IU lleva a la Fiscalía a los tres últimos exconsejeros de Salud por el cribado del cáncer de mama

Por su parte Adelante Andalucía ha presentado la suya propia ante la Fiscalía del TSJA en parecidos términos aunque la ha hecho extensiva, además de a los consejeros del Gobierno de Juanma Moreno a la viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral y la gerente del SAS, Valle García Sánchez.

¿Por qué IU ha elegido la Fiscalía General del Estado en lugar de la andaluza? Según fuentes de IU, les da "más garantías" la nacional que la andaluza. La elección de Madrid en lugar de Granada ha sido a propuesta del equipo jurídico de IU. Según argumentan, al tratarse de un asunto "de calado" que afecta a todas las provincias "puede tener más recorrido" en Madrid.

En la denuncia, con fecha 6 de octubre y que ha sido difundida a los medios de comunicación por Izquierda Unida, se señala que los hechos acontecidos apuntan "indiciariamente la comisión de múltiples delitos", como "homicidio imprudente en comisión por omisión", "lesiones imprudentes en comisión por omisión" y "omisión del deber de prestar servicios sanitarios".

Respecto al primero de los supuestos "delitos", se señala en la denuncia que, de los hechos relatados, se puede desprender que, debido a "un fallo sistémico en la gestión sanitaria" no se ha realizado el seguimiento adecuado en los casos catalogados como "no concluyentes" o "dudosos" en el programa de cribado de cáncer de mama.

Se indica que la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama y otras organizaciones han apuntado a que la falta de diagnóstico precoz ha provocado que el "cáncer de mama evolucione y, en algunos casos, lleve al fallecimiento de pacientes". "La detección temprana es fundamental, ya que un diagnóstico a tiempo mejora drásticamente las tasas de supervivencia, permitiendo un tratamiento más efectivo, y el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía", según se recoge.

Asimismo, se expone que el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por lo que cualquier "omisión o retraso en la revisión de resultados no concluyentes constituye una falta de diligencia en la gestión pública".

"De haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado dudoso sin el seguimiento correspondiente, estaríamos ante un supuesto de homicidio imprudente, en los términos recogidos en el apartado 1 del artículo 142 del Código Penal, en combinación con el artículo 11, al concurrir la acción por omisión y la relación de causalidad entre la inacción y el daño causado", recoge la denuncia.

En cuanto al posible delito de «lesiones imprudentes en comisión por omisión», la denuncia recoge que esta omisión ha expuesto a las mujeres afectadas a un «riesgo grave para su salud, al retrasar la detección de posibles lesiones malignas que, de haberse diagnosticado a tiempo, podrían haberse tratado con procedimientos menos agresivos y con mejor pronóstico».

La asociación Amama y otras organizaciones de pacientes «han documentado que estos retrasos en el cribado han provocado que algunas mujeres hayan desarrollado cánceres más avanzados, requiriendo tratamientos más invasivos y prolongados, lo que constituye un daño físico y psicológico directo», según se añade.

En la denuncia se recoge que, "dado que el programa de cribado depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, la falta de diligencia en la revisión y seguimiento de resultados no concluyentes constituye un incumplimiento del deber de cuidado exigible a la administración sanitaria". "Por tanto, cualquier agravamiento de la enfermedad o daño físico derivado de la inacción puede constituir un supuesto de lesiones imprudentes en comisión por omisión, conforme al apartado 1 del artículo 152 del Código Penal, en relación con el artículo 11, al existir relación directa entre la omisión de seguimiento y el perjuicio causado a la salud de las afectadas", se añade.

Respecto al supuesto delito de "omisión del deber de prestar servicios sanitarios", se expone que esta "ha generado un riesgo directo para la salud de las mujeres afectadas, retrasando la detección precoz de posibles lesiones malignas y, en consecuencia, comprometiendo la eficacia del tratamiento y aumentando el riesgo de agravamiento de la enfermedad".

"La obligación de prestar servicios sanitarios es un deber legal y constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 196 del Código Penal, que sanciona la inacción de aquellos responsables de la salud pública cuando, teniendo conocimiento de un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, no actúan para prestar los servicios sanitarios necesarios», indica la denuncia.

Se añade que «el retraso en la revisión de mamografías no concluyentes y la falta de comunicación con las afectadas constituyen, en este contexto, un incumplimiento del deber de asistencia sanitaria que puede ser constitutivo del delito de omisión del deber de prestar servicios sanitarios, al haberse producido un perjuicio potencial y real para la salud de las mujeres bajo la responsabilidad directa de la Consejería«.

En consecuencia, según recoge la denuncia de Izquierda Unida, «la conducta omisiva descrita podría generar responsabilidad penal conforme al artículo 196 del Código Penal, en relación con el artículo 11 CP, al existir un nexo directo de causalidad entre la inacción de la administración y el daño potencial y efectivo causado a las pacientes afectadas por el retraso en el cribado».

Para Izquierda Unida, según se refleja en su denuncia, «los hechos descritos reflejan un fallo sistémico en la gestión sanitaria que no solo ha generado un perjuicio potencial a miles de mujeres andaluzas, sino que también constituye una grave quiebra de la confianza ciudadana en las instituciones sanitarias públicas, con posibles responsabilidades administrativas y penales por parte de los responsables de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud».

Se apunta que la presidenta de la Asociación Amama ha declarado que habría «alertado de fallos en la gestión del programa a los dos anteriores consejeros de Salud de la Junta de Andalucía», es decir, Catalina García y Jesús Aguirre.

Al hilo de la presentación de la denuncia, el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha manifestado que «el escándalo de las mamografías tiene en vilo Andalucía» porque hay «miles de mujeres con la incertidumbre de no saber si tienen cáncer».

En su opinión, «esto no es fruto de un error, es consecuencia del maltrato« del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "a la sanidad pública, mientras engorda las cuentas de las clínicas privadas".

«La gestión de Moreno Bonilla da miedo y provoca inseguridad e incertidumbre. Ya ha cruzado todas las líneas rojas y por eso hemos solicitado a Fiscalía que investigue posibles delitos como homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión del deber de prestar servicios sanitarios», según se indica.

Según Valero, «la gestión de Moreno Bonilla no da seguridad a quien acude a un centro de salud»: «Como llevamos tiempo denunciando, la gestión sanitaria del Partido Popular nos cuesta la salud».