La interventora que cuestionó los contratos de emergencia del SAS admite al juez que fue nombrada por el Gobierno del PSOE

Blanca Pons, que ha sido llamada a declarar como testigo en la causa, ha admitido que fue designada como interventora adjunta a la Intervención General de la Junta por el Ejecutivo socialista nada más comenzar el interrogatorio ante el juez de Instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez Díez, que investiga contratos con empresas por un importe total de 242 millones de euros suscritos por el SAS entre 2020 y 2024, según han informado a ABC fuentes del caso. La interventora también ha señalado que no emitió un informe de actuación, un sistema de alerta que activa este órgano de fiscalización interna cuando se detecta un posible menoscabo de fondos públicos.

En su comparecencia como testigo, Pons ha indicado que desconocía que los contratos de emergencia realizados por la Administración del Estado carecieran de fiscalización previa del gasto, según precisaron las mismas fuentes.

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Antonio R. Vega

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El magistrado investiga el posible abuso en la contratación de emergencia (sin publicidad ni libre concurrencia) con entidades privadas cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones bajo el paraguas de la pandemia, según la querella presentada por el PSOE.

Con anterioridad a este puesto, Pons había sido interventora delegada de la Consejería de Medio Ambiente en la etapa de la entonces consejera de Hacienda y hoy vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

El testimonio de Blanca Pons, que se ha extendido durante hora y media, es clave para el PSOE, cuya denuncia a mediados de 2024 dio pie a esta instrucción judicial en la que están siendo investigados la actual directora gerente del SAS, Valle García Sánchez, y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán Ruiz y Diego Vargas Ortega. El Grupo Socialista se basa en los informes que firmaron tanto ella como María Victoria López, adjunta a la Intervención Central del SAS, en los que señalaban que no se ajustaba a la legalidad el procedimiento de los contratos de emergencia empleado para realizar distintos encargos durante el anterior Gobierno del PP y el actual.

Durante el interrogatorio en el juzgado que instruye esta causa, ambas interventoras se han ratificado en los informes que firmaron en su día aunque han matizado las interpretaciones que se han hecho de los mismos, según han confirmado acusaciones y defensas.

A preguntas del abogado que defiende a los gerentes del SAS, han esgrimido que, tras analizar una muestra de contratos de emergencia, no encontraron motivo para informar a la Intervención General de la Junta de Andalucía de que los hechos podrían ser constitutivos de infracción administrativa o dar lugar a responsabilidades contables y penales. Pons ha apuntado a que en el SAS hubo un problema de programación de las obras que hizo que se recurriera de forma mayoritaria a adjudicaciones directas por la vía de emergencias.

La interventora central del SAS suscribió en noviembre de 2022 un informe definitivo de cumplimiento de expedientes de tramitación de emergencia por parte de los Servicios Centrales de la agencia pública en el ámbito del artículo 9 del Decreto-ley 3/2020 pensado para agilizar las adjudicaciones durante la pandemia del Covid-19.

Tras examinar una muestra de contratos, la interventora central del SAS, Blanca Pons, concluyó que el sistema utilizado no era el adecuado. No obstante, desde el Ejecutivo andaluz del PP argumentaron que la Organización Mundial de la Salud no declaró el fin de la pandemia hasta mayo de 2023 y desde ese momento dejaron de emplear esta vía rápida y directa de encargos sanitarios.

Después de Pons, ha comparecido ante el juez su interventora actuante que firma los informes, María Victoria López, cuyo testimonio ha desmontado en gran parte la tesis del PSOE, que ejerce la acusación popular, hasta el punto de que el abogado que representa a los diputados autonómicos socialistas, Alfonso Martínez del Hoyo, y el letrado de Podemos, han renunciado a formularle pregunta alguna.

A preguntas del juez, la Fiscalía y las defensas, la interventora adjunta del SAS ha declarado que nunca se plantearon un posible menoscabo de fondos públicos por el sistema de contratación de emergencia empleado por la agencia pública, según las fuentes del caso consultadas por ABC. Ni siquiera apreciaron riesgo de desvío de fondos públicos. Al ser cuestionada por el responsable del Ministerio Público, López Gutiérrez ha esgrimido que la fiscalización previa en este procedimiento es más débil que el control financiero permanente.

La diferencia principal es el momento en que se realiza el control: la fiscalización previa examina la legalidad y viabilidad de un pago antes de aprobarlo, mientras que la permanente vigila la contratación mientras se lleva a cabo para garantizar el cumplimiento continuo de las normas.

El juez Gómez Díez también ha citado este lunes como testigo a Amelia Martínez Sánchez, la que fuera interventora general de la Junta de Andalucía entre los años 2019 y 2022 (en la primera legislatura con Juanma Moreno como presidente de la Junta), puesto que dejó cuando asumió la Viceconsejería de Economía, cargo que ocupa en la actualidad.

Completan la lista de testigos llamados a declarar José Antonio Miranda Aranda, exdirector General de Gestión Económica y Servicios del SAS, e Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás, director de Asistencia Sanitaria y Resultados en la Consejería de Salud.

La causa se abrió a raíz de una querella presentada en septiembre de 2024 por los treinta diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, que ha intentado montar una «causa general» contra la Junta de Andalucía en manos del PP, una estrategia que no ha tenido recorrido por ahora en el juzgado.

Dos magistrados distintos, quien inició estas diligencias previas -Javier Santamaría- y el que lo ha sustituido -José Antonio Gómez Díez- tras haber ganado la plaza como titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, rechazaron el recurso de reforma que había presentado el PSOE para extender las pesquisas desde los servicios centrales del SAS a los encargos realizados por las plataformas de gasto de las provincias.