crecieron un 28,6 % en un año y representan la gran mayoría de los casos. Este grupo está formado por ciudadanos que no pueden hacer frente a sus deudas y acuden a la vía judicial para acogerse a un proceso de reestructuración o cancelación parcial. Por el contrario, los procesos presentados por empresarios individuales se redujeron a menos de la mitad, con una caída del 52,5 %, mientras que los correspondientes a sociedades descendieron un 13 %.

El cambio en la legislación también ha tenido un impacto directo. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2023, que modificó la estructura judicial en materia de Juzgados de lo Mercantil, los procesos de insolvencia de personas físicas -que antes se tramitaban en los juzgados de primera instancia- han pasado a concentrarse en los juzgados mercantiles. Esta modificación ha permitido una mayor homogeneidad en el registro de datos y una visibilidad más clara del volumen real de casos.

A nivel nacional, Cataluña lidera el número de procesos por insolvencia, con 4.322 casos, el 23,8 % del total español. Le siguen Andalucía, con 3.094, la Comunidad Valenciana, con 2.276, y Madrid, con 1.992. De los procedimientos iniciados en Andalucía, 200 corresponden a sociedades, 29 a empresarios individuales y 2.865 a personas particulares.

El informe del CGPJ también destaca un importante repunte de las ejecuciones hipotecarias, que aumentaron un 53,2 % respecto al segundo trimestre de 2024, hasta alcanzar 1.896 procedimientos en la comunidad. Andalucía ocupa así el segundo puesto nacional, solo superada nuevamente por Cataluña, donde se registraron 3.102. Si se relaciona el número de ejecuciones con la población, destacan Cataluña (38,7 por cada 100.000 habitantes), la Región de Murcia (30,5) y Andalucía (21,5).

Pese al repunte en los impagos hipotecarios, los lanzamientos o desahucios disminuyeron ligeramente, un 3,5 % menos que el año anterior, con 1.090 casos en total. De ellos, casi tres de cada cuatro (68,5 %) se derivaron de procedimientos por impago de alquiler, mientras que el 26,7 % (292 casos) fueron consecuencia de ejecuciones hipotecarias. Los 51 restantes obedecieron a otras causas.

Cataluña volvió a situarse a la cabeza nacional en número de lanzamientos, con 1.910, seguida de Andalucía, con 1.090, la Comunidad Valenciana, con 806, y Madrid, con 707. Si se tienen en cuenta solo los lanzamientos derivados de impagos de alquiler, Andalucía es la segunda comunidad con más casos, con 747, mientras que en los derivados de hipotecas ocupa el primer lugar, con 292.

El panorama laboral muestra, sin embargo, una evolución más positiva. Las demandas por despido se redujeron un 10,5 %, con 6.260 casos registrados en Andalucía, rompiendo la tendencia al alza mantenida desde 2020. También cayeron los expedientes de regulación de empleo, ERE, que pasaron de 8 a 5 en un año, lo que supone un descenso del 37,5 %. Los procedimientos por reclamación de cantidad -demandas por sueldos o pagos pendientes- apenas variaron, con un leve aumento del 1,2 %.

Por otro lado, los procedimientos monitorios, destinados a reclamar deudas dinerarias como las cuotas impagadas en comunidades de vecinos, sufrieron una caída del 37,6 %, con 35.264 casos en Andalucía. Pese al descenso, la comunidad se mantiene entre las regiones con mayor número de este tipo de reclamaciones, solo por detrás de Madrid.

El informe también recoge la evolución de los juicios por ocupación ilegal de viviendas, que disminuyeron un 12,5 % respecto al año anterior. Andalucía vuelve a liderar este tipo de demandas, con 105 casos, lo que representa el 21,5 % del total nacional. Le siguen Cataluña, con 88, y la Comunidad Valenciana, con 50.

En conjunto, los datos del CGPJ dibujan un panorama mixto en Andalucía: por un lado, crecen con fuerza los procesos por insolvencia y las ejecuciones hipotecarias, lo que refleja una mayor presión económica sobre los hogares; por otro, los indicadores laborales y de vivienda muestran cierta mejoría o estabilización.

Andalucía mantiene un papel protagonista en la actividad judicial vinculada a la economía familiar y empresarial. Aunque los tribunales registran menos conflictos laborales y un descenso en los desahucios, el notable aumento de los casos de insolvencia indica que muchas familias y particulares continúan atravesando dificultades financieras para hacer frente a sus deudas, incluso en un contexto de recuperación económica general.