La izquierda veta un debate sobre la 'ley del sólo sí es sí' en el Parlamento andaluz

El asunto tiene un importante trasfondo político por más que se hayan aplicado estrictamente las normas de funcionamiento de la Cámara andaluza. El PSOE lleva varias semanas intentando desempolvar un artículo en desuso del Reglamento del Parlamento para evitar que los diputados andaluces debatan sobre iniciativas que afectan al Gobierno central. Los socialistas no quieren que se critique a Pedro Sánchez en el Parlamento porque entienden que les perjudica delante de los andaluces. Obvian que la confrontación con el Gobierno central ha sido siempre una valiosa arma política de los gobiernos socialistas durante 37 años.

Y por eso han pedido la aplicación del artículo 171 del reglamento que advierte que sólo se podrá debatir de competencias de otras administraciones cuando así lo decidan tres grupos políticos o dos terceras partes de la Cámara. A pesar de la mayoría absoluta del PP (58 diputados) y del apoyo que ha dado Vox a esta iniciativa (otros 14 escaños), no han obtenido el respaldo suficiente.

Y eso a pesar de que la 'ley del sólo sí es sí' afecta directamente a los andaluces ya que unos 150 agresores sexuales están pidiendo la rebaja de sus penas acogiéndose a esta norma. De ellos, 60 ya han obtenido beneficios sólo en Andalucía. En el PP consideran que el escándalo y la polémica por los «efectos indeseados» como los denominó Pedro Sánchez, justifican esta iniciativa en el Parlamento andaluz. En concreto, en PP pedía en su iniciativa que el Parlamento rechazara «los efectos indeseables y las graves consecuencias que ha ocasionado la entrada en vigor» de la citada Ley, y defendiera la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y el castigo que «las víctimas y la sociedad exigen para los agresores sexuales y la exigencia inexcusable de que se asuman y depuren responsabilidades políticas por las nefastas consecuencias derivadas de su aprobación».

Un argumento que está en los debates cotidianos de los ciudadanos... y que también forma parte de su estrategia política. Fuentes populares equiparan los errores del Gobierno central con esta ley a lo que les sucedió a ellos cuando el accidente del Prestige. Entonces hubo mucha polvareda —justificada— y ahora no van a dejar pasar la oportunidad.

Los socialistas y Por Andalucía también son conscientes del daño político que esta polémica les está haciendo. Hay verdadera «preocupación social» en un asunto que afecta a todos por igual y ante el que no tienen defensa posible. «No queremos que se debata porque es una norma que se está tramitando en el Congreso de los Diputados» explicaba ayer una dirigente socialista a ABC. Sus esfuerzos se centran en tratar de opacar el debate hasta que la parte socialista del Gobierno central sea capaz de modificar la norma, lo que no va a suceder antes del 8 de marzo, día internacional de las mujeres. Y con sólo cien días de margen antes de que los ciudadanos tengan que elegir una papeleta en las elecciones municipales del 28 de mayo.

Uno de los problemas para los socialistas andaluces es que el PP también ha mostrado su experiencia política y junto a la proposición no de ley sobre la 'ley del sólo sí es sí' planteó otra sobre la financiación autonómica. Un asunto que también afecta al Gobierno central —es su competencia exclusiva— pero ante el que los socialistas no pueden votar en contra. Hay que recordar que fueron ellos los que impulsaron un grupo de trabajo en el Parlamento y que María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda, quien lideró la postura de Andalucía. Entonces había un Gobierno del PP en La Moncloa y Juanma Moreno, en la oposición, tuvo la visión política de apoyar lo que entendía que beneficiaba a su tierra.

Precisamente por eso, los socialistas «prestaron» sus votos al PP para sacar adelante esta propuesta y que el Parlamento insista ante el Gobierno central en la necesidad y la urgencia de debatir sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. La proposición no de ley se debatirá el jueves de la semana próxima.

El PP había planteado hábilmente esta iniciativa justificándola en la cercanía del 28 de febrero —el pleno de la semana que viene es el anterior a la celebración del Día de Andalucía— y la necesidad de que la comunidad autónoma «tenga una voz propia». Una propuesta que, evidentemente, ni el PSOE ni Por Andalucía han podido rechazar sobre todo después de que el Gobierno andaluz haya enarbolado la Bandera de Andalucía que tanto rédito político ha dado al PSOE durante 40 años. Ahora son los del PP los que lucen la blanca y verde.