Las intervenciones de apoyo psicológico por violencia de género crecen en más de un 80% en tres años en Andalucía

Como ejemplo de ese refuerzo, el departamento de Loles López se centra en el capítulo presupuestario, ya que este programa ha pasado de tener un presupuesto anual de 129.700 euros a 429.507, «es decir, el triple de financiación después de la implementación de todas las mejoras». El servicio de apoyo psicológico en crisis «pretende favorecer la recuperación emocional de familiares afectados, con especial atención a los hijos menores de edad de las mujeres víctimas de violencia de género, de supervivientes de graves agresiones o tentativas de homicidio, así como atender a aquellas mujeres cuyos hijos han sido víctimas mortales por violencia de género». Este último es el caso de la madre de las dos niñas asesinadas con un pesticida por su padre -que se quitó la vida luego- en un cortijo de Las Alcubillas de Alboloduy (Almería).

El servicio se lleva a cabo en la localidad donde suceden los hechos o donde residen las familias afectadas; en sus domicilios o en espacios que facilite el Ayuntamiento de la localidad donde se realice el servicio, el Centro Municipal de Información a la Mujer o el Centro Provincial de la Mujer para garantizar el acceso de cualquier familia y lograr fortalecer la estrategia comunitaria de los modelos de abordaje integral en violencia contra las mujeres en Andalucía.

Además del acompañamiento e intervención psicológica en crisis, los profesionales del programa intervienen en el centro educativo de los hijos menores de edad de las víctimas para ofrecer herramientas y pautas para realizar una «adecuada gestión emocional en la acogida o despedida de los menores menores en sus centros escolares». Además, se ofrece asesoramiento, coordinación e intervención individual o grupal con profesionales de otros ámbitos e intervención en el ámbito laboral de la víctima.

Relacionado con la atención a las víctimas de violencia de género, la Consejería ha recibido hasta la fecha una veintena de solicitudes de menores huérfanos por violencia de género para recibir la ayuda de hasta 5.000 euros al año que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre de 2023. En concreto, 17 de esas 20 peticiones están en fase de tramitación -a trece se les ha requerido más documentación y cuatro están ya en trámite- y tres han sido rechazadas al ser los solicitantes actualmente mayores de edad.

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Tras la confirmación del caso de Pizarra (Málaga), son siete los menores que han quedado huérfanos en España en 2024 por casos de violencia de género. En Andalucía, es el primer menor huérfano de este año. Desde 2013, ejercicio en el que empezaron a contabilizarse por el Gobierno de España, hasta ahora son 89 los huérfanos en Andalucía.

La Junta aprobó en noviembre de 2023 un decreto ley por el que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género para regular «por primera vez» en Andalucía la prestación económica a los hijos menores de edad de mujeres víctimas mortales como consecuencia de violencia de género. Esta ayuda asciende a 5.000 euros anuales, para la que el Instituto Andaluz de la Mujer ha destinado una partida de 350.000 euros para 2024, «ampliable en función del número de solicitudes recibidas durante el año».

El Gobierno andaluz defendía en la presentación de este decreto ley que se estimaba «necesario dar una respuesta urgente, rápida y eficaz» por parte de las administraciones publicas ante la «situación extrema de desamparo» en la que se encuentran los menores que pierden a su madre como consecuencia de la violencia de género. «La respuesta debe ser, no sólo desde el punto de vista psicológico, sino también desde el económico, solventando la falta de recursos de estos menores», explicaba.

El decreto ley se estructura en tres capítulos, con un total de diez artículos, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales. En concreto, el primer capítulo modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, añadiendo un artículo 46.bis, en el que se recoge el derecho a la prestación económica por parte de las y los menores huérfanos de mujeres víctimas mortales de la violencia de género hasta que alcancen la mayoría de edad, siempre que éstos o la mujer víctima de violencia de género residan en Andalucía en el momento del crimen.

Este derecho se extiende a las personas menores de edad cuya tutela ejerza la Junta de Andalucía o cualquier otra administración pública y a aquellos menores que en el momento de los hechos se encuentren bajo la tutela judicial. Esta ayuda económica será compatible y complementaria con cualquier otra prestación pública o privada que se perciba por el mismo motivo.

El segundo capítulo regula la prestación económica con el fin de garantizar la cobertura de las necesidades básicas materiales de las personas beneficiarias hasta su mayoría de edad. El importe de la prestación ascenderá a 5.000 euros en un pago único anual por cada menor y se actualizará anualmente conforme al Índice de Precios al Consumo. La ayuda económica no podrá ser administrada por el autor del crimen machista.

El tercer capítulo aborda el procedimiento de concesión de esta ayuda y establece que la solicitud deberá realizarse por parte de la persona representante legal del menor de edad y puede presentarse de manera presencial o electrónica desde el día siguiente al de la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta que las personas huérfanas alcancen la mayoría de edad. Además, el documento aprobado fija que el primer pago se realizará cuando se dicte la resolución de concesión y las sucesivas anualidades se harán efectivas el segundo semestre del año.

Asimismo, la disposición transitoria única recoge que el derecho a esta prestación se genera aun cuando el hecho causante hubiera tenido lugar con anterioridad a la entrada en vigor del decreto ley. Es decir, podrán percibir esta ayuda cualquier huérfano de violencia de género que aún no haya alcanzado la mayoría de edad independientemente de que el asesinato se haya producido antes de la entrada en vigor del decreto ley.