Una inspección de la Junta destapa irregularidades en seis de cada diez alquileres y compraventa de viviendas en Andalucía

Esta campaña, desarrollada por todos los servicios de Consumo radicados en cada una de las provincias andaluzas, está dirigida a comprobar el cumplimiento por parte de las empresas que intervienen en la compraventa y el arrendamiento de viviendas de la normativa que les resulta de aplicación, y en particular, de sus deberes de información respecto a los consumidores, según ha detallado la Junta en una nota de prensa.

Esta campaña también se desarrolló el pasado año, abarcando un total de 121 inspecciones en un total de 111 establecimientos visitados, que se agruparon en 112 expedientes de inspección, de los que 69 fueron calificados como positivos, lo que supone un 61,6% del total.

La Junta prevé realizar hasta finales de diciembre al menos 135 actuaciones inspectoras, afectando a viviendas proyectadas o en construcción, viviendas nuevas, viviendas usadas y alquileres de vivienda. Con estas actuaciones, se persigue conocer la situación del sector, analizar su evolución y las características de las ofertas, promociones y publicidad que en materia de compraventa y arrendamiento de viviendas se están llevando a cabo.

Además, se quiere conocer el grado de cumplimiento de las preceptivas autorizaciones y control de documentos administrativos (por ejemplo, la inscripción en el Registro Mercantil, las licencias de obra o de primera ocupación, o el certificado o cédula de habitabilidad). En particular, se controlará el cumplimiento de la normativa en cuanto a la información que se le facilita a los consumidores sobre datos generales y concretos de la vivienda objeto de venta, precio, condiciones de pago, garantías de las cantidades entregadas a cuenta en vivienda que no se encuentren totalmente terminadas, responsabilidades y garantías de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación. Igualmente, se comprobará la existencia de modelos contractuales por parte de las empresas o profesionales intermediarios.

En el marco de esta campaña, se analizarán los contratos de compraventa o de alquiler firmados para comprobar si se ajustan a las exigencias de la normativa, en aquellos casos en que el mismo se firme entre un empresario y un consumidor. Las actuaciones también están dirigidas a verificar que el bien que se pretende vender o arrendar corresponde efectivamente a la oferta que se está realizando, así como que la coincidencia de sus características se refleja debidamente en la información previa y en los contratos de compraventa o alquiler.

En las inspecciones de viviendas en proyecto o en construcción, se comprobará que existen avales individuales, sean Viviendas de Protección Oficial (VPO) o viviendas libres. En toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de un edificio o una unidad de un edificio, se verificará el cumplimiento de la obligación de poner a disposición de los consumidores el certificado de eficiencia energética con información objetiva sobre la eficiencia energética del edificio o unidad.

En los arrendamientos, se verificará el cumplimiento de los requisitos legales por parte de las empresas de intermediación, en particular, en lo referente a no cobrar u obligar a pago alguno a la parte arrendataria por los gastos de gestión inmobiliaria o formalización del contrato. Se procederá asimismo a revisar la relación contractual entre la persona propietaria del inmueble, cuando ésta sea un consumidor, respecto de las empresas de intermediación, a las que se les solicita asesoramiento y búsqueda de interesados o interesadas para perfeccionar un contrato de venta o alquiler, conocidas comúnmente como «notas de encargo», «contratos de gestión», «autorización de venta» o similares.

Entre los principales incumplimientos detectados por el personal inspector, se constató entre otros, que el establecimiento no tenía libro de quejas y reclamaciones a disposición del público ni exhibía el cartel anunciador de la existencia del mismo en lugar visible; el establecimiento no exhibía el cartel informativo con la leyenda 'El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del correspondiente Documento Informativo Abreviado (DIA) de la vivienda'; la información orientada al público en general no incluía datos sobre si la vivienda se encuentra en proyecto, en construcción o construida, ubicación de la edificación, datos del promotor o número de viviendas o sobre las características de la vivienda, no detallaba el precio de venta, los tributos y otros gastos que debe pagar la persona consumidora.