Caso Invercaria: A juicio el inventor de unos badenes inteligentes defectuosos que financió el Gobierno andaluz del PSOE con 103.000 euros
El lunes arranca el proceso contra el administrador de Badennova, José Antonio Aguilera Galeote, y el expresidente de la empresa pública Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, que le prestó dinero público a sabiendas de que el producto no estaba homologado
El Supremo dobla la pena de prisión al expresidente de Invercaria por pagar sobresueldos con fondos públicos

José Antonio Aguilera Galeote (Villanueva de Tapia, Málaga, 1980) empezó a trabajar por su cuenta como electricista desde los 23 años, pero pronto se dio cuenta de que su vocación iba por otros derroteros. Tras cinco años de investigación autodidacta, montó dos empresas, ... Insosur y Badennova, y patentó un badén inteligente que supuestamente se activaba en la calzada para los vehículos que superaran la velocidad permitida y evitaba, en cambio, los molestos saltos a los automóviles que sí respetaban el límite establecido.
Desde este lunes 7 de julio, el emprendedor malagueño se sentará en el banquillo de los acusados como presunto inductor de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en un juicio que lo puede llevar a la prisión. El proceso es una de las piezas separadas de la macrocausa de Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía creada bajo la presidencia de Manuel Chaves (PSOE) que lleva más de una década en el punto de mira judicial por realizar inversiones con dinero público en proyectos ruinosos y sin control. En concreto, el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla gira en torno al préstamo sin devolver de 103.000 euros que la extinta sociedad de la Junta de Andalucía concedió a Badennova el 18 de diciembre de 2009 para financiar el lanzamiento de unos badenes que, lejos de ser inteligentes y selectivos, acumulaban defectos y estaban sin homologar, como se pudo comprobar después. La ayuda se le otorgó por parte del presidente de Invercaria entre 2005 y 2010, Tomás Pérez-Sauquillo, a sabiendas de las carencias técnicas que presentaba.
A Aguilera Galeote le acompañará en el banquillo Pérez-Saquillo, que acumula otras sentencias, algunas de ellas firmes, en otras piezas ya juzgadas del caso Invercaria. La Agencia IDEA, que era la propietaria de Invercaria, que ejerce la acusación particular en este proceso, ha solicitado para el ex alto cargo de la Junta una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años por los citados delitos. El inventor de los badenes, por su parte, se enfrenta a un posible castigo de seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y dos años y seis meses de prisión por la malversación.
Tanto la Fiscalía como el organismo autonómico solicitan que ambos acusados paguen de manera conjunta y solidaria a IDEA una indemnización de 109.998 euros por el perjuicio causado al erario público andaluz.
En el escrito de acusación presentado por el letrado de IDEA, Gregorio Pérez Borrego, expone que Badennova SL no devolvió a Invercaria el préstamo tras su vencimiento e intentó renegociarlo y novarlo. La realidad es que la facturación obtenida con la patente del badén fue «muy insuficiente alcanzando un importe solo de 30.000 euros».
El motivo es que los badenes reguladores de la velocidad de vehículo eran «deficientes desde el punto de vista técnico». «Se fracturaban y no desempeñaban su finalidad». El producto, tal y como se difundió en su día por la Consejería de Innovación dirigida por Martín Soler (PSOE), llevaba una banda reductora de velocidad que se caracterizaba porque se endurecía al aumentar la rapidez, actuando como un badén convencional, mientras que a velocidades inferiores se deformaba y no oponía ninguna resistencia a los vehículos. Para ello empleaba un tipo de material usado en los chalecos salvavidas de los soldados o en las protecciones para los deportistas.
No se hizo estudio de viabilidad
El proceso de concesión del préstamo está plagado de irregularidades. El letrado de IDEA recuerda que en el expediente «no consta informe alguno de carácter técnico o económico sobre la viabilidad del proyecto subvencionado o sobre la realidad y el verdadero valor de la empresa como tampoco aparece ningún documento o acto alguno de aprobación del proyecto». Tampoco existió propuesta de inversión en la que se sustentara la aprobación de un préstamo participativo en condiciones más favorables a las habituales de mercado. Ni siquiera había «un prototipo de dispositivo de regulación de velocidad de los vehículos que era el objeto y el contenido esencial de la financiación pretendida y que fue concedido por su propia autoridad por el consejero delegado [de Invercaria], Tomás Pérez-Sauquillo», prosigue el escrito de acusación.
Lo más grave es que, «en el momento de la concesión del préstamo», el máximo responsable de Invercaria «era ya sabedor de carencias en el proyecto objeto de financiación y de irrealidad en el alcance de la valoración de la patente que constituía el capital social de Badennova SL», empresa que había sido constituida en mayo de 2009, apenas siete meses antes de recibir los fondos públicos. El abogado de la Agencia IDEA recuerda que Pérez-Sauquillo había sido advertido expresamente en varias ocasiones por el director de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos Sánchez de Ibargüen, de que «el proyecto no era viable, que no existía tasación de la aportación no dineraria de la aportación al capital social de Badennova por un experto independiente y que el producto no estaba homologado».
IDEA detalla que tampoco existía un informe de la Corporación Tecnológica de Andalucía que cuestionaba el proyecto desde los puntos de vista tecnológico, de fabricación y de homologación un día antes de acordar el préstamo. Desoyendo todas las advertencias, Pérez Sauquillo Pérez como presidente de la empresa pública «otorgó el préstamo que se elevó a escritura pública». El proyecto de financiación no había sido analizado por los técnicos de los departamentos técnicos ni por ninguna otra instancia.
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