Injusta, inconstitucional y arbitraria: las objeciones de Andalucía a la amnistía a los independentistas catalanes

La Ley de Amnistía, que elimina los delitos del proceso independentista de Cataluña desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023, representa un «atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado», aseguró el mandatario andaluz, que aprovechó el acto de inauguración de la nueva sede judicial de Lucena, en la provincia de Córdoba, para confirmar la impugnación. «En democracia la ley está por encima de todo y nadie puede estar por encima de ella», proclamó tras insistir en la idea de que el Ejecutivo regional se «dejará la piel» para proteger la igualdad de todos los españoles, piensen lo que piensen y vivan donde vivan.

La Junta de Andalucía no ha facilitado el recurso presentado, a la espera de que el TC, controlado por una mayoría de magistrados progresistas, lo admita a trámite. A falta de conocer los detalles, desde el Ejecutivo autonómico entienden que al menos cuatro artículos de la Constitución Española (CE) son vulnerados, según ha podido saber ABC. El principal reproche es que quebranta la igualdad de los españoles ante la ley (artículo 14) y genera un ámbito de impunidad que exonera a unos ciudadanos y condena a otros por hechos ilícitos parecidos, lo que en sí mismo constituye una «arbitrariedad». También infringe el principio de separación de poderes (artículo 117.3), pilar del Estado de Derecho, y representa una «clara» intromisión en el Poder Judicial, afirman desde el Ejecutivo.

La Junta reconoce que las Cortes Generales tienen atribuido el ejercicio de la potestad legislativa, pero recalca que dicha facultad «está sujeta a límites, debiendo ejercerse de manera que no vulnere la CE ni suponga una reforma encubierta de la misma».

La Ley de Amnistía transgrede otros dos artículos de la Carta Magna a juicio del Ejecutivo andaluz: el 9.3, que garantiza el principio de seguridad jurídica y el veto a la arbitrariedad de los poderes públicos, y el precepto 24, que establece el derecho de todas las personas a la tutela efectiva de los jueces y tribunales de quienes hayan sido víctimas de los delitos que son eliminados. Entre los perjudicados se encontrarían los poderes públicos, puesto que uno de los delitos amnistiados es la malversación de dinero público, y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que sufrieron daños en su persona o en su patrimonio.

La elaboración de la ponencia del recurso andaluz ha recaído en el magistrado del ala conservadora Ricardo Enríquez. Este juez se opuso a que la corte de garantías exonerase la malversación a ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por el fraude de los ERE.

El recurso no será la única medida que adopte la Junta de Andalucía. Ha dado instrucciones a su Gabinete Jurídico para recusar a tres magistrados del TC que deben resolver la alegada inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Así, ha pedido apartar al presidente, Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado; al ex ministro de Justicia, exdiputado del PSOE por Cádiz y ex alto cargo en el gobierno de Manuel Chaves, Juan Carlos Campo, y a Laura Díez Bueso, que fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, en el Ministerio de la Presidencia entre 2020 y 2022. El denominador común es que todos han ocupado cargos políticos con gobiernos del PSOE.

La Junta argumenta que Conde-Pumpido debe inhibirse para garantizar preventivamente el derecho con todas las garantías para quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones y para reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del TC. En los casos de Campo y Díez, la Junta señala que han ocupado cargos en el actual Gobierno e intervinieron en la formación de criterio sobre la constitucionalidad tanto de estos indultos como de la propia ley.